El Gobierno prohibió, a través de una resolución, la pesca dirigida a una especie de calamar en la Zona Común de Pesca sobre el límite exterior del Mar Argentino. La medida responde a la necesidad de proteger las actuales concentraciones de ejemplares reproductores y reflota la problemática en torno a la pesca ilegal.
La normativa publicada en horas de la madrugada de este martes, bajo la denominación 4/2025, busca proteger al Calamar Illex argentinus y evitar impactos negativos en la campaña extractiva de 2026, que se da entre los meses de noviembre a mayo. Durante ese lapso ocurre el fenómeno conocido como “zafra”, donde las poblaciones de peces aumentan, al igual que las embarcaciones pesqueras extranjeras que se instalan sobre el espacio llamado “Milla 201” en busca de estas especies y otras, depredando el ecosistema.
Esta decisión llega tras analizar el asesoramiento técnico recibido por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, que alertó sobre la necesidad de proteger las actuales concentraciones de ejemplares reproductores para asegurar el reclutamiento futuro de la especie.
“Considérese la transgresión de la presente Resolución como un incumplimiento grave”, resuelve el texto firmado por el embajador representante del organismo en el país, Luis Eugenio Bellando; y su par en Uruguay, el capitán de navío Zapicán José Bonino.
Esta prohibición se suma a las tareas de control que realizan desde el Comando Conjunto Marítimo (con mayor injerencia de la Armada Argentina), a través de un software de monitoreo para registrar que no ingresen a lo que se conoce como Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Este sistema, desarrollado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), comenzó a utilizarse a fines del año pasado con el fin de determinar la ubicación exacta de las embarcaciones que navegan por esta zona. Trabaja haciendo un monitoreo online utilizando datos del Sistema de Identificación Automática y otras fuentes para procesarlos a través de Inteligencia Artificial, y según remarcaron “es un muy buen sistema control”.
Durante la presentación de esta herramienta, el ministro de Defensa, Luis Petri, se refirió al “flagelo” de la pesca ilegal y remarcó “la necesidad de rediscutir las normas internacionales para evitar la depredación y las consecuencias que tiene en el mar y en los países costeros”. En esa misma línea, la resolución publicada recientemente responde a los artículos 80 y 82 inciso d), del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, normativa que rige la administración compartida de los recursos pesqueros en el área.
En diálogo con Infobae, la doctora Marcela Ivanovic, responsable del Programa Pesquerías de Cefalópodos en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), destacó la relevancia del calamar argentino. Detalló que, durante los últimos diez años, las capturas totales de esta especie en el Atlántico Sudoccidental —considerando tanto las flotas poteras como arrastreras, de origen nacional y extranjero— oscilaron entre 100.000 toneladas en 2016 y 900.000 en 2015. Según la especialista, en ese último año el calamar argentino registró el mayor volumen de extracción global entre los cefalópodos, incluso por encima del calamar gigante de Perú.
El papel del Comando Conjunto Marítimo
Se instituyó en 2021 con el objetivo de resguardar los intereses fundamentales y los recursos naturales del país. Su propósito central consiste en identificar irregularidades dentro de las áreas marítimas y fluviales bajo jurisdicción nacional, suministrando al sistema de defensa una advertencia temprana ante cualquier situación inusual.
La conducción de la organización está a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y su estructura recurre tanto a los medios materiales como al personal de las distintas fuerzas cuando se requiere llevar a cabo una misión, una labor que se realiza de manera ininterrumpida a lo largo del año.
Debido al tipo de tareas encomendadas, la Armada Argentina desempeña un papel preponderante, aunque la Fuerza Aérea Argentina también cumple un rol relevante mediante el despliegue de sus aeronaves.
La vigilancia de las aguas nacionales demanda la intervención y el apoyo de entidades ajenas a la estructura militar, como la Subsecretaría de Pesca, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial, entre otras instituciones.