El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los bancos formalizaron un nuevo acuerdo que eliminó completamente los contratos por opciones de liquidez o “puts” sobre títulos públicos nacionales. La operación abarcó un monto total de $5,9 billones y se sumó a un proceso iniciado en julio de 2024, cuando ambas partes rescindieron la mayor parte de estos contratos por un valor de $13,17 billones. Hoy, lo hicieron con el saldo restante.
Con este nuevo paso, desapareció un instrumento que, según el comunicado oficial, “representaban una potencial fuente de expansión monetaria sin control directo del BCRA”. La rescisión también permitió avanzar en el saneamiento del balance del Banco Central y se alineó con una política monetaria centrada en los agregados monetarios. “La rescisión de estos contratos constituye un paso adicional en el proceso de saneamiento del balance del BCRA”, subrayó la entidad.
El BCRA explicó que abonó $0,023 billones a las entidades financieras por estas opciones, un monto relacionado con las primas ajustadas que los bancos pagaron originalmente. En términos operativos, esta decisión implicó el cierre del remanente de aproximadamente el 22% de los contratos que quedaron vigentes luego del acuerdo de julio de 2024.
“Los bancos tenían el derecho de venderle al Banco Central los títulos que le compraban al Tesoro en cualquier momento. Eso le quitó el control monetario al Banco Central, porque el que decide cuando se emiten pesos dejó de ser el Banco Central y pasó a ser el banco que tenía los puts”, explicó el presidente del BCRA, Santiago Bausili, en una declaración televisiva.
Bausili consideró que con esta decisión el Cetral “recuperó ese componente de control sobre la potencial emisión monetaria vinculada con el ejercicio de los puts”.
El objetivo declarado del organismo monetario consistió en reforzar el control sobre la cantidad de dinero en circulación, lo cual contribuye a reducir la discrecionalidad en la emisión monetaria. La decisión “se encuentra alineada con una política monetaria centrada en los agregados monetarios, garantizando un mayor control sobre la cantidad de dinero y reforzando la previsibilidad en la reducción de la inflación”, detalló el comunicado del BCRA.
La medida coincidió con una serie de acciones adicionales anunciadas ayer por el BCRA con el fin de cumplir con dos objetivos: retirar pesos del mercado y acumular reservas internacionales.
Entre ellas, el BCRA anunció un nuevo préstamo Repo con bancos internacionales. Esta será la segunda operación de este tipo tras la realizada a principios de año por USD 1.000 millones, a una tasa del 8,8% anual. La próxima colocación, prevista para mañana, contempla una emisión adicional de hasta USD 2.000 millones.
También se confirmó la realización de una nueva licitación de Bopreal. Esta será la cuarta serie del instrumento emitido por el BCRA y estará destinada a empresas con utilidades o dividendos acumulados antes de 2025, o con deudas comerciales previas al 12 de diciembre de 2023. Según estimaciones del sector privado, entre USD 7.000 y USD 10.000 millones permanecen sin giro al exterior debido a las restricciones cambiarias vigentes en años anteriores.
Entre las medidas orientadas a la gestión monetaria, se destacó que a partir del 10 de julio dejarán de ofrecerse las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), el instrumento que había reemplazado a las Leliq a mediados del año pasado.
En base a estos cambios, también se dejará de fijar una tasa de referencia. “Este reordenamiento consolidó un marco de control de agregados monetarios más convencional, eliminando la noción de “tasa de interés de política monetaria” propia de esquemas como el inflation targeting. En su lugar, la tasa de interés será determinada endógenamente por el mercado, en línea con un régimen centrado en los agregados monetarios", explicó ayer el BCRA.
Finalmente, se comunicaron modificaciones en el régimen de encajes bancarios. El BCRA continuará aumentando gradualmente el porcentaje de efectivo mínimo requerido para aquellas partidas que generan mayor volatilidad, limitan el desarrollo sostenible y encarecen el crédito al sector privado. También evaluará el momento adecuado para unificar el tratamiento del encaje de las cuentas remuneradas, independientemente del tipo de entidad depositante.