El proyecto de ley impulsado por bloques opositores al Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción. La norma propone un aumento del 7,2% sobre los montos actuales y una suba del bono previsional a $110.000. Esta iniciativa, que contó con apoyo mayoritario en el recinto, avanza en paralelo al rechazo explícito del Poder Ejecutivo, que anticipó su veto en caso de aprobación definitiva.
Con este esquema se busca, por un lado, recomponer la pérdida de los 8,1 puntos porcentuales que no fueron concedidos de la inflación de enero de 2024 en la fórmula que puso Milei por Decreto el año pasado y recomponer la pérdida real del refuerzo de ingresos por $70.000, que se mantenía congelado dese marzo del año pasado.
La jubilación mínima alcanza $304.723,93 en junio, la máxima llega a $2.050.503,62, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $243.779,14, todos antes de aplicar los descuentos correspondientes a la obra social.
Actualmente, los beneficiarios reciben un bono previsional de $70.000, lo que lleva el ingreso total de una jubilación mínima a $374.723,93 y el de la PUAM a $313.779,14. La propuesta opositora eleva el bono a $110.000, lo que impacta directamente en el ingreso disponible de los beneficiarios.
El bono no se aplica a todos los niveles de ingreso, sino a la mínima y a todos aquellos haberes que superan la mínima pero no alcanzan a sobrepasar el umbral de lss $374.723,93 al que trepa la mínima más el bono. Este valor actúa, entonces, como un piso.
Mientras tanto, la aplicación del incremento del 7,2% sobre los haberes base, la jubilación mínima ascendería a $326.648,01, la jubilación máxima a $2.197.140,00, y la PUAM a $261.330,24. Al sumar el nuevo bono, los ingresos totales quedarían configurados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima total: $436.648,01
- Jubilación máxima total: $2.197.140,00
- PUAM total: $371.330,24
El impacto de la medida no se limita al aspecto económico: también tiene implicancias fiscales, presupuestarias y políticas.
El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Fue una contundente mayoría conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra votaron LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.
En este marco, el oficialismo rechazó el proyecto y definió la propuesta como una “irresponsabilidad política”. Según declaraciones del vocero presidencial, el Gobierno considera que el esquema propuesto por la oposición no tiene sustento presupuestario y atenta contra el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. La vocería presidencial explicó que, en caso de ser aprobado en el Senado, el presidente vetará la ley, manteniendo así la política de ajuste vigente.
El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también establece que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.
Ahora se espera que en el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, desafió el Presidente en las redes sociales tras la votación.