La tercera subasta de bienes decomisados en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, realizada este sábado en Rosario, recaudó más de $1.202.400.000. Organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), la actividad superó los montos obtenidos en las dos anteriores de 2024, que sumaron $1.124 millones.
El remate, que tuvo lugar en el Salón Metropolitano, contó con la participación de 3.660 personas de 20 jurisdicciones del país. En total, se ofrecieron 116 bienes patrimoniales, entre los que se encontraban autos, motos, motos de agua, una casa rodante, materiales de construcción y dos inmuebles en Puerto Roldán.
Entre los bienes más caros subastados, destacó el lote 5, una casa en Puerto Roldán, que se vendió por $183 millones. El segundo mayor valor correspondió al lote 4, un Maserati Levante, adquirido por $136 millones. En tercer lugar, el lote 6, otro inmueble en Puerto Roldán, fue adjudicado por $75 millones. También se vendió una casa rodante por $22 millones, mientras que el remate más económico fue el de una moto, por $700.000.
Los fondos obtenidos serán utilizados para resarcir a víctimas de delitos, apoyar instituciones, fortalecer políticas de seguridad y autofinanciar la Aprad, que opera como un ente autárquico.
El gobernador Pullaro, al inaugurar la subasta, enfatizó la importancia de atacar el patrimonio de las organizaciones criminales: “No nos podemos quedar solamente con encarcelar a quienes cometen delitos. Tenemos que ir por sus bienes y subastarlos para que con ese dinero podamos resarcir a las víctimas y fortalecer las instituciones”.
Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, resaltó el impacto de la medida en la lucha contra el crimen organizado: “El crimen nos causó mucho daño en Rosario y en Santa Fe. Desde que asumimos, trabajamos para controlar la calle, las cárceles y para sacarle la plata a los delincuentes. No le tenemos miedo a las bandas narcocriminales”, afirmó.
La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes incautados en causas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones. Su objetivo es darles un uso social, ya sea destinándolos a instituciones estatales como la Policía o el sistema penitenciario, rematándolos o entregándolos a entidades de beneficencia.
En cuanto a los fondos recaudados en la subasta el secretario de Gestión de la Provincia, Matías Figueroa Escauriza, dijo que en el caso que haya víctimas identificadas de delitos, el dinero va a ellas, el resto se destina a autofinanciar a la Aprad, que es un ente autárquico, financiamiento de políticas de seguridad, y fondos para políticas sociales, como donaciones a instituciones, escuelas, clubes de barrios y hogares, entre otros.
“Muchos de estos vehículos se usaron para cometer delitos de calle. Hoy estamos vendiendo muchas de esas motos, es importante sacarlas del mercado ilegal, sacárselas a los delincuentes y ofrecerlas a la ciudadanía a un precio barato porque la idea es que sea una oportunidad”, señaló Figueroa Escauriza, quien recordó que por ahora Santa Fe es la única provincia que tiene este mecanismo de subasta, de sacarle los bienes a los delincuentes y venderlos.
Quitándole “ahorros” al delito
“Estamos yendo contra el delito, contra las diferentes bandas narcocriminales de toda la provincia; le estamos tocando la plata a los delincuentes, debilitándole la posibilidad de seguir cometiendo delitos en la calle”, fundamentó.
Además, remarcó que -para tranquilidad de los compradores- a los vehículos subastados “se les cambia la chapa patente, lo que hace que tenga un nuevo dominio, como un 0km, no tiene vinculación ni dominial ni con la patente con los dueños anteriores”. De ese modo, agregó, “se genera seguridad a los compradores; el bien queda limpio, no identificado con su pasado”.
De la subasta están excluidos los considerados “bienes de alto riesgo”. Esos bienes son reutilizados por el propio estado santafecino, sean propiedades o, más frecuentemente, vehículos que se asignan a unidades de investigación o policiales.
En el caso de la casa en un Country en Puerto Roldán, explicó, el riesgo es bajo por la particularidad de la causa, de las propiedades y la ubicación del inmueble. En ese caso también hay cambio de dominio: quienes los compren -explicó el funcionario provincial, “serán los primeros que figuren en esa propiedad”.