El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que publicó en los últimos días el documento conocido como staff report, en el que se explicitan los compromisos consensuados con el Gobierno, despeja sin dudas para el equipo económico una parte del camino hacia el próximo mojón de la gestión: abril.
Los funcionarios quedaron conformes con la redacción laxa, en la que se plantean claramente los objetivos pero no las restricciones y ni siquiera se estipulan plazos perentorios.
La excepción es el caso del dólar blend para los exportadores que ingresan 80% a través del mercado oficial y 20% por el contado con liquidación, que debe quedar eliminado a fin de junio, y respetar el vencimiento a fin de año del impuesto PAIS.
De ahí que el Gobierno reaccionó sobre el fin de la semana que pasó a la repercusión de uno de los puntos clave del documento: el levantamiento del cepo. La interpretación generalizada del texto es que el Gobierno se comprometió a eliminar los controles de cambios antes de fin de año, mensaje que ahora desde el equipo económico buscan relativizar. “Los tiempos son mucho más largos de lo que insinúan quienes leyeron el documento”, advirtieron desde el entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.
Admiten, desde ya, que levantar el cepo es un objetivo central (al menos, uno de ellos) del plan de estabilización, pero remarcan que “no hay plazos” para alcanzarlo y que las restricciones en el acceso a las divisas se eliminarán “cuando estén dadas las condiciones”.
Despejar equívocos
En rigor, a Caputo y su equipo les preocupa que se arraigue en el mercado la percepción de que el levantamiento del cepo podría ser inminente. No es paranoia: no son pocos en el mercado quienes creen -o tal vez desean- que los controles se podrían eliminar cuando empiecen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa.
No es ése, sin embargo, el mensaje que buscan transmitir las autoridades económicas. Por el contrario, perciben que esa expectativa conspira contra el objetivo de recuperar la estabilidad. El contexto de incertidumbre política, en momentos en los que el Gobierno debuta midiendo su capacidad de pasar reformas por el Congreso y, en definitiva, de garantizar gobernabilidad, sumado a factores netamente económicos, como la deuda comercial y, sobre todo, el alto nivel de la inflación, son los principales argumentos que esgrimen para descartar una liberalización apresurada del mercado de cambios.
Categórica, una alta fuente cercana al ministro desechó la idea apenas advirtió la lectura que se instaló luego de la difusión del reporte del Fondo. “Es nuestro objetivo levantar el cepo, pero es imposible hacerlo antes de mediados de año y también muy difícil hacerlo antes de fin de año”, aseguró.
Lo cierto, en cualquier caso, es que la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo son, en simultáneo con el ajuste fiscal, cuestiones medulares del acuerdo con el organismo internacional. El compromiso de contar con la hoja de ruta -léase, un plan concreto- para avanzar en esos frentes quedó impreso en letras de molde.
De hecho, las discusiones con los técnicos del Fondo alcanzaron alto nivel de detalle. pero uno de los principales puntos en el que insistieron los negociadores argentinos fue, precisamente, evitar hacer explícitos todos los detalles, Es un estilo que ya mostró Caputo en su paso anterior por la función pública: no atarse de manos ni mostrar todas las cartas al mercado, tal como el FMI impuso al equipo económico que supo integrar durante la gestión de Mauricio Macri.
De hecho, no respetar esa imposición le costó a Caputo el cargo al frente del Banco Central en septiembre de 2018.
Las cosas cambiaron desde entonces y, en lo que los funcionarios evalúan como un complejo de sus interlocutores del Fondo ante la permeabilidad a los groseros desvíos de la gestión anterior, hay puntos en los que no se plantearon, en esta primera negociación al menos, demasiadas objeciones.