Luego de los aumentos de tarifas aplicados este año por el Gobierno -con subas atadas a la variación de los salarios y quita de subsidios para los sectores de mayor poder adquisitivo-, la Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública donde se van a presentar las previstas para el año próximo.
Los aumentos estimados, según tres propuestas en análisis, incluyen subas promedio de entre 6% y 54% (el máximo para los usuarios que perdieron los subsidios en los últimos meses).
La audiencia se realizará la semana que viene, el 6 de diciembre, y se definirá cuál será el precio del gas que se traslada a la tarifa y que depende directamente de qué porcentaje de ese precio -que reciben las productoras de gas- quedará a cargo del Estado Nacional.
La factura del servicio de gas, además del precio del gas, tiene otros componentes que no se tratarán en esta audiencia: los servicios de transporte y distribución y los impuestos y tasas de cada distrito.
Según las previsiones oficiales, que fueron publicadas en la web de la Secretaría de Energía en un documento previo a la audiencia, el precio promedio del gas estimado para 2023 es de USD 5,22 por millón de BTU (la unidad de medida del sector). Es un promedio entre el precio del gas producido localmente, el que se importa de Bolivia y el que llega a través de barcos de GNL.
De esos USD 5,22, el 67,3% (o USD 3,52) es absorbido por el Estado Nacional y el 32,7% restante (o USD 1,71) lo pagan los usuarios. En caso de que se mantenga ese porcentaje, el Estado asumiría un costo de $439.921 millones sobre un total de $653.498 millones estimado para todo el año.
Los aumentos que se van a proponer contemplan varias posibilidades, según qué porcentaje del total del costo del gas asuma el Estado.
De acuerdo con los ejemplos citados las opciones son: se mantiene los precios del gas en tarifa de enero 2023 durante todo el año; una adecuación parcial del porcentaje subsidiado, de 33% y 66% o, finalmente, quitar la cobertura por parte del Estado Nacional para los usuarios de más poder adquisitivo (Nivel 1).
Los impactos para un usuario medio de la categoría R31 en la zona Norte del Gran Buenos Aires podrían ser de entre $779 y $2.361 por mes para el Nivel 1 (que tienen una factura promedio de $4.907 por mes.
Para el Nivel 2 (segmento de menores ingresos) que tiene una factura media de $2.621 por mes, los aumentos serían de entre $146 y 443 pesos.
Y para el de Nivel 3 (segmento medio), la factura promedio es de $3.718 por mes y los escenarios simulados implican aumentos entre $526y $1.593 por mes. En esta subzona un porcentaje menor de usuarios poseen el beneficio de Zona Fría y tienen descuentos en tarifa del 30% y 50%, los que no fueron considerados en la propuesta.
En tanto, para un usuario medio de la categoría R31 en la zona Norte del país, la factura media es de $4.112 por mes y los escenarios simulados implican aumentos entre $664 y $2.013 por mes para el Nivel 1; para el categorizado en Nivel 2 la factura media es de $2.162 por mes y los aumentos pueden ser de entre $125 a $378; y para el de Nivel 3 la factura media es de $2.747 por mes y las subas pueden ser de $374 a 1.133 pesos.
En el caso de un usuario medio en la zona Sur del país, la factura media es de $6.989 mensuales y los aumentos previstos van entre $1.252 y $3.794 por mes para Nivel 1. Mientras que para un usuario Nivel 2 la factura media es de $3.315 por mes y los aumentos varían entre $235 y $712. La factura media de los usuarios del Nivel 3 es de $5.924 mensuales y las subas pueden ser de entre $845 y 2.561 pesos.
Cabe destacar que todos los usuarios de esta subzona poseen el beneficio de Zona Fría y tienen descuentos en tarifa del 50%, que fueron contemplados en este ejercicio.
“Este año, el Gobierno avanzó con la segmentación de tarifas de gas y electricidad. El punto central es que a comienzos de 2023 se va a llegar a un Nivel 1 sin subsidios. Para que esos usuarios sigan sin subsidios durante el año que viene tienen que pasar dos cosas: las tarifas tienen que seguir la evolución del tipo de cambio, porque el costo energético es en dólares, y reconocer el valor agregado de distribución”, dijo a Infobae Nicolás Arceo, director de la Consultora Economía y Energía.
“Un problema no menor es que los cuadros tarifarios de enero reflejan los costos de enero que son bajos porque no hay GNL importado ni gas de Bolivia. No está claro cuando se habla de aumentos en los primeros meses del año próximo si estos aumentos van a permitir o no mantener sin subsidios a los usuarios de Nivel 1″, agregó el consultor.
“La segmentación pretendía bajar subsidios y a aumentar el nivel de cubrimiento de la tarifa de generación eléctrica y el precio del gas (PIST). Pero el valor agregado de distribución (VAD), otro de los componentes del precio final de la factura, quedó entre paréntesis y claramente lo van a tener que recomponer el año que viene porque está muy atrasado. Solo para seguir a la inflación es un aumento muy significativo”, destacó Arceo.
Con todo, estimó Nicolás Arceo que “en un año electoral y en un contexto donde el Gobierno busca bajar la inflación, no hay mucho margen para un incremento que permita bajar subsidios y recomponer VAD en términos reales”.
Según datos de Santiago Urbiztondo, economista de FIEL, por el plan de segmentación implementado este año, las subas tarifarias residenciales en los servicios de energía eléctrica y gas natural rondarían 21% para los usuarios del Grupo 2 (ingresos bajos), 42% para los usuarios del Grupo 3 (clase media) y entre 130% y 170% para los usuarios del Grupo 1.
El especialista advierte que el ahorro fiscal por la quita de subsidios durante el año próximo se verá recortado por un contexto de fuerte inflación y devaluación nominal -algo menor- en el caso de que la actualización tarifaria se demore varios meses, algo muy probable teniendo en cuenta el calendario electoral de 2023 o si quedara limitada a la aplicación del Decreto 332/22, que pone topes de aumentos del 30% para los usuarios con tarifa social y 60% para el resto.
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