Hay polémica y rechazo entre las empresas privadas del el sector de la construcción. Están en desacuerdo con el decreto 728/22 que firmó el presidente Alberto Fernández y que beneficia de manera directa a cooperativas de trabajo, que dependen de los movimientos sociales oficialistas, al otorgarles el 30% “de toda la Obra Pública Nacional que no supere los $ 300 millones”, como informó Infobae.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) por expreso mandato de su Consejo Federal, advirtieron que las Pymes constructoras están en peligro de extinción por competencia desleal de cooperativas informales en la obra pública y a través de un comunicado rechazaron enfáticamente los aspectos del Decreto 728/22, “que otorgan una reserva de mercado de la obra pública a favor de Cooperativas de Trabajo, que en la práctica son informales”.
Competencia desleal
Según el comunicado de la Camarco, “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas Pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.
Gustavo Weiss, presidente de la CAMARCO, dijo a Infobae que “estamos muy sorprendidos. Nos parece gravísimo que no nos hayan consultado en nada antes de tomar esta medida. Y hemos solicitado entre ayer y hoy reuniones urgentes con funcionarios del Gobierno nacional para que nos reciban y nos expliquen sobre este decreto”.
Según trascendió la intención es poder llegar incluso a hablar con el ministro de Economía Sergio Massa.
Desde la cámara comparten la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”, sostuvieron desde la entidad.
Incentivo a la informalidad y fraude laboral
En esa línea, agregaron que “la medida dispuesta será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54% superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo”.
Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, “pues los supuestos ‘cooperativistas’ no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales”, dice el despacho.
Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores”, resaltaron. Desde CAMARCO también enfatizaron que “esos ‘trabajadores-pseudo cooperativistas’ pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo”.
Weiss, amplió que de concretarse la medida, “más del 95% del sector son Pymes, por lo cual habría severas perdidas de puestos laborales y quebrarían muchas empresas. Causaría efectos muy negativos para el segmento. Lo primero que queremos hacer es ir a hablar con las autoridades y luego veremos qué pasos seguiremos”.
Otras opiniones
Desde el sector reconocieron que las cooperativas en su creación tienen un fin loable; que se junten personas (en general de bajos recursos) y logren mediante su esfuerzo formar una cooperativa (empresa) y trabajar, teniendo varias ventajas tributarias impositivas y formales (tributan muy poco o nada comparado con una empresa en blanco, formal)
Santiago Riva, presidente de la delegación Ciudad de Buenos Aires de la Camarco, dijo a Infobae que “el tema que sucede a posterior es que las cooperativas terminan siendo empresas encubiertas donde los dueños no son verdaderamente las personas que se juntan, sino algún avivado que luego junta personas para que trabajen ahí y tengan todos los beneficios de tributar menos (que esta explicado con % en el comunicado)”.
Empresarios del sector entienden que usan desviación de la intención original, pero, sostienen que lamentablemente es lo que termina pasando.
“Las mas afectados son las Pymes que son empresas verdaderas conformadas y que deben lidiar ahora no solo con la enorme carga impositiva tributaria de nuestro país, sino también que ahora se le agrega la competencia desleal”, añadió Rivas.
Empresas del sector ya habían elevado un pedido al Gobierno nacional para redeterminar precios porque muchos contratos de obra pública están atrasados y fueron impactados por el aumento de la alta inflación acumulada que ya es del 83% interanual.
“Hay mucha preocupación y ahora se suma esta cuestión. Además a través de las cooperativas no se hacen aportes, por ejemplo para la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), entre otros. El gremio debería estar preocupado por tener al personal debidamente registrado”, concluyó Rivas.
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