Más de 20 años después, la maldición de la deuda en default continúa: el fondo de inversión Bainbridge le pidió a la justicia de Estados Unidos que embargue un inmueble de la Argentina en Washington DC por bonos que no cobró.
La discusión gira en torno del carácter diplomático o comercial de esa propiedad; si la Justicia determinara que pertenece al primer grupo, no podría ser embargada, pero de lo contrario se podría acceder a la solicitud del bonista.
Se trata de una propiedad ubicada en 2136 R St NW de 702 metros cuadrados, en la zona residencial ubicada entre Kalorama y Dupont Circle, cerca de la embajada argentina en EEUU, con 15 dormitorios y 9 baños; según los acreedores, estaba en desuso y el Gobierno le “colocó una bandera para mostrar lo contrario”, indicó el analista Sebastián Maril. Al parecer, el edificio había sido asignado al Ministerio de Defensa, pero se encuentra en malas condiciones.
Maril explicó que “Bainbridge, acreedor de bonos en default y beneficiario de sentencia contra la República Argentina, insiste con embargar inmueble del Estado abandonado en Washington. La respuesta argentina se espera en 20 días”.
Bainbridge Capital, que tiene sede en las islas Bahamas, inició el juicio por títulos en default no canjeados en 2005 y 2010, durante los anteriores gobiernos kirchneristas. Tampoco aceptó la renegociación desarrollada por el gobierno de Alberto Fernández con acreedores privados que lideró el ministro Martín Guzmán en 2020. Luego de ese canje, la Argentina acordó pagarle, pero “no cumplió”, precisó Maril a Infobae.
En un escrito presentado ante la jueza Loretta Preska, quien heredó las causas que tramitó Thomas Griesa, Bainbridge indicó que “la Oposición de la República a la Solicitud de Embargo de Bienes y Orden de Fiere Facias de Bainbridge no establece ninguna base sobre la cual la Propiedad pueda ser inmune de embargo o ejecución”.
“La República no niega haber renunciado a su inmunidad soberana jurisdiccional. En cuanto a la inmunidad de ejecución, la República ignora el alcance increíblemente amplio de su consentimiento a la reparación en virtud de la FSIA, excepto para sugerir que el consentimiento no abarca la FSIA a pesar del claro lenguaje en contrario”. La mencionada ley se refiere a la Foreign Sovereign Immunities Act.
“En su lugar, la República presenta una serie de argumentos contradictorios sobre el uso comercial, que es irrelevante dado el lenguaje específico del consentimiento. Sin embargo, incluso si el uso comercial fuese relevante, la República presenta argumentos irreconciliables. Por un lado, la República argumenta que, si es necesario demostrar la actividad comercial, la Propiedad está deteriorada y es inutilizable para cualquier actividad comercial. Por otro lado, la República argumenta que la Propiedad está siendo utilizada activamente como parte de la misión diplomática de la República en los Estados Unidos. Ambos argumentos se contradicen”, señaló el fondo.
“Bainbridge ha establecido claramente que, durante las últimas cuatro décadas, el único uso de la Propiedad ha sido de naturaleza comercial, en un claro curso de conducta comercial por parte de la República. La República no discute que estos actos comerciales hayan tenido lugar. Más bien, la República se desvía, alegando sin fundamento que la Propiedad tiene inmunidad como propiedad diplomática bajo la Convención de Viena”. Indicó.
“Según la República, la inmunidad diplomática está disponible para cualquier propiedad en la que cuelgue una bandera, muestre un sello o coloque algunos archivos diplomáticos en el sótano. Esta increíble afirmación no tiene ninguna base de hecho, de derecho o de procedimiento”, concluyó.
Maril aclaró que otros fondos, como Attestor, Titan, TIG, “también buscan embargar activos” a raíz de la deuda argentina.
El experto precisó que se trata de “beneficiarios de sentencias finales y no apelables contra el Estado argentino que buscarán cobrar en 2022 mediante embargos o presentaciones judiciales: Attestor Master Value por USD 68 millones; Trinity Investments USD 163,4 millones; Bainbridge Fund USD 93 millones y Titan Corsortium USD 325 millones”.
Durante el largo default de la Argentina, diversos acreedores lograron embargos temporales de activos del país en el exterior, desde recursos del Banco Central y de la Anses hasta la fragata Libertad cuando estaba amarrada en Ghana.
Pese a que en el canje del 2020 se logró que más del 99% de los inversores aceptara los términos ofrecidos por el país, aún quedan estas pequeñas cicatrices, mientras el mercado analiza cuándo podría registrarse otro capítulo de la larga saga de cesaciones de pago de la Argentina.
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