Luego de las audiencias para la suba de tarifas de gas y electricidad, este jueves 19 de mayo llegará el turno de la audiencia pública para el aumento de las tarifas de agua, que se mantienen congeladas hace tres años. Desde la empresa Aysa solicitaron nuevos cuadros tarifarios con un incremento del 20% a partir de julio —que impactará en la factura de agosto— y otro 10% a partir de octubre, lo que da un aumento acumulado de 32%.
A diferencia de otros servicios que ya tuvieron incrementos, en el caso del agua será el primer tarifario para el agua durante la gestión de Alberto Fernández: el último aumento fue aplicado en mayo de 2019 con una suba de 27% que recomponía la inflación anterior.
Aunque el Gobierno planificó esta suba como la única para todo el año, fuentes cercanas a la empresa Aysa admitieron que con una suba del 32% acumulado se quedan “cortos”: una vez aplicado ese aumento, los ingresos tarifarios de la compañía permitirían cubrir apenas el 20% de los gastos operativos, de mejora y de mantenimiento.
Uno de los costos que tuvo más incremento este año fue el gasto en energía, que se va a duplicar en comparación con el año pasado (de $5.500 millones a $10.000 millones). Por eso, ya evalúan pedir, más adelante, un nuevo aumento que se aplique luego de octubre. Uno de los argumentos, es que las subas que se aprobarán para las tarifas de otros servicios públicos —como gas y electricidad— serán de 42,7% para todo el año.
Además, contemplan que también se pueda aplicar una segmentación de tarifas, en base a la ubicación geográfica de los usuarios y de sus niveles de ingresos, como se realizará con los servicios de gas y de electricidad a partir de la aprobación del esquema presentado en las audiencias públicas de esos servicios que se realizaron durante la semana pasada.
El nuevo esquema tarifario que impulsará la empresa conducida por Malena Galmarini también deberá pasar por una audiencia pública y ser finalmente autorizado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (Eras). Según estimaciones de Aysa, si se aplica el aumento propuesto, la factura promedio para usuarios residenciales no medidos con los dos servicios (agua potable y cloacas) sería de $744,10 desde julio (sin impuestos incluidos) y de $818,60 desde octubre.
En detalle: los usuarios de los segmentos de menores ingresos pagan hoy en promedio unos $190 mensuales; para los segmentos medios, la factura promedio es de $500 y para los de mayores ingresos, ronda los $980 por mes.
También se contempla un aumento del presupuesto de la empresa destinado a la tarifa social que pasará de unos $792 millones a $1.052 millones, lo que permite subsidiar el acceso al servicio de unos 250.000 beneficiarios sobre un total de 3,2 millones.
La compañía estatal está analizando implementar varios cambios en su forma de facturación a los usuarios. En primer lugar, no descartan comenzar a segmentar a los clientes de acuerdo a sus niveles de ingresos y su ubicación geográfica, con un esquema similar al que se aplicará para gas y electricidad. Esto permitirá que los usuarios de más poder adquisitivo paguen una tarifa más cercana al costo del servicio.
Otra iniciativa es que más usuarios tengan acceso a contar con un medidor y pagar por lo que realmente consumen. Un cambio de paradigma ya que, hasta ahora, la política de la empresa era no medir el consumo. En los próximos meses se instalarán 400.000 medidores en distintas zonas del país, entre ellas en el AMBA. Aunque la medición tiene varios puntos conflictivos que aun están en análisis: uno de ellos es que, a diferencia de lo que se puede suponer, al medir pagan más los usuarios de menos ingresos.
En la agenda de temas de la empresa también está brindar facilidades a los usuarios para que puedan conectarse a la red, un servicio que hoy tiene un costo que va desde los $100.000 para la conexión de agua a los $200.000 para la conexión de cloacas. Entre las iniciativas, se destacan programas con el Banco Mundial, que ya financió 30.000 conexiones para familias de pocos recursos, y con el BID.
Además, en los próximos días Aysa lanzará un programa junto a la Secretaría de Comercio para incorporar al programa de financiación en cuotas con tarjetas, Ahora 12, un kit básico de insumos para realizar la conexión al servicio y también mantener su precio durante algunos meses.
Según datos de la empresa, si se aprueban los aumentos tarifarios propuestos para la audiencia del jueves, sus ingresos se incrementarán un $2.772 millones pero cualquier demora en la aplicación generará un incremento en el déficit. Si bien la propuesta no cierra la brecha de cobertura de gastos, evita su ampliación. Como resultado, los ingresos serían de $33.633 millones para 2022. Mientras que los gastos operativos previstos para este año son de $96.756 millones, un 55% que el cierre de 2021.
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