Finalmente, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes el acuerdo con la Argentina, el mismo que habían acordado los funcionarios del equipo económico local, encabezado por el ministro Martín Guzmán y los técnicos del organismo, con Julie Kozack y Luis Cubeddu a la cabeza, y que luego fue ratificado por el Congreso.
La luz verde en Washington es la línea de largada de dos carreras simultáneas: las metas fiscales, monetarias y de reservas a las que se comprometió el Poder Ejecutivo y la hoja de ruta de medidas económicas que implementará en consenso con el organismo.
Se trata de un programa Extended Fund Facility (EFF), cuyos papers incluyen metas fiscales, de reducción de asistencia monetaria del Banco Central y de acumulación de reservas, y también proyecciones de inflación, un esquema de suba de tarifas y recorte de subsidios y menciona la posibilidad de desarmar de manera paulatina los controles cambiarios.
Déficit fiscal: Son los objetivos de variables económicas que deberá cumplir el Poder Ejecutivo para poder acceder a los desembolsos trimestrales. Incluyen un horizonte de recorte del déficit primario, que debería ser de 2,5% del PBI este año.
“Nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos. Se prevé que el PIB crezca 3,5-4,5% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1,75% - 2,25% a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión, y las políticas públicas seguirán desempeñando un importante papel para respaldar el empleo, los ingresos reales y mejoras de los indicadores sociales”, dice el memorándum.
Reservas: Se proyectó un recorte a la asistencia del BCRA al Tesoro hasta 1% del PBI y acumulación de reservas por USD 5.800 millones. A lo largo de todo el programa deberían sumarse unos USD 15.000 millones.
Subsidios y tarifas: El Gobierno llamará a una audiencia pública para presentar la nueva segmentación de tarifas. a partir de junio. “Para usuarios residenciales, los ajustes estarán guiados por la tasa de crecimiento promedio de los salarios (coeficiente de variación salarial, CVS)”. El programa prevé como meta reducir el gasto en subvenciones a la energía en torno de 0,6% del PBI.
Cepo cambiario: El Gobierno asegura que se formulará una estrategia basada en las condiciones para “relajar gradualmente las medidas de gestión de flujos de capital”. En ese sentido, según una hoja de ruta prevista en la letra chica del acuerdo, la elaboración y publicación de ese plan para desarmar el cepo cambiario y convertirlo en controles “macroprudenciales” debería estar terminado a fin de este año. “Tenemos previsto trazar una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios describiendo las condiciones necesarias y los objetivos, también en vista a apoyar el restablecimiento gradual del acceso al mercado internacional a partir de 2025″, concluyó el texto.
Revalúo inmobiliario: En coordinación con los gobiernos de las provincias, la Casa Rosada completará el proceso de actualización de tasaciones de propiedades a nivel federal para que puedan empezar a entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2022. Tendría impacto en la recaudación de tributos inmobiliarios de las provincias y también sobre Bienes Personales, un gravamen de carácter nacional. “Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, menciona el documento técnico girado este viernes al Congreso.
Transacciones financieras: “No está prevista la creación de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras, tampoco aumentar los que ya se aplican (referencia al impuesto al cheque). Nuestro objetivo está centrado en promover una mayor inclusión financiera y ampliar el alcance de los servicios financieros, en particular los medios de pago electrónicos”, afirmó Economía.
Desembolsos: Con todo aprobado, el primer desembolso sería de 7.000 millones de DEGs: “al momento de aprobación del programa por el Directorio Ejecutivo del FMI”, lo que implicaría un primer giro de 9.700 millones de dólares, lo que alcanzaría para cubrir los vencimientos a pagarle al organismo en los próximos tres meses y del que quedaría un saldo de USD 6.200 millones en las reservas del Banco Central.
Al momento de la primera revisión trimestral, que tendría lugar en junio, el objetivo del Gobierno sería contar con otros USD 4.155 millones hacia el Banco Central. Para septiembre se prevén un nuevo giro de USD 4.155 millones, mientras que tras la cuarta revisión, en diciembre, la suma que debería enviar el FMI en caso de que la Argentina cumpla con las metas exigibles, sería de USD 6.230 millones más.
En total a lo largo de 2022 entonces el Tesoro recibiría USD 24.620 millones, unos USD 7.000 millones más que los vencimientos que restan hasta fin de año.
El año próximo, por su parte, llegarán de USD 5.540 millones en marzo, USD 4.155 millones en junio y USD 3.460 millones en septiembre y diciembre en cada caso. De esa forma, el FMI enviaría USD 16.615 millones durante el año próximo, es decir unos 2.200 millones de dólares menos que los USD 18.800 millones que el país debería repagar durante 2023.
Ya para 2024 el ritmo de desembolsos será menor. Ese año habrá tres revisiones trimestrales más, que en caso de que Estado pueda mostrar cumplimiento de las metas de déficit, asistencia monetaria y reservas, le representarán a la Argentina un envío de cerca de USD 1.100 millones tras cada evaluación en marzo, junio y septiembre, que serán las últimas previstas en el programa. Ese año los vencimientos con el Fondo son USD 4.700 millones.
Jubilados: Tal como había trascendido en los últimos días, el Gobierno prometió hacer un estudio que “describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, focalizado en los regímenes especiales de pensiones así como en los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Desde la administración de Alberto Fernández niegan que esto implique una reforma previsional.
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