El conflicto entre Walmart y el Sindicato de Camioneros puso al desnudo nuevamente una de las modalidades extorsivas de los Moyano para aumentar su poder, en donde no importa la legalidad en la que se basan los reclamos que lleva adelante sino su capacidad de presión y su grado de influencia sobre el gobierno de turno para obtener una “legalidad” a su medida.
Aunque sin referirse específicamente al conflicto de Camioneros, es lo que sostiene Luis Ramírez, un experimentado abogado laboralista que asesora a gremios, para quien “todos los actores sociales desconfían de la legalidad del sistema y por eso en el mundo sindical lo que resuelve las controversias es, la mayoría de las veces, la correlación de fuerzas entre las partes en conflicto y no la legalidad”. “Y algunos dirigentes lo tienen bien en claro”, destaca.
Así puede explicarse con más claridad cómo Hugo Moyano le exige hoy a la cadena de supermercados que el Grupo De Narváez adquirió el año pasado en la Argentina algo que no está contemplado en la legislación, pero que Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. “Insostenible”, coinciden los abogados, pero no se trata de un tema jurídico sino vinculado con lo que en el mundo empresarial se conoce como “la ley Moyano”.
En Walmart, el sindicato de los Moyano le exigió a los nuevos dueños de la empresa, apenas asumieron, es cumplir con su propia ley: echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización y volver a emplearlos. Para Camioneros, la empresa es otra distinta y por eso consideran válida la propuesta de “una transferencia de contratos de trabajo”. Desde la firma de Francisco de Narváez se niegan de manera terminante porque sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y “no podemos negociar algo que no está previsto en la ley”.
El primer planteo fue hecho por delegados regionales del sindicato y el segundo, por el propio Pablo Moyano. En ambos casos, la respuesta empresarial fue negativa. Por eso comenzaron las asambleas, el trabajo a reglamento y “medidas de fuerza encubiertas”, que, según denunció la empresa, “derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”.
Luego de una solicitada de los dueños de Walmart, publicada el martes pasado, en la que acusó al Sindicato de Camioneros de llevar adelante prácticas ilegítimas y desabastecer sus sucursales, tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo para declarar al conciliación obligatoria y habilitar un período de 15 días de negociaciones. La primera audiencia se hará este lunes, a las 11.
Para el gremio de los Moyano, el tipo de reclamo efectuado a Walmart “comenzó en 1998 con Manliba y desde entonces se aplicó en empresas de recolección de residuos, logística, correos y aguas gaseosas, y el último antecedente fue una distribuidora de bebidas en Formosa, siempre con los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo”.
“Estas propuestas se generan cuando hay un traspaso de manos en una empresa o cuando se van del país compañías internacionales y viene un nuevo dueño del que no se conoce su solvencia ni sus antecedentes -explica a Infobae un dirigente de Camioneros-, entonces indemniza a los trabajadores y los vuelve a contratar porque se genera una incertidumbre terrible”.
Se trata, en realidad, de un mero acuerdo entre las partes, no obligatorio, en donde muchas empresas optaron por acatar la “ley Moyano” antes que arriesgarse a las medidas de fuerza extorsivas que ponían en jaque las inversiones y los negocios.
El primer reclamo de este tipo fue hecho por Camioneros en 1998 cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, de acuerdo con el sindicato, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.
Pero el tema siguió pendiente hasta que Mauricio Macri, cuando fue jefe de Gobierno y tenía aspiraciones de un proyecto político propio, impulsó en la Legislatura porteña en 2012 la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que se había ido Manliba.
Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura (que entre ambas involucraban a 700 trabajadores), en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).
De todas formas, no es el única modalidad con la que el Sindicato de Camioneros demostró a lo largo de los años que tenía un poder que estaba por encima de las normas. Hugo Moyano asumió en 1987 y fue moldeando un imperio sindical que pudo sumar miles de afiliados luego de que incorporó en su estatuto la logística como una de las ramas de actividad en las que actuaba justo en el momento en que se produjo la reconversión del transporte automotor de cargas en los años 90.
Así comenzó a disputarles afiliados a otras organizaciones gremiales, en una feroz competencia que lo enfrentó con sindicatos como Comercio, Alimentación, Tintoreros, Seguridad y Aguas Gaseosas, entre otros, y en donde pudo quedarse con el encuadramiento de esos trabajadores mediante una doble vía: la presión extorsiva de los bloqueos a las empresas y, a la vez, el favoritismo político que permitía que el Ministerio de Trabajo siempre le diera la razón. Eran los tiempos del gobierno de Néstor Kirchner y Hugo Moyano fue el elegido por el nuevo presidente de la Nación para una alianza dirigida a fortalecer una administración que nació débil (el 22% de los votos en las elecciones de 2003 donde Carlos Menem se bajó del ballotage).
El diario Clarín consignaba en 2011 que Camioneros había logrado “robarse” 26.000 afiliados del Sindicato de Comercio, 10.000 del gremio que agrupa a los trabajadores de seguridad, 5.000 de Aguas Gaseosas y unos 2.000 de Carga y Descarga.
El afán expansionista de Moyano no se detuvo, siempre basado en el lema “Todo lo que tiene ruedas es nuestro”, aunque tuvo algún capítulo insólito, digno de una película: en 2011, durante un conflicto por el encuadramiento de 100 trabajadores de la empresa de catering aéreo Gate Gourmet que estaban afiliados al Sindicato de Alimentación y disputaba Camioneros, el juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Néstor Rodríguez Brunengo firmó desde una sala de terapia intensiva, donde estaba internado, un fallo que favorecía al sindicato de Moyano, aunque la Corte anuló la sentencia dos años más tarde.
Los capítulos más recientes del inventor de la “ley Moyano” y del robo de afiliados se registraron a mediados del año pasado, cuando Camioneros bloqueó el acceso cinco centros de distribución de Mercado Libre para presionar por el encuadramiento de 1200 empleados que están afiliados a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCYDRA), conducida por el barrionuevista Daniel Vila, el primer dirigente que resistió exitosamente la avidez del moyanismo.
El conflicto escaló hasta convertirse en un hecho de fuerte impacto político: se trataba de una protesta extorsiva contra una compañía de Marcos Galperín, el empresario demonizado por el kirchnerismo, llevada adelante por el sindicalista al que Alberto Fernández había calificado de “dirigente ejemplar”. Aunque el Presidente se mostró tibio ante su aliado gremial (“No es hora de conflictos”, dijo), todo terminó en una mesa de diálogo impulsada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que permitió el levantamiento de los bloqueos y en donde el Gobierno excluyó a Pablo Moyano por su perfil tan intransigente.
Hoy, ese reclamo moyanista parece inexorablemente perdido: Camioneros recurrió a la Justicia, Trabajo dictaminó en favor del sindicato de Vila y ya hay 12 delegados elegidos que pertenecen al sindicato de Carga y Descarga. Muchos hablan de un pedido del Presidente al jefe de Camioneros para que desactivara un conflicto que era visualizado por los hombres de negocios como una preocupante señal de hostilidad hacia el empresariado tolerada y hasta auspiciada por algunos sectores del oficialismo.
¿Sucederá lo mismo con el actual intento de aplicar la controvertida “ley Moyano” en Walmart? ¿Se impondrá la capacidad de presión (y de extorsión) sindical o la legalidad? Todavía son interrogantes demasiado difíciles e incómodos de responder.
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