Al escenario de conflicto que hay entre el campo y el gobierno por la elevada presión impositiva y la incertidumbre que provoca la falta de incentivos a la producción, ahora se suma un nuevo capítulo de la mano de una iniciativa de la Senadora nacional del Frente de Todos por Río Negro, Silvina García Larraburu, para crear una Junta Nacional de Granos.
La Junta Nacional de Granos fue un organismo público de regulación del mercado de granos en la Argentina, que fue creado durante la presidencia de Agustín P. Justo, con el nombre de Junta Reguladora de Granos, la que compraba el trigo, el maíz y el lino que se le ofreciera a precios establecidos por el Gobierno para venderlos a los exportadores.
De acuerdo a lo que expresaron fuentes cercanas a la Senadora, la iniciativa fue presentada en 2013 cuando García Larraburu ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, y a medida que el mismo perdía estado parlamentario se volvía a presentar, inclusive ahora en el Senado de la Nación.
“Los proyectos que pierden estado parlamentario se van presentando nuevamente al momento del inicio del año. Esta es una política de trabajo de la Senadora. Ahora bien, en estos momentos el proyecto de creación de la Junta Nacional de Granos no está en la actual agenda de trabajo”, expresaron desde el entorno de García Larraburu.
Además, aclararon que el trabajo de la Senadora por estos días está enfocado en aportar iniciativas para superar la crisis del coronavirus y atender las necesidades económicas y sociales de los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia.
Más allá de las aclaraciones, en el sector agropecuario hay rechazo a la propuesta, y temor que la misma sea una nueva ofensiva del kirchnerismo contra el sector agropecuario. Hoy el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, presentará por videoconferencia un informe de gestión ante los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá, donde esta cuestión de la Junta Nacional de Granos estará en la agenda de los senadores opositores.
El Senador Nacional por Entre Ríos por Juntos por el Cambio, Alfredo de Angeli, dijo en diálogo con este medio: "La Junta es una herramienta diseñada en la década del treinta, en otro contexto internacional de precios y también productivo. En este momento hay una política nefasta que, en lugar de defender el precio del productor, hay retenciones que fijan un techo a los valores de la producción. Si el Frente de Todos cree que una junta nacional de granos sirve para defender al consumidor está equivocado, el productor nunca fue quien definió el valor al consumidor. Deberían saberlo.
Y agregó: "Con esto no sólo que no van a resolver el tema de precios del consumidor, también van a desalentar a muchos productores cuando Argentina más los necesita”.
Por su parte, el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, también se sumó a las críticas a la propuesta de la Senadora del Frente de Todos. Desde su cuenta de Twitter, dijo: “Duplicaron las retenciones, desdoblaron tipo de cambio, se resisten a firmar tratados de comercio, y ahora un proyecto de Junta de Granos. Todo lleva a la decadencia y la generación de pobreza”.
Propuesta
La propuesta de la Senadora García Larraburu, es una Junta Nacional de Granos que debería tener una vinculación con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objetivo de “controlar el comercio de cereales, oleaginosas y subproductos, garantizar la provisión interna de los mismos, evitar los monocultivos y concientizar a los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios".
Además, la iniciativa propone: “Desarrollar políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país; promover el empleo industrial, y favorecer a los pequeños y medianos productores”.
Las funciones y atribuciones de la Junta Nacional de Granos, serían: “Ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta Ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo; autorizar y controlar el funcionamiento de todos los medios que se utilicen en el comercio de granos y sus subproductos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos”.
También la Junta tendría como misión, “fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte; realizar las investigaciones necesarias para comprobar que no se viole normativa alguna relativa a la producción, comercio e industrialización de granos y sus subproductos, y en su caso, formular las denuncias pertinentes, y autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes”, entre otras.
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