El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó en una entrevista radial que enviarán al Congreso el proyecto de Ley de Emergencia Económica. Se trata de un recurso legal que le da amplios poderes al Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, modificar alícuotas de impuestos. Estuvo vigente 16 años hasta 2018, cuando Mauricio Macri decidió no prorrogarla.
Cafiero dijo que llamarán a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir -entre otras cuestiones- las emergencias económica y sanitaria.
El proyecto de emergencia económica incluirá facultades extraordinarias para reasignar partidas y modificar eventualmente impuestos. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández dio una pista sobre sus planes impositivos: hizo hincapié en que los sectores más favorecidos deberán ser solidarios para revertir la recesión económica.
La emergencia económica es un instrumento legal que utilizó en su momento Carlos Menem para avanzar con las privatizaciones y desregulación del Estado. Pero luego de ser sancionada otra vez en enero de 2002, todos los Gobiernos que siguieron gobernaron “en emergencia”. La norma le da facultades amplias al Ejecutivo para resolver sobre temas urgentes utilizando la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Esta norma estaba originalmente pensada para durar dos años, pero siempre al momento de su vencimiento el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por otros dos. La última prórroga fue en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina Kirchner. Macri decidió no prorrogarla recién en 2018, pero también la utilizó.
En esta ocasión, la emergencia tiene como uno de sus principales motivos para existir a la cuestión tributaria. Sólo el Congreso puede crear impuestos. Pero el Gobierno podría modificar alícuotas de gravámenes ya existentes y para eso podría apoyarse en la ley, una vez aprobada.
El tema es especialmente sensible en el caso de Bienes Personales, cuya alícuota actualmente se ubica en el 0,75%. Sin embargo, ya se adelantó que habría una suba para aumentar la presión sobre las familias de mayores recursos.
Pero además hay un punto aún más relevante que la emergencia económica viene a habilitar. El grueso del aumento de los ingresos fiscales a los que aspira el presidente Alberto Fernández está asociado a las retenciones a las exportaciones. Se espera un importante aumento de las alícuotas para las exportaciones del campo, pero también para minería, petróleo y eventualmente carne. El objetivo es conseguir alrededor de USD 2.000 millones adicionales al año, lo que daría un margen mayor para volcar recursos a programas destinados a paliar el hambre y ayudar a los sectores de menores ingresos.
También se pondría un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Pacto Fiscal firmado hace dos años. Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado. Y también habría una reposición de Ingresos Brutos, pese al compromiso de las provincias por reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.
Por último, la versión de un regreso del Impuesto a la Herencia no está definida pero en caso de concretarse podría aprovechar el marco legal que le da la emergencia económica.
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