El anteproyecto educativo cubano prevé medidas para proteger a niñas y adolescentes dentro del sistema escolar, incluidas adaptaciones académicas para estudiantes embarazadas. La propuesta, no obstante, no aclara cómo se financiarán esas garantías ni de qué forma se articularán con los servicios de salud en las distintas provincias.
El proyecto reúne 243 artículos y dedica el Título IV a la protección de la infancia y la adolescencia. Incluye protocolos, denuncias y atención especializada, pero no fija partidas presupuestarias, indicadores públicos ni mecanismos concretos para controlar la respuesta institucional.
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La iniciativa obligaría a las escuelas a comunicar indicios de violencia y a activar medidas de protección, incluso cuando la posible víctima pida ayuda sin acompañamiento adulto, sin embargo, no se ha determinado quién evaluará el riesgo, cómo se dará seguimiento a cada denuncia ni qué entidad comprobará que la asistencia psicológica, sanitaria o educativa llegue a tiempo.
Las denuncias escolares no tienen un sistema público de seguimiento
El artículo 147 dispone que el personal educativo deberá informar de inmediato a la dirección escolar ante cualquier indicio de violencia. La dirección tendrá que comunicar la situación a las autoridades competentes.
Cada centro educativo deberá designar además a una persona responsable de protección. El anteproyecto no detalla la formación requerida para ese puesto ni los instrumentos que permitirían controlar su actuación.
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El artículo 161 habilita a presentar denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría y otros organismos. Si la dirección de la escuela o la persona encargada estuvieran involucradas, o si no actuaran, el caso podrá elevarse a una autoridad educativa superior.
La propuesta reconoce que las niñas y adolescentes podrán solicitar protección sin una persona adulta. El artículo 159 prohíbe exigir pruebas como condición para brindar atención.
Esa norma también dispone preservar la confidencialidad, evitar represalias y reducir los interrogatorios repetidos. Los artículos 160 y 163 contemplan medidas urgentes y acompañamiento psicológico especializado, pero el anteproyecto no explica cómo se determinará la gravedad de cada caso ni qué organismo verificará que la víctima reciba atención después de iniciar el trámite.
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El artículo 167 establece responsabilidades por omisiones o demoras injustificadas. La disposición no obliga a publicar resultados periódicos sobre denuncias, plazos de respuesta, medidas de protección o sanciones aplicadas.
El Observatorio de Alas Tensas advirtió que los artículos 166 al 168 incluyen protocolos, inspecciones y recopilación de estadísticas. La organización señaló que no existe una exigencia de divulgar datos desagregados sobre violencia sexual, denuncias y actuaciones de protección.
La ausencia de esa información limitaría la posibilidad de conocer el alcance de las medidas y de evaluar la respuesta de las instituciones ante casos que involucren a niñas y adolescentes.
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Los estudios registraron violencia, acoso y discriminación
Una revisión presentada por UNICEF Cuba en 2024 examinó 209 investigaciones publicadas entre 2000 y 2020. El trabajo fue elaborado por Clotilde Proveyer Cervantes, María Antonia Miranda y Succel Pardini.
El relevamiento identificó agresiones entre estudiantes, violencia ejercida por docentes contra alumnos y ataques de estudiantes hacia profesores. También incluyó referencias a acoso escolar, discriminación y violencia sexual.
Las autoras señalaron deficiencias en el conocimiento, la divulgación y la aplicación de los derechos de la infancia por parte de las instituciones que deben garantizarlos.
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La violencia contra niñas y niños también aparece fuera del ámbito escolar. La encuesta MICS de 2019 indicó que el 41.6% de las personas de uno a 14 años sufrió métodos violentos de disciplina durante el mes anterior al relevamiento.
De ese grupo, el 29.1% padeció agresiones psicológicas y el 33.1% recibió castigos físicos. La medición se concentró principalmente en prácticas de crianza dentro de los hogares.
Durante la presentación de la revisión, Alejandra Trossero, entonces representante de UNICEF en Cuba, vinculó la violencia contra niñas y adolescentes con las desigualdades de género. “Cuando pensamos la violencia hacia las infancias, también lo hacemos con la violencia contra las mujeres”, afirmó.
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Cuba forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. El tratado exige proteger a la niñez frente a toda forma de violencia y reconoce derechos como la participación, la libertad de expresión y una disciplina compatible con la dignidad humana.
La Recomendación General 35 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer también exige prevención, protección y acceso a la justicia ante la violencia de género.
La formación ideológica entra en tensión con la libre expresión
El anteproyecto mantiene la formación ideológica como uno de los componentes de la enseñanza estatal. El artículo seis establece que la educación debe basarse en el pensamiento martiano, fidelista, marxista y leninista.
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El artículo 12 exige que el alumnado defienda los principios de la Revolución. El artículo 14 incorpora una obligación semejante para el personal docente.
Esa orientación conserva antecedentes en consignas empleadas durante décadas en ceremonias escolares, como “Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!”.
La propia iniciativa reconoce el derecho de los estudiantes a expresar libremente sus opiniones. La exigencia de adhesión política abre interrogantes sobre la autonomía de niñas, niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas.
Los artículos 13 y 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño protegen la libertad de expresión, pensamiento y conciencia. La aplicación de esos derechos dependerá de cómo se resuelva esa tensión en la práctica escolar.
Las estudiantes embarazadas requieren coordinación educativa y sanitaria
El artículo 149, apartado 3, prevé adaptaciones en la asistencia, la evaluación y el acompañamiento pedagógico para las estudiantes embarazadas. La medida busca evitar que la maternidad temprana interrumpa la continuidad educativa.
El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género registró en 2025 una tasa de 1.4 nacimientos por cada 1,000 niñas de 10 a 14 años. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el indicador ascendió a 43.2 por cada 1,000.
Las provincias de Granma, Holguín y Guantánamo superaron los 50 nacimientos por cada 1,000 adolescentes del segundo grupo. La diferencia territorial plantea la necesidad de respuestas con cobertura local.
Una investigación de Alas Tensas, basada en estadísticas oficiales de 2024, indicó que el 65,25% de los padres de hijos nacidos de madres de entre 15 y 19 años tenía 20 años o más.
La diferencia de edad no acredita por sí misma una situación de violencia sexual. El dato, de todos modos, obliga a examinar posibles contextos de coerción o abuso.
La investigadora Matilde Molina Cintra cuestionó en SEMlac las condiciones sociales que rodean esos embarazos. “Seguimos viviendo en una sociedad cómplice de estas conductas disfuncionales”, sostuvo ante la publicación.
La Resolución 174/2025 del Ministerio de Salud Pública, publicada en mayo de 2026, ordena notificar los embarazos detectados en menores de 18 años. La norma también prevé servicios diferenciados de salud sexual y reproductiva.
El anteproyecto educativo no indica cómo se vinculará esa regulación sanitaria con las escuelas. El artículo 165 ordena incluir la protección de la infancia en la planificación, pero no fija estándares mínimos de cobertura.
La activista Amelia Calzadilla cuestionó en ClickCuba el traslado de obligaciones estatales hacia las familias. “Estoy totalmente en contra de que se utilice la iniciativa privada”, afirmó al referirse a funciones que, según sostuvo, corresponden a las instituciones públicas.
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