La periodista de CubaNet Camila Acosta denunció un nuevo episodio de hostigamiento luego que un agente de la Seguridad del Estado le prohibiera salir de su vivienda en La Habana, en un operativo que, según afirmó, le impuso una restricción de movimiento sin orden judicial ni explicación legal.
El hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre, de acuerdo con una denuncia publicada por el citado medio. Acosta evidenció como un hombre vestido de civil se presentó frente a su domicilio y le comunicó: “No puedes salir”.
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El video publicado registró parte del episodio. Además, el presunto agente le exige a la reportera que no lo filme, pese a que intervenía en un operativo vinculado con organismos oficialistas.
La vigilancia también contó con la presencia de uniformados y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según la denuncia. No se informó sobre la exhibición de una orden judicial ni sobre una resolución administrativa que justificara la medida.
Estos actos son reiterativos contra la comunicadora. De hecho, el último reportado ocurrió en septiembre, cuando la mujer fue retenida junto a su esposo para evitar que ambos asistieran al juicio de la activista Anna Bensi.
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El programa Justicia 11J sostuvo que los cercos policiales y las restricciones de movimiento sin orden judicial forman parte de prácticas utilizadas contra periodistas independientes, activistas y familiares de presos por motivos políticos en la isla.
La organización reclamó el cese del hostigamiento contra Acosta y contra otras personas dedicadas al periodismo independiente en Cuba. “Documentar la actuación de los agentes del Estado y moverse libremente no son delitos: son derechos”, señaló en su publicación.
Más de 130 violaciones a la libertad de expresión y prensa en el último mes
El Observatorio Cubano de la Libertad de Expresión (OCLE), que depende del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el mes de septiembre.
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La cifra representó un alza de 8.9% frente a agosto y del 57.6% en comparación con septiembre de 2025, según el informe publicado el 20 de octubre.
El organismo contabilizó 106 hechos, de los cuales 74 estuvieron relacionados con restricciones a la libertad de expresión y 32 con vulneraciones a la libertad de prensa. Los periodistas concentraron 30 de los casos con víctimas identificadas, mientras que los presos políticos registraron 29.
El uso abusivo del poder fue el indicador más frecuente, con 49 casos, equivalentes al 36.6% del total. El OCLE incluyó en esa categoría la aplicación de mecanismos administrativos, migratorios, judiciales, penales y penitenciarios para censurar o limitar desplazamientos.
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Las amenazas, ataques y agresiones psicológicas ocuparon el segundo lugar, con 48 denuncias. Ambas categorías reunieron 97 de las 134 vulneraciones registradas durante el mes.
El reporte también consignó 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el entorno digital. Cuatro de las agresiones físicas denunciadas ocurrieron en prisiones, donde se reportaron falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento e incomunicación.
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