Un grave episodio de violencia alteró profundamente la tranquilidad en el sistema penitenciario costarricense, la noche de ayer, 21 de octubre. La Policía Penitenciaria tuvo que desplegar un importante operativo de emergencia para contener y frenar un peligroso intento de motín, acompañado por una intensa trifulca en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, un penal ubicado en la conocida localidad de El Roble, en la provincia de Puntarenas.
El violento enfrentamiento concluyó con un saldo trágico tras confirmarse la muerte de un interno, lo que desencadenó una firme y contundente respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz para restablecer el orden institucional de forma inmediata.
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De acuerdo con el reporte oficial, los hechos violentos se desarrollaron en el módulo denominado ámbito A de este establecimiento, un sector donde se vieron involucrados aproximadamente 132 privados de libertad.
En medio del caos generado por la alteración del orden, la violencia escaló rápidamente cuando un recluso de 27 años de edad, identificado con el apellido Guerrero, fue víctima de un feroz ataque perpetrado por otros reclusos. Durante la agresión, la víctima sufrió golpes brutales e impactantes directos en la cabeza mediante el uso violento de tablazos.
Posteriormente al ataque, la condición de salud de Guerrero se deterioró de manera acelerada en cuestión de minutos debido a las heridas. A pesar del trabajo especializado por parte del personal médico para intentar salvarle la vida, la institución confirmó de manera oficial su fallecimiento a las 6:34 p.m.
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Cabe destacar que este violento suceso ocurrió en el mismo recinto penitenciario donde, tan solo pocas semanas atrás, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, había participado personalmente en un operativo de requisa extraordinaria. Aquella intervención previa había derivado en la reubicación disciplinaria de tres privados de libertad catalogados de alta peligrosidad hacia un centro especial de contención en San Rafael de Alajuela.
Intervención policial y traslado masivo a máxima contención
Para lograr sofocar el levantamiento violento y evitar una tragedia mayor dentro de la población, los efectivos de la Policía Penitenciaria implementaron un operativo táctico que permitió retomar el control absoluto de las instalaciones.
De forma simultánea, y como parte de la estricta política de cero tolerancia ante actos delictivos en las cárceles, el ministro Gabriel Aguilar dio la instrucción de proceder con el traslado de 37 reclusos involucrados hacia las dependencias del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).
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Esta reubicación masiva busca aislar a los perfiles más peligrosos y desarticular cualquier estructura interna que promueva la inestabilidad. Al respecto, el jerarca de la cartera penitenciaria enfatizó la posición inflexible del gobierno costarricense ante estos altercados:
“En las cárceles de Costa Rica no mandan los privados de libertad. Aquí manda el Estado. No vamos a tolerar motines, agresiones, ni actos criminales dentro de nuestros centros penitenciarios. El orden, la disciplina y el control son innegociables”, expresó el titular.
Tras recuperar completamente el control del módulo, las autoridades administrativas y los cuerpos policiales activaron los protocolos de investigación. Actualmente, la Policía Penitenciaria trabaja en estrecha coordinación con los organismos judiciales para recolectar las pruebas necesarias que permitan la identificación individual de los autores materiales del homicidio de Guerrero.
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Asimismo, las pesquisas se orientan a señalar a los instigadores que incitaron el intento de motín, garantizando que todos los implicados sean remitidos ante las autoridades judiciales para la imputación formal de los cargos correspondientes.
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