Costa Rica consolida su posición como referente latinoamericano en la transparencia y divulgación de información sobre infraestructura pública, según el Informe de Revisión Independiente (IR) 2026 de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST). El reporte destaca que el país ha establecido nuevos estándares en acceso a datos de proyectos estatales y rendición de cuentas, superando ampliamente los niveles alcanzados en años anteriores.
De acuerdo con la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST), Costa Rica alcanzó un promedio del 79% de cumplimiento en la divulgación proactiva de datos en las etapas de contratación y ejecución de proyectos públicos, cifra que representa un salto respecto al 51% reportado en 2019. Esta mejora posiciona al país a la vanguardia regional en sistematización de información vinculada a la gestión de infraestructura.
El informe, citado por CoST, también subraya que la recuperación de información bajo solicitudes específicas —conocida como divulgación reactiva— oscila entre el 67% y el 83% según la fase del proyecto. Este resultado evidencia la existencia de mecanismos efectivos para la gestión documental y la respuesta institucional, superando los rezagos históricos relacionados con la opacidad y la lentitud en el flujo de información pública.
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El fortalecimiento de la transparencia se explica, en parte, por el desarrollo de plataformas digitales y una estructura normativa más robusta. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), junto al Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), han permitido integrar y facilitar el acceso a datos relevantes sobre obras, contratos y procesos de inversión estatal.
CoST detalla que las áreas de agua y saneamiento, transporte vial y gestión de riesgos presentan niveles de divulgación superiores al 90%, lo que demuestra que la institucionalidad costarricense ha adoptado buenas prácticas internacionales en sectores fundamentales para el desarrollo. Este avance se ha visto reforzado por recientes reformas legales, como la Ley General de Contratación Pública y la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, que establecen el principio de máxima publicación y garantizan el derecho ciudadano a información clara y comparable.
A pesar de los avances, el informe reconoce que existen desafíos pendientes en la publicación y sistematización de datos en las fases de operación, mantenimiento y cierre de los proyectos. CoST recomienda fortalecer la trazabilidad y la integración de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra pública, consolidar la interoperabilidad entre plataformas y avanzar en la estandarización de los mecanismos de registro para facilitar la supervisión ciudadana y la evaluación de resultados.
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En el terreno de la sostenibilidad y la gestión de riesgos climáticos, el reporte menciona avances en proyectos como el Acueducto de Pérez Zeledón y la ampliación del Acueducto de Limón, donde la documentación y el control de calidad han sido ejemplares.
No obstante, señala la necesidad de profundizar la integración de criterios ambientales, sociales e institucionales desde la etapa de preinversión hasta la operación de las infraestructuras.
La calidad de la información y el éxito de los proyectos tienen una correlación directa con la madurez institucional. Según CoST, entidades como AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Consejo Nacional de Vialidad ( CONAVI ) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), destacan por su gestión documental y la disponibilidad de datos, lo que favorece proyectos más previsibles y eficientes.
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Actualmente, Costa Rica ha superado el problema de ausencia de información y enfrenta el desafío de asegurar que los datos sean útiles y comparables, permitiendo supervisar tanto la ejecución como el impacto y la sostenibilidad de los proyectos públicos en el mediano y largo plazo.
La proyección del informe apunta a que, si se fortalece la integración de sistemas, la estandarización de la información y la capacitación institucional, el país podrá consolidar una cultura de transparencia que facilite la rendición de cuentas y fomente una inversión pública resiliente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.