La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, aún ministra de la Presidencia, busca aprovechar las últimas semanas de funciones de la actual Asamblea Legislativa para intentar destrabar al menos cuatro proyectos que el Ejecutivo considera estratégicos para el país.
La gestión quedó formalizada luego de que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, aceptara incorporar en la agenda de la reunión de jefes de fracción un espacio de 30 minutos para que Fernández exponga sus prioridades. El encuentro está programado para el jueves 19 de febrero a las 11:30 a. m., según consta en el oficio AL-PRES-RAS-195-25/26 fechado el 16 de febrero.
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El movimiento político ocurre en un contexto de alta fragmentación parlamentaria y tensiones entre el oficialismo y las bancadas opositoras, que en los últimos meses han frenado o ralentizado varias iniciativas impulsadas por el Gobierno.
De acuerdo con Casa Presidencial, la intención de Fernández es “aprovechar hasta el último día de trabajo de la actual Asamblea Legislativa” para avanzar en propuestas que, según el Ejecutivo, no pueden esperar al cambio de periodo constitucional.
La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 8 de mayo con una bancada de 31 diputados, una cifra significativa pero insuficiente por sí sola para aprobar proyectos de alto impacto sin negociaciones adicionales.
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El encuentro del jueves busca precisamente tender puentes más allá de las líneas partidarias. Según el comunicado presidencial, la reunión representa un esfuerzo por destrabar proyectos críticos antes de la toma de posesión y generar consensos mínimos que permitan avanzar en la recta final del actual periodo legislativo.
Cuatro proyectos en la mira
La agenda que Fernández llevará ante los jefes de fracción gira en torno a cuatro iniciativas centrales:
1. Ordenamiento en Crucitas: La situación en Crucitas, zona marcada por la minería ilegal y conflictos ambientales, ha sido foco de debate nacional durante años. El Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que pretende ordenar jurídicamente la actividad en el área, fortalecer la presencia estatal y establecer mecanismos de control más eficaces frente a la extracción ilícita de oro.
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2. Préstamo para la carretera San José – San Ramón: Uno de los principales corredores viales del país continúa siendo motivo de reclamos ciudadanos debido a su saturación y problemas estructurales. El financiamiento internacional para su ampliación y modernización es considerado prioritario por el Gobierno, que busca acelerar la aprobación legislativa para no retrasar el cronograma técnico.
3. Tren eléctrico: La propuesta ferroviaria apunta a transformar el sistema de transporte público del Gran Área Metropolitana, con un modelo eléctrico que reduzca emisiones y tiempos de traslado. Aunque ha enfrentado cuestionamientos sobre costos y viabilidad, el Ejecutivo insiste en que se trata de una apuesta estratégica para la movilidad sostenible.
4. Manejo de residuos sólidos: El proyecto busca modernizar la gestión ambiental municipal, establecer estándares más rigurosos y fortalecer la infraestructura para el tratamiento de desechos, en un momento en que varias regiones del país enfrentan presión por saturación de rellenos sanitarios.
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Un Congreso fragmentado
El panorama legislativo actual obliga a la presidenta electa a negociar con múltiples bancadas, algunas de las cuales han mantenido posiciones críticas frente a proyectos impulsados por el Ejecutivo.
Desde Presidencia se ha señalado que la resistencia de ciertos sectores opositores ha dificultado el avance de reformas consideradas estratégicas. Sin embargo, en el Congreso también existen cuestionamientos sobre el momento político elegido para acelerar iniciativas de alto impacto en las semanas finales del periodo.
Rodrigo Arias confirmó en su carta que el espacio solicitado fue incorporado “con mucho gusto” en la agenda de la reunión de jefes de fracción, garantizando así la participación de los líderes parlamentarios en el intercambio previsto.
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