Dimayor, clubes y dirigentes en la mira por prácticas anticompetitivas contra futbolistas: vetos, cartas y chats revelan que se pudieron de acuerdo para bloquear su contratación

La Superintendencia de Industria y Comercio documentó un esquema informal entre equipos para limitar la movilidad laboral de los jugadores que decidían terminar sus vínculos o actuar como agentes libres

Sede de la Dimayor en Bogotá, entidad señalada por su presunta inacción frente a acuerdos anticompetitivos entre clubes del fútbol profesional colombiano - crédito Luisa González/Reuters

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) destapó una red de prácticas anticompetitivas en el fútbol profesional colombiano que involucra a 16 clubes, 15 dirigentes, la Dimayor y dos expresidentes de esa entidad.

La investigación, basada en mensajes de Whatsapp, correos electrónicos y testimonios, revela un presunto “pacto de caballeros” para impedir que futbolistas actúen como agentes libres o reclamen sus derechos laborales.

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Uno de los elementos clave del expediente al que tuvo alcance El Tiempo es un mensaje enviado por el presidente del Envigado F.C., Ramiro Alberto Ruiz Londoño, a través del grupo de Whatsapp “G-36”, donde pidió a otros clubes no contratar a Carlos Andrés Páez, jugador que había decidido no renovar su contrato con Envigado.

Para la SIC, este tipo de mensajes no son simples opiniones: constituyen evidencia de un comportamiento coordinado para restringir la libre contratación de jugadores.

Según la SIC, el grupo “G-36” reunía a 46 presidentes de clubes, incluidos Fernando Jaramillo y Jorge Enrique Vélez (expresidentes de la Dimayor), según el medio citado.

En este y otros canales de comunicación, los directivos habrían intercambiado información para evitar la contratación de jugadores que terminaran sus contratos de forma unilateral, por falta de pago o por decisión propia.

El informe de 366 páginas, elaborado por la Delegatura para la Protección de la Competencia, señala que existió un acuerdo informal para limitar la movilidad laboral de futbolistas que buscaban negociar como agentes libres o que habían tomado acciones legales contra sus antiguos clubes, según la fuente.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revelado una investigación sobre prácticas anticompetitivas en el fútbol colombiano, involucrando a clubes, dirigentes y la Dimayor - crédito @sicsuper/X

Esta práctica, conocida como “pacto de caballeros”, no solo redujo sus oportunidades de empleo, sino que también afectó a los clubes que sí querían competir legalmente en el mercado de transferencias.

Entre las pruebas presentadas destaca una carta del expresidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, fechada el 29 de diciembre de 2019, en la que solicitó a otros equipos abstenerse de contratar a los jugadores Luis Fernando Miranda y Harrison Mancilla, quienes habían renunciado al club.

En la carta, Cadena cuestionaba el derecho de los jugadores a desvincularse y ofrecía “información adicional” a quien estuviera interesado en ellos.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Según informa El Tiempo, la SIC ha señalado que los clubes acordaron no contratar a jugadores que decidieran no renovar sus contratos, que los rescindieran por justa causa o que iniciaran acciones legales contra los equipos por incumplimiento de estos.

Los equipos del fútbol colombiano que son investigados

Los clubes investigados incluyen a Envigado, Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Once Caldas, La Equidad, Fortaleza y Alianza F.C., entre otros.

También se señala la responsabilidad de dirigentes como Fernando Jaramillo, presidente actual de la Dimayor, y José Augusto Cadena, por facilitar o tolerar estas prácticas.

La investigación señala a varios de sus dirigentes por facilitar o tolerar acuerdos informales que afectaron los derechos laborales de los jugadores - crédito Colprensa

Varios de los implicados rechazaron los señalamientos. Argumentan que los mensajes no constituyen un acuerdo ilegal sino manifestaciones protegidas por la libertad de expresión y empresa.

El Deportivo Pasto, por ejemplo, aseguró que sus decisiones se ajustaron al Estatuto del Jugador, mientras que el Cúcuta Deportivo negó la existencia de pruebas formales que confirmen una colusión.

Sin embargo, la SIC desestimó estas defensas. Aunque no halló un acuerdo formal escrito, concluyó que el comportamiento coordinado entre los clubes configura una infracción a las normas de competencia.

El Unión Magdalena y Once Caldas están entre los clubes implicados en la investigación de la SIC por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de transferencias - crédito Montiner Alvis Arrieta/Colprensa

Según la entidad, los equipos buscaban impedir que los jugadores más valiosos, formados con inversión propia, se marcharan sin dejar beneficios económicos.

La audiencia inicial del caso se realizó el 16 de enero de 2025 y se reanudó el 21. Ahora, la decisión sobre las sanciones recae en la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

Mientras tanto, el debate sigue abierto en el fútbol colombiano, que actualmente cuenta con 1.046 futbolistas profesionales registrados, según Transfermarkt.

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