Crece la polémica en Colombia luego de que el expresidente Gustavo Petro denunciara que varios de los vehículos blindados asignados a su protección y a la de su familia habrían sido retirados de su esquema.
Según afirmó en sus redes sociales, algunos habrían pasado a la escolta del presidente Abelardo de la Espriella y otros estarían en poder de generales de la Policía. La acusación surgió después de que el portavoz del Gobierno, Miller Soto, explicara el traslado de Lucía de la Espriella, hija del mandatario, en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena, el 14 de noviembre.
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La denuncia hecha por el exmandatario generó diferentes reacciones en el país. Mientras que algunos respaldaron la medida, otros consideraron que representaría un riesgo para la integridad de él y de su familia, así como una posible retaliación política por parte del actual Gobierno.
Ese fue el caso de Andrea Petro, hija del exmandatario, en la que utilizó su cuenta de Instagram no solo para respaldar públicamente la denuncia de su padre, sino que aprovechó el espacio para cuestionar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Con un corto comentario divulgado en una historia de la red social, aseveró que, en su visión, estarían planeando un posible ataque contra la vida del expresidente. “Nos están dejando completamente desprotegidos ¿Cuál es el objetivo?”, fue la frase que expuso la empresaria en sus redes sociales.
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Denuncia de Petro
El exjefe de Estado reveló la situación el sábado 21 de noviembre, al responder a un video hecho por Miller Soto, vocero de la Presidencia, en el que se refirió al polémico episodio de Lucía de la Espriella, hija del presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda, en la que se la vio navegando en una embarcación de la Armada de Colombia, durante las fiestas de la Independencia de Cartagena, pero que se utilizó para su seguridad.
Sin embargo, en su cuenta de X, sostuvo que la protección de la familia presidencial se estaría garantizando a costa de su propio esquema. “La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí”, afirmó Petro.
El Pacto Histórico también denunció, mediante un comunicado, un supuesto retiro de esquemas de protección a dirigentes y militantes de la colectividad. El partido aseguró que algunas de las personas afectadas cuentan con medidas cautelares internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y calificó como “grave y aleve” el presunto debilitamiento de la seguridad del expresidente.
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La colectividad añadió que integrantes del Gabinete por la Vida han solicitado protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin que, según su versión, se hayan adoptado medidas. También señaló que antiguos funcionarios con amenazas comprobables habrían perdido sus esquemas.
La exsenadora María José Pizarro afirmó que otras personas vinculadas al Pacto Histórico habrían quedado sin protección, pese a registrar antecedentes de amenazas y atentados.
La dirigente citó el artículo 30 del Estatuto de la Oposición, que ordena al Gobierno estructurar programas de seguridad con enfoques diferenciales y de género para directivos y miembros de organizaciones políticas declaradas en oposición. Pizarro pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo.
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Por su parte, la congresista Kamelia Zuluaga aseguró que la medida también afectaría a altos funcionarios que trabajaron durante la administración de Petro y cuestionó si se trata de una represalia contra sectores opositores.
Frente a la denuncia del expresidente, la UNP aseguró a Infobae Colombia que, hasta el momento, no se habían realizado cambios de ningún tipo en los esquemas de seguridad, sino que se estarían efectuando los cambios, de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1069 del 25 de junio de 2018, el cual tuvo dos modificaciones en junio de 2026. La entidad no detalló si había una revisión en curso sobre los vehículos mencionados por Petro.
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