La decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Catalina Toro Pérez, rechazó este jueves 19 de noviembre la presunta irrupción de integrantes de la Fuerza Pública en el campus de la sede Bogotá durante la madrugada. El pronunciamiento abrió cuestionamientos sobre lo ocurrido dentro de la institución, aunque posteriormente el rector Ismael Peña aseguró que fueron las propias directivas universitarias las que solicitaron a las autoridades inspeccionar algunos edificios.
Según información publicada por El Tiempo, la posición de la decana se conoció durante la jornada del jueves, después del ingreso de unidades policiales a las instalaciones universitarias.
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Horas después, Peña entregó una explicación diferente sobre las circunstancias en las que se produjo la presencia de la Fuerza Pública. El rector señaló que la universidad había recibido una alerta relacionada con personas enmascaradas que presuntamente estaban ingresando materiales extraños al campus.
La preocupación aumentó ante la hipótesis de que entre esos elementos pudieran encontrarse explosivos. Frente a esa información, las directivas solicitaron apoyo de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá para realizar verificaciones en algunos edificios.
Decana cuestionó lo ocurrido dentro del campus
El pronunciamiento de Catalina Toro Pérez puso inicialmente el foco sobre una presunta irrupción de la Fuerza Pública en las instalaciones de la Universidad Nacional.
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La situación se produjo durante la madrugada del 19 de noviembre, antes de las movilizaciones convocadas en diferentes puntos del país.
Tras conocerse el rechazo de la decana, el rector Ismael Peña explicó en entrevista con Blu Radio que el ingreso de las autoridades respondió a una solicitud realizada desde la propia institución.
Según Peña, previamente había llegado información sobre personas enmascaradas que estarían introduciendo materiales considerados extraños, situación que llevó a activar los protocolos de seguridad.
El rector indicó que la alerta inicial advertía sobre la posibilidad del ingreso de explosivos. Esa hipótesis motivó la solicitud de acompañamiento policial y la inspección de determinadas instalaciones.
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Durante las verificaciones, sin embargo, no se encontraron explosivos, de acuerdo con la versión entregada por Peña.
Las autoridades sí habrían encontrado banderas y otros objetos relacionados con grupos ilegales, además de panfletos alusivos a una organización identificada como “PPP”.
Según el rector, ese grupo tendría miembros con antecedentes de terrorismo. La información sobre estos elementos fue presentada como parte de la explicación de las directivas sobre la decisión de solicitar la inspección.
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Rector asegura que la Universidad pidió la inspección
Peña sostuvo que la medida tuvo como objetivo proteger la integridad de quienes se encontraban en la Universidad Nacional y prevenir posibles riesgos ante la alerta recibida.
La información sobre el posible ingreso de materiales fue comunicada desde la Policía a las directivas universitarias, que posteriormente activaron los protocolos correspondientes y solicitaron apoyo de las autoridades.
La explicación del rector buscó precisar que la presencia de los uniformados no se produjo, según su versión, como una actuación unilateral de la Policía, sino como respuesta a una solicitud de la institución.
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Este punto contrasta con el pronunciamiento inicial de la decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quien rechazó lo que calificó como una presunta irrupción de la Fuerza Pública.
La controversia quedó así marcada por dos elementos: el cuestionamiento de Toro Pérez sobre la presencia policial en el campus y la explicación posterior de Peña sobre las razones que llevaron a solicitar la inspección.
El rector insistió en que existía una alerta de seguridad y que la hipótesis sobre posibles explosivos justificó la adopción de medidas preventivas.
Finalmente, la inspección no permitió ubicar material explosivo, pero sí dejó los otros elementos mencionados por las directivas.
El episodio ocurrió durante una jornada particularmente sensible por las movilizaciones previstas para el 19 de noviembre y abrió una discusión interna sobre las circunstancias en las que se produjo el ingreso de la Fuerza Pública a la sede Bogotá de la Universidad Nacional.
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