Las garantías sobre la autonomía nacional y el alcance de la cooperación con Estados Unidos fueron los principales asuntos que llegaron este martes 17 de noviembre de 2026 a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas abrió preguntas sobre una eventual participación estadounidense en operaciones dentro del territorio y las facultades que tendría ese país en la lucha contra las organizaciones criminales.
Para responder a esos cuestionamientos asistieron al debate de control político los ministros de Relaciones Exteriores, Omar Bula; Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora; y Justicia, Iván Cancino. La citación buscó precisar tanto la naturaleza jurídica del mecanismo como las obligaciones que asumió Colombia al incorporarse a la coalición, asuntos que motivaron el debate.
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Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) el 12 de agosto de 2026, durante un foro en Ciudad de Panamá. La iniciativa, impulsada por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, reúne actualmente a 19 países.
Cancillería defiende la cooperación con Estados Unidos
El canciller Omar Bula sostuvo que la lucha contra el crimen organizado transnacional constituye un interés compartido, más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre los gobiernos.
“En esta Cámara podemos tener profundas diferencias sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y sobre las prioridades de nuestra política exterior (…), pero hay una realidad que en principio no debería dividirnos: las organizaciones transnacionales que han crecido para ser verdaderas corporaciones del crimen involucradas en tráfico de drogas, minería ilegal, tráfico de órganos y humanos, extorsión”, dijo ante los congresistas.
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El funcionario explicó que el Escudo de las Américas no debe interpretarse únicamente como una iniciativa militar y, según dijo, incluye cooperación económica, institucional, financiera, diplomática y de seguridad. “No le estamos haciendo solo un favor a Colombia, sino a la humanidad, contribuyendo con otros países a acabar con este cáncer”, afirmó al referirse a las redes del narcotráfico.
Bula sostuvo que la adhesión no requería trámite legislativo, pues el instrumento emana del jefe de Estado, responsable de dirigir las relaciones internacionales. “Es legítimo que el Congreso examine el diseño del Escudo de las Américas, pero una relación estrecha con Estados Unidos y una política exterior autónoma no son necesariamente objetivos incompatibles”, agregó.
Defensa y Justicia explican los límites de la participación
El ministro Jorge Eduardo Mora abordó la inquietud sobre una posible presencia militar estadounidense y descartó que el acuerdo implique entregar el control de las operaciones. “El Escudo de las Américas no es una cesión de soberanía”, afirmó. El funcionario lo definió como “una declaración no vinculante” y aseguró que “Colombia conserva de manera intacta su mando operacional” y la soberanía nacional.
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Mora manifestó que “Estados Unidos ha incrementado de manera significativa la asesoría” y la asistencia de entrenamiento con Colombia. El jefe de la cartera de Defensa agregó que la coalición no está por fuera de los acuerdos vigentes suscritos por Colombia y que respeta el derecho internacional. Reiteró que la adhesión no contempla el tránsito de tropas extranjeras ni genera costos fiscales.
El ministro Iván Cancino, por su parte, defendió la participación desde el ámbito jurídico y la presentó como una herramienta para fortalecer la respuesta estatal frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional. “Ejercer la soberanía nacional no significa aislar a Colombia”, señaló. También afirmó que “La soberanía nacional es un ejercicio para encontrar intereses comunes”.
Justicia tendrá la tarea de “formular y coordinar las políticas públicas” relacionadas con la “lucha contra el narcotráfico”, el crimen organizado y las economías ilícitas que lo sustentan. Su intervención, precisó, “se circunscribe a la cooperación judicial internacional”.
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Eso incluye “facilitar el intercambio de información”, la localización de personas requeridas, la recuperación de activos ilícitos y los “tratados de extradición”. Cancino aclaró que su despacho no dirigirá investigaciones, tomará decisiones judiciales, emitirá órdenes de captura ni resolverá acciones de tutela. Cancino señaló que la adhesión a mecanismos internacionales no modifica las reglas del derecho penal colombiano. Cualquier designación, tratado o formulación internacional deberá respetar la tipicidad establecida en el Código Penal.
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