Gobierno reveló millonarios gastos en la ZUT del Valle del Guamuez: se destinaron más de $13.000 millones

El Gobierno nacional reveló que ha desembolsado más de $13.000 millones para el funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, presentó un balance de los recursos destinados a este espacio y denunció presuntas irregularidades relacionadas con su funcionamiento.

En una declaración difundida a través de los canales oficiales de la Presidencia, el funcionario aseguró que, a la fecha de corte de la información presentada, no se había legalizado ningún gasto de los recursos entregados mediante el Fondo de Programas Especiales para la Paz. También cuestionó la diferencia entre la capacidad contemplada en el contrato y la cantidad de personas que ingresaron y permanecen en las instalaciones.

El pronunciamiento incluyó información sobre una adición contractual, los gastos registrados durante septiembre y las alertas consignadas por el operador encargado de la zona. Ríos indicó que solicitó a la Contraloría General de la República investigar la inversión y revisar la ejecución de los recursos públicos.

Gobierno detalló los gastos de la ZUT del Valle del Guamuez

De acuerdo con las cifras presentadas por el director del Dapre, durante septiembre se destinaron cerca de $460 millones al funcionamiento de la zona de ubicación temporal. El funcionario calculó que ese valor representa más de $8 millones mensuales por persona.

Ríos cuestionó el monto destinado a la atención de los ocupantes y lo comparó con las condiciones fiscales del Estado. Durante su intervención, señaló que los recursos públicos deben responder a criterios de planeación, eficiencia, eficacia y necesidad.

Otro de los aspectos expuestos fue la ocupación de las instalaciones. Según el funcionario, el contrato se justificó inicialmente para atender a 200 personas, pero solamente ingresaron 99. Para la fecha de su declaración, la cantidad de personas que permanecían en el lugar había descendido a 50.

La diferencia también fue mencionada en relación con el servicio de alimentación, cuyo presupuesto se calculó para 115 personas. Ríos utilizó estos datos para cuestionar la cantidad de cupos financiados frente a la ocupación efectiva de la zona.

A la inversión acumulada se suma una modificación contractual. El director del Dapre informó que el 30 de julio de 2026 se firmó una adición por $1.127 millones, ocho días antes del cambio de Gobierno.

El funcionario no presentó en su declaración un desglose de los conceptos que componen los más de $13.000 millones desembolsados, pero aseguró que la totalidad de la ejecución debe ser revisada por los organismos de control.

Operador reportó consumo de licor y riñas dentro de las instalaciones

Además de los cuestionamientos financieros, Ríos expuso las alertas de un informe presentado por el operador encargado de la zona de ubicación temporal.

Según explicó, el documento fue radicado el 15 de octubre de 2026 y describió situaciones que presuntamente se habían presentado dentro de las instalaciones. Entre los hechos reportados aparece el consumo de bebidas alcohólicas durante la noche del 14 de octubre.

El informe también hizo referencia a una riña y al presunto consumo de sustancias alucinógenas dentro de la ZUT. De acuerdo con el director del Dapre, el operador señaló que este tipo de situaciones no serían hechos aislados, sino que se habrían registrado en otras oportunidades.

La información fue presentada por el funcionario como parte de los motivos para cuestionar las condiciones en las que funciona el espacio. Sin embargo, los hechos mencionados corresponden a las alertas contenidas en el documento citado durante su declaración.

Dapre alertó por ingreso de menores de edad a la ZUT

Otro de los puntos expuestos por el director del Dapre fue el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las instalaciones.

Ríos indicó que el 10 de octubre se volvió a registrar la entrada de menores, pese a que el 3 de octubre se había socializado con las personas que permanecían en la zona que no podían concurrir niños, niñas y adolescentes.

El funcionario cuestionó que los menores estuvieran en un espacio donde, según el informe del operador, se habrían presentado situaciones relacionadas con el consumo de alcohol, sustancias y riñas.

Frente a esta situación, aseguró que la respuesta del Gobierno fue brindar asistencia institucional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Durante su intervención, también manifestó su preocupación por la posibilidad de que los menores estuvieran siendo instrumentalizados para mantener la zona de ubicación temporal. Esta afirmación hizo parte de los cuestionamientos que presentó ante el país sobre las condiciones de permanencia en las instalaciones.

Gobierno pidió a la Contraloría revisar la inversión de los recursos

En materia de control fiscal, Ríos confirmó que solicitó a la Contraloría General de la República investigar los desembolsos realizados para el funcionamiento de la ZUT y examinar la ejecución de los recursos peso por peso.

El funcionario relacionó esta petición con la ausencia de gastos legalizados a la fecha de corte que presentó y con las diferencias entre la capacidad contratada y la ocupación efectiva de las instalaciones.

También cuestionó los resultados del espacio frente a su objetivo de facilitar el tránsito hacia la legalidad. Durante su declaración planteó dos interrogantes: “¿Qué recibió Colombia por esos trece mil millones de pesos? ¿Cuántas personas quedaron efectivamente en la legalidad?“.

En su pronunciamiento, Ríos señaló que el Gobierno no prorrogará ni adicionará contratos que, según su evaluación, fomenten el uso inadecuado de los recursos públicos. Asimismo, mencionó la oferta institucional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) como una alternativa para las personas que busquen avanzar hacia la legalidad.

Sobre la situación jurídica de la zona, el director del Dapre reconoció que existe un fallo judicial vigente y afirmó que el Ejecutivo lo está cumpliendo. No obstante, precisó que también lo impugnó ante las instancias correspondientes.

El funcionario reiteró que el Gobierno mantendrá su compromiso de acatar las decisiones judiciales y solicitó acompañamiento especial de la Contraloría para examinar el manejo presupuestal de la instalación.