Estas son las acusaciones contra el hacker Carlos Oyola: de modificar notas en una universidad a tratar de afectar los datos de la Registraduría durante las elecciones

El ingeniero Carlos Andrés Oyola Tovar fue capturado mientras, según documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habría liderado una red destinada a alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol informó que el experto en sistemas informáticos también habría participado en operaciones de acceso a bases de datos estatales desde la agencia de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

La detención, realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía el viernes 6 de noviembre, no está relacionada con las presuntas actividades en la DNI, sino con un supuesto fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Oyola Tovar enfrenta acusaciones por posible acceso abusivo informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

El ingeniero permaneció durante seis meses fuera del alcance de la Fiscalía, incluso durante el período electoral que, de acuerdo con los registros divulgados, pretendía afectar. Al momento de su captura, seguía vinculado como funcionario activo de la DNI.

¿Quién es el hacker?

Carlos Oyola nació en Neiva y se vinculó en septiembre de 2018 como asistente de la unidad de trabajo legislativo de Rodrigo Villalba Mosquera, exsenador y exrepresentante liberal que actualmente gobierna el departamento de Huila.

En sus antecedentes judiciales figuran denuncias por violencia intrafamiliar y una investigación iniciada en 2022 por un supuesto intento de fraude informático junto con su hermano gemelo, Cristian Oyola, que no prosperó en la Fiscalía de Neiva.

Las investigaciones que derivaron en su captura comenzaron en junio de 2023, cuando una profesora de la UNAD detectó irregularidades en sus calificaciones. El consejo académico estableció que las notas habían sido presuntamente modificadas para obtener el título de especialización en Gestión Pública y aprobar una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

El acta de es instancia consignó: “Encontramos que este estudiante tiene algunas inconsistencias en su historial académico, no solo en la maestría; sino también en el programa cursado de especialización en gestión pública”.

Uno de los títulos cuestionados fue presentado como soporte para un contrato de dos meses en la Contraloría General de la República, suscrito en octubre de 2022 bajo la supervisión de Luis Eduardo Parra, entonces contralor delegado para la defensa. Oyola acreditó una especialización de la que, según los registros, se graduó el 25 de noviembre de ese año, un mes después de haber firmado el acuerdo.

El ascenso a la agencia de inteligencia

Tras sus contratos en la Contraloría entre 2022 y 2023, Oyola obtuvo en enero de ese último año un vínculo con el Fondo Colombia en Paz, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En febrero de 2024 pasó a la DNI, entidad que estuvo dirigida por exintegrantes del M-19.

Los documentos internos enviados al despacho presidencial atribuyen al ingeniero dos tareas controvertidas. Una consistía en el presunto hackeo de entidades estatales para que la contrainteligencia accediera a bases de datos que luego habrían sido almacenadas en la nube y extraviadas.

La segunda misión aludía a los comicios del 21 de junio. El registro citado por el medio señala que Oyola “lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio (…) junto con otros integrantes ejecutaría los ataques contra la Registraduría”.

Entre las funciones que se le habrían asignado figuraba “coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers”. Los bodegueros son operadores de redes sociales que impulsan mensajes de manera coordinada. El mismo archivo incluyó una anotación según la cual Oyola sostuvo reuniones con la fiscal Luz Adriana Camargo.

En un reporte de septiembre remitido desde la DNI a la Presidencia, el ingeniero aparece asociado al desarrollo de la segunda versión del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, la plataforma que debía registrar las misiones de trabajo de la entidad.

El documento indicó: “No entregó nada y presuntamente fue víctima del hurto del equipo de cómputo en el que estaba desarrollando el sistema”.

No existe una denuncia ante la Fiscalía por el supuesto robo del equipo que contenía el desarrollo de esa plataforma. Para Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI, el ingreso y permanencia de una persona buscada por la justicia en la agencia constituye una omisión que debía ser investigada.

“Permitir el ingreso de una persona que no solo no cumpla los requisitos, sino que además sea una persona perseguida por la justicia y que la misma inteligencia dirección de inteligencia no haga nada, ni siquiera por denunciarlo, es una falta adicional”, afirmó Juan Carlos Restrepo. El exinspector agregó que, en lugar de concentrarse en la seguridad nacional, la entidad podía estar interesada en “hackear, interferir de alguna manera en el proceso electoral”.