El Gobierno de Colombia radicó, el 29 de octubre de 2026, ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes la ley de rescate económico o reforma tributaria como respuesta a un déficit fiscal que, según sus cálculos, podría alcanzar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) si el Congreso de la República no aprueba medidas de ajuste.
La iniciativa extendería la tarifa general del IVA, del 19%, a determinados alimentos de la canasta familiar, al tiempo que prevé devoluciones parciales o totales para millones de personas.
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Ante dudas y críticas de varios sectores, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aclararon en entrevistas a Noticias RCN y Noticias Caracol los alcances que tendrán los recortes al gasto estatal, cambios en el IVA con devoluciones para hogares de menores ingresos y recursos adicionales para el sistema de salud.
Justificación del ajuste por el deterioro fiscal
Gómez explicó en Noticias Caracol que el gobierno de Gustavo Petro había calculado inicialmente un déficit fiscal de 4,5% del PIB, cifra que la nueva administración corrigió por encima del 7%. “Si no hacemos la reforma fiscal, muy seguramente llegaríamos al 10% del PIB”, dijo y luego anotó: “La cosa es muchísimo más grave y por eso necesitamos actuar más rápidamente”.
Asimismo, enumeró presiones sobre las cuentas públicas que, según declaró al medio, incluyen el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), los subsidios eléctricos y las obligaciones con los adultos mayores. “Hemos encontrado troneras en todas partes”, afirmó al describir las dificultades que, a su juicio, enfrenta el Ministerio de Hacienda.
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Restrepo también sostuvo ante Noticias RCN que el Ejecutivo modificó su posición sobre los impuestos al encontrar obligaciones sin respaldo financiero: “Ningún gobierno quiere subir impuestos, pero encontramos una realidad fiscal mucho más grave de la que se había anunciado”. “Existían gastos por $70 billones que no tenían recursos para financiarlos”, precisó.
De igual manera, el vicepresidente fue más directo en su crítica a la administración anterior: “El Presupuesto Nacional tenía por lo menos $90 billones que no estaban reflejados en el mismo”. José Manuel Restrepo añadió que esos recursos tampoco figuraban en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).
Recortes al Estado y recursos para el sistema de salud
La reducción del gasto nacional alcanzaría $45 billones, de acuerdo con Gómez: “Entre $30 y $35 billones provendrían de medidas de austeridad del Gobierno”. El resto saldría de otras disposiciones de la reforma, incluidas las relacionadas con el financiamiento de la salud.
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Restrepo sostuvo que el sector público asumiría la mayor carga del ajuste: “$7 de cada $10 de este ajuste fiscal lo hace el Estado, el Gobierno”. El vicepresidente vinculó esa proporción con recortes a la burocracia y con la eliminación de cargos que denominó “corbatas”.
El ministro defendió una inyección cercana a $30 billones para el sistema sanitario: “Recibimos un sistema de salud con graves problemas financieros”. Además, lamentó que “el envejecimiento de la población aumenta la demanda de servicios y presiona el presupuesto nacional”.
Restrepo presentó la propuesta como una iniciativa con varios frentes. “Hay un primer rescate, que yo lo llamo el rescate social”, dijo al referirse a la devolución del IVA. También habló de un rescate de la salud, de la economía, de las finanzas públicas y de un Estado que, según sostuvo, gasta recursos en exceso.
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Devolución del IVA y el debate por la canasta familiar
El esquema planteado por el Gobierno contempla devolver el 100% del IVA a 19 millones de personas y hasta el 50% a otros 16,5 millones. José Manuel Restrepo aseguró que unos 36 millones de colombianos podrían recibir algún beneficio.
“Se les va a devolver el IVA que ya hoy en día están pagando”, afirmó el segundo mandatario en la entrevista.
De igual manera, explicó que la devolución se calcularía con base en compras respaldadas por factura electrónica. “Con la factura electrónica automáticamente el sistema me lo va a abonar a mi cuenta”, sostuvo en las entrevistas. Para los hogares vulnerables que no puedan demostrar sus adquisiciones por esa vía, el Gobierno prevé un monto mínimo.
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Según Restrepo, las modificaciones del IVA no empezarían en 2027, sino en 2028. El Ejecutivo proyecta hacer el primer giro antes de que comience ese año, con el propósito de anticipar los recursos a los hogares beneficiarios. El vicepresidente calculó que, en algunos casos, el apoyo podría llegar a 280.000 pesos mensuales.
Gómez defendió que las personas con mayor capacidad económica paguen IVA sobre productos de la canasta familiar que hoy están exentos para todos los consumidores. “Aquí hay gente que tiene un buen nivel de ingreso que no paga IVA”, afirmó. Agregó que la tecnología permitiría distinguir a quienes deben recibir la compensación tributaria.
También indicó que más de la mitad de la canasta familiar permanecería sin IVA. “Para los productos que no estén exentos, las personas de menores ingresos recibirían la devolución del impuesto”, dijo. A su juicio, ese mecanismo neutralizaría el efecto de la medida para esos hogares.
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Impacto sobre los precios y las compras internacionales
Gómez calculó que la reforma podría sumar entre 0,6% y 0,8% al costo de vida. Al respecto, Restrepo respondió que no adoptar medidas también tendría consecuencias sobre los precios. “Con un déficit cercano al 10%, la inflación podría ser mucho mayor”, afirmó el vicepresidente.
El ministro justificó además gravar las compras internacionales en plataformas inferiores a USD200 ($600.000, al cambio actual), que en la actualidad están exentas, y los vehículos eléctricos. “Los vehículos eléctricos suelen tener precios elevados y representan una fuente potencial de recaudo”, dijo.
Sobre las adquisiciones internacionales, sostuvo que sus grandes volúmenes han afectado al comercio local y estimó que el gravamen podría recaudar hasta dos billones de pesos.
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Restrepo advirtió que la falta de un ajuste fiscal podría llevar al país a una cesación de pagos en 2027. El vicepresidente afirmó que ese escenario podría sumar más de un millón de personas a la pobreza, destruir más de 500.000 empleos y provocar una recesión. Sus proyecciones se basan en la visión del Gobierno sobre el deterioro de las cuentas públicas.
La discusión legislativa definirá si el Congreso acepta las medidas de recaudo, austeridad y financiación sanitaria propuestas por el Ejecutivo. Para el Gobierno, la urgencia fiscal convierte ese trámite en una decisión que, según Restrepo, busca evitar que las finanzas públicas pierdan capacidad de pago en 2027.
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