El exministro del Interior Rodrigo Lara pidió a los congresistas, incluidos los sectores de oposición, respaldar la Ley de Sometimiento que actualmente se debate en el Congreso, al considerar que el país necesita una herramienta jurídica que complemente las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales.
Lara aseguró que el proyecto busca establecer condiciones para que integrantes de estructuras armadas y delincuenciales se sometan a la justicia después de cumplir una serie de requisitos.
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“Todos sabemos que el Gobierno está liderando una estrategia militar muy eficaz contra estas organizaciones y está dando resultados”, afirmó el exfuncionario, según informó Semana.
También sostuvo que el eventual Estatuto Antiterrorista permitiría fortalecer las acciones contra las finanzas de estos grupos.
Para Lara, las operaciones militares por sí solas no son suficientes y deben ir acompañadas de una legislación que establezca reglas para la entrega y judicialización de quienes decidan abandonar las estructuras criminales.
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“Primero cumplen y después reciben el beneficio”
El exministro señaló que la iniciativa recoge más de tres décadas de experiencias acumuladas en Colombia sobre sometimiento y negociación con organizaciones ilegales.
Según explicó, una de las diferencias que identifica frente a mecanismos utilizados durante la política de paz total de la administración anterior es que este proyecto no otorgaría estatus político ni crearía una jurisdicción paralela.
“Esta ley no les da estatus políticos, ni mesas interminables, tampoco crea una justicia paralela (...) y los beneficios no los decide un funcionario nombrado por el Gobierno, lo hace un juez de la República”, sostuvo.
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Lara resumió el funcionamiento del proyecto bajo una premisa: primero debe existir cumplimiento y posteriormente podrían otorgarse beneficios.
Entre las exigencias que mencionó aparecen la entrega de armas, de personas secuestradas y de dinero relacionado con las actividades ilegales.
También explicó que cualquier incumplimiento implicaría la pérdida inmediata de los beneficios contemplados dentro del proceso.
El exfuncionario destacó además que, de acuerdo con el diseño de la iniciativa, los integrantes de base de las organizaciones podrían recibir condiciones más favorables que sus máximos responsables.
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Según Lara, los cabecillas seguirían sometidos a la presión de las operaciones militares y a las herramientas previstas en el Estatuto Antiterrorista, además de enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión.
Lavadores de activos también quedarían incluidos
Otro de los puntos que Lara destacó es la incorporación de personas relacionadas con el lavado de activos.
Reconoció que esta disposición ha generado polémica, pero argumentó que resulta necesario afectar no solamente a los líderes de las estructuras, sino también a los mecanismos financieros que permiten su funcionamiento.
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“De nada sirve capturar a un cabecilla si no se llega a las finanzas”, afirmó.
El exministro también aprovechó su pronunciamiento para felicitar a Iván Cancino, quien asumió provisionalmente el Ministerio del Interior y ha liderado el trámite de la iniciativa.
“Es un gran trabajo el que ha hecho liderando esta importante iniciativa”, dijo Lara.
A su juicio, la Ley de Sometimiento podría complementarse con el Estatuto Antiterrorista que espera sea presentado próximamente por el Gobierno Nacional.
El proyecto sigue en discusión en el Congreso y su contenido podrá ser modificado durante el trámite legislativo antes de una eventual aprobación definitiva.
Lara cerró su mensaje reiterando su llamado a los legisladores para respaldar la iniciativa y afirmó que la estrategia del Gobierno busca combinar mecanismos judiciales de sometimiento con presión de la Fuerza Pública sobre quienes decidan permanecer en organizaciones criminales.
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