Comisión de Acusación reactivará investigaciones clave tras giro de recursos: expresidentes, exmagistrados y otras figuras están bajo la lupa

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes podría retomar sus actividades en los próximos días, después de permanecer paralizada durante cerca de dos meses por falta de recursos económicos. Así lo aseguró el representante Daniel Briceño, que señaló que los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento hasta finalizar el año ya fueron girados a través de las instancias administrativas de la corporación.

La llegada del dinero permitirá avanzar en la contratación de los equipos de trabajo que requiere esta instancia legislativa para revisar los expedientes y dar trámite a las más de 2.400 investigaciones que permanecen bajo su responsabilidad. Entre los procesos pendientes se encuentran actuaciones relacionadas con expresidentes, exmagistrados, exfiscales y otras figuras públicas.

“Dos meses de parálisis de la Comisión de Acusaciones, pero la noticia es que el Gobierno nacional, a través de las instancias administrativas de la Cámara de Representantes, ya hizo llegar recursos para finalizar el año. Eso quiere decir que la comisión ya puede contratar los equipos que requería para iniciar la investigación (…) Según tengo entendido, a partir de esta semana o máximo la siguiente, ya se comenzará a reunir para darle impulso a muchos de esos proyectos”, señaló Briceño a los medios de comunicación.

El inicio de esas actividades dependerá de los procedimientos administrativos y de la vinculación del personal necesario para atender el volumen de expedientes acumulados. Cabe recordar que la comisión permanecía sin el funcionamiento esperado desde el 20 de julio, fecha en la que se posesionó el actual Congreso de la República.

Uno de los primeros pasos será incorporar asesores y abogados con conocimientos en derecho penal y disciplinario, quienes tendrán a su cargo la revisión jurídica de los procesos. La labor incluirá identificar las características de cada expediente, establecer cuáles requieren atención prioritaria y determinar si existen términos procesales próximos a vencer o que ya hayan prescrito.

Briceño explicó que la comisión adelanta gestiones con la Dirección Administrativa de la Cámara para vincular a las personas encargadas de esa clasificación. “Lo que tengo entendido es que la comisión está contratando y está en un proceso con la dirección administrativa en donde se están vinculando a las personas que tienen que clasificar esos más de 2.400 procesos por prioridades, por si están a punto de prescribir o si ya prescribieron”, explicó el representante.

La revisión de los expedientes será determinante para organizar el trabajo de los 17 representantes e investigadores que integran la comisión y definir el orden en el que se abordarán las actuaciones pendientes.

Investigaciones pendientes en la Comisión de Acusaciones

Además de la contratación de los equipos jurídicos, la comisión tendrá que definir la asignación de ponentes en diferentes expedientes que se encuentran pendientes de trámite. Entre ellos figura la investigación relacionada con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En ese proceso, tres congresistas que estudiaron el caso adoptaron posiciones diferentes. Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo consideraron que existían méritos suficientes para continuar con la investigación, mientras que Alirio Uribe, integrante del Pacto Histórico, solicitó una decisión inhibitoria a favor del entonces candidato presidencial.

Entre otros asuntos pendientes también se encuentran las denuncias presentadas por el excontralor general Carlos Felipe Córdoba ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y la Fiscalía General de la Nación. Las actuaciones buscan que se investiguen presuntos seguimientos y perfilamientos atribuidos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro.

Otro caso reciente corresponde a la solicitud presentada en agosto de 2026 para que se examinen posibles irregularidades en las actuaciones de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana dentro del proceso contra la senadora Martha Peralta, relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Cuatro magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema remitieron un documento a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría General de la Nación para que evaluaran los hechos.

Los cuestionamientos se relacionan con las actuaciones adoptadas para garantizar la comparecencia de Peralta a una indagatoria, incluida su conducción por la Policía después de que no asistiera en dos ocasiones. La defensa de la congresista planteó reparos sobre el debido proceso y el ejercicio de las facultades legales.

La nueva conformación de investigadores y representantes a la Cámara deberá evaluar el expediente y tomar las decisiones correspondientes dentro del procedimiento. La asignación de ponentes constituye uno de los asuntos pendientes, debido a que la falta de recursos y de personal también afectó la distribución de las investigaciones recientes que llegaron a la célula legislativa.

Antes de designar responsables en algunos casos, la comisión debe establecer si los congresistas tienen impedimentos para participar en determinadas actuaciones, especialmente en expedientes relacionados con figuras políticas y funcionarios públicos.