Ante los hechos recientes de violencia perpetrados en contra de integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) emitió un comunicado a manera de rechazo por los ataques sicariales que ya dejan un dragoneante muerto y otros dos heridos.
El primer caso se registró el sábado 10 de octubre de 2026 en Barranquilla. Los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, del establecimiento penitenciario El Bosque, fueron atacados cuando salían de su turno. Posteriormente, el 12 de octubre, el dragoneante Bryan Rangel, que era funcionario de un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) en Cúcuta, fue asesinado por hombres armados.
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“Estos hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario. La autenticidad, procedencia y alcance de estas amenazas, así como su eventual relación con el atentado, son materia de verificación”, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
UTP hizo exigencias al Gobierno y a las autoridades competentes
El sindicato del Inpec advirtió sobre el riesgo que corren los funcionarios de la institución. “Estos hechos constituyen una grave amenaza contra la vida de quienes ejercen la autoridad penitenciaria y cumplen una función esencial para la seguridad del Estado colombiano”, precisó el sindicato del Inpec en la comunicación oficial.
La UTP reconoció el respaldo que expresó el presidente Abelardo de la Espriella al Inpec tras los ataques, así como el del ministro de Justicia, Iván Cancino, y el del director general del instituto, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Sin embargo, afirmó que es necesario que la institucionalidad adopte medidas concretas que sirvan para proteger a los funcionarios del Inpec.
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Por eso, enlistó varias exigencias dirigidas al Gobierno nacional:
- Fortalecer la presencia de integrantes de la Policía Nacional en los perímetros de los establecimientos penitenciarios, así como en las vías de acceso y en las zonas que representan un mayor peligro para los dragoneantes. Aseguró que se requiere de patrullajes permanentes, inteligencia orientada a la prevención y el desarrollo de operaciones contra los grupos criminales que están detrás de las amenazas contra los funcionarios del Inpec.
- Garantizar la entrega de dotación y elementos de protección para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Eso incluye chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación, elementos de protección balística y demás medios de seguridad. También pidió que se garantice el mantenimiento de estos materiales y su reposición periódica. “La protección no puede ser un privilegio de unos pocos: debe alcanzar a todos los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia según sus niveles de exposición”, indicó.
- Implementar protocolos de seguridad que verdaderamente brinden garantías a los funcionarios para ejercer su labor. Incluyó el desarrollo de una evaluación de riesgo, la aplicación de rutas de protección y el acompañamiento institucional.
- Desarrollar una investigación rigurosa que permita identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables de los hechos de violencia perpetrados contra los dragoneantes del Inpec, con el fin de evitar que los atentados continúen. Esta petición va dirigida directamente a la Fiscalía General de la Nación.
- Convocar una mesa nacional de seguridad penitenciaria, compuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa, el Inpec, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sindicales. El fin de esta mesa será establecer compromisos, responsables y recursos.
“La UTP considera profundamente preocupante que, en medio de esta crisis de violencia, se promuevan reuniones privadas o propuestas ajenas a la protección inmediata de nuestros funcionarios. En particular, cuestionamos las actuaciones que atribuimos al sindicato SEUP y solicitamos transparencia sobre las propuestas que estaría impulsando en materia de jornadas laborales, cuya legalidad y viabilidad deben ser examinadas por las autoridades competentes”, añadió.
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