La ministra de Salud, Ana María Vesga, detalló el alcance y los mecanismos de ejecución del plan de choque implementado por el Gobierno nacional, precisando que la estrategia busca resolver las barreras más críticas de acceso a servicios médicos, aunque aclaró que no representa la única vía para solucionar de fondo la crisis financiera e institucional que enfrenta el sistema sanitario.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria sostuvo que la iniciativa prioriza la entrega de tratamientos pendientes y la canalización directa de fondos a las entidades prestadoras.
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“El plan de choque en salud es: cumplir la promesa de atender a quienes con más urgencia lo necesitan y asegurar que los recursos lleguen a quienes los atiendan. El plan de choque no es la única solución, es una de varias medidas de estabilización para recuperar el cuidado de toda la población que es la razón de ser de nuestro sistema de salud”, afirmó la ministra Vesga en X.
Priorización de pacientes y asignación de recursos iniciales
La aclaración de la ministra está relacionada con una entrevista que tuvo con el diario El Tiempo; allí, la jefa de la cartera explicó que las autoridades identificaron a 1.069.196 colombianos con requerimientos médicos represados, de los cuales más de 700.000 corresponden a medicamentos no entregados y cerca de 300.000 a procedimientos pendientes, concentrados principalmente en la población afiliada a EPS bajo medida de intervención.
Para poner en marcha la fase inicial de atención a este grupo priorizado, el Gobierno dispuso de un presupuesto de $500.000 millones garantizados a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
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“La primera tarea fue identificar la población más crítica con atenciones pendientes, medicamentos y procedimientos, y asegurar que se atiendan con prontitud. Allí encontramos más de un millón de colombianos, muchos de ellos en riesgo vital. Todas las EPS reportaron sus pendientes en esas patologías, previamente definidas con las sociedades científicas, y tienen el compromiso de cubrir esas atenciones en los próximos tres meses”, precisó Vesga al medio en mención.
Para respaldar la liquidez de la red de prestadores e insumos, el Ministerio de Salud habilitó la entrega de préstamos extraordinarios directos a las EPS con cargo a la subcuenta de garantías de la Adres, una figura soportada legalmente en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 780 de 2016.
Mediante esta alternativa, la Adres se encarga de girar el pago directamente a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores por los servicios facturados hasta el 20 de septiembre. Las aseguradoras dispondrán de un año para reembolsar el dinero bajo la tasa IPC+0.
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“Este crédito no paga prestaciones viejas ni anticipa futuras. Es una garantía para todos los prestadores de pago expedito y directo, y es la mejor manera como aseguramos que se atiende a la población. Si las EPS no pagan, se descontará del giro futuro de la UPC o sus ajustes. Repito: no son cheques en blanco, son recursos para oxigenar y dar liquidez, pero atados a resultados”, enfatizó la jefa de la cartera.
Diagnóstico de las EPS intervenidas y revisión de la atención primaria
La ministra atribuyó el incremento en el número de tutelas y quejas al estado financiero y operativo en que operan las siete EPS intervenidas por el Estado, las cuales agrupan a 21,4 millones de usuarios y concentran más del 85% de los medicamentos no entregados en el país.
Frente a la viabilidad de estas aseguradoras, Vesga advirtió que la prioridad del Gobierno se enfoca en sanear la cartera corriente y facilitar acuerdos de pago, sin descartar medidas extremas sobre aquellas entidades que no logren corregir sus indicadores de siniestralidad.
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“No podemos perpetuar la mala atención a la población. No descartamos la liquidación de aquellas EPS que no sean viables, porque no podemos perpetuar la mala atención a la población”, aseveró la funcionaria.
Respecto a la estrategia de atención primaria adelantada por la administración anterior, que destinó cerca de $7 billones para la conformación de 10.983 Equipos Básicos de Salud, el Ministerio de Salud reportó dudas sobre su costo-efectividad, debido a problemas de articulación con las aseguradoras y al incumplimiento en el reporte de información desde hace más de dos años.
Durante la mencionada entrevista, el Ministerio de Salud confirmó que proyecta culminar durante el primer trimestre de 2027 el estudio exigido por la Corte Constitucional para determinar el monto exacto del pasivo estructural de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), paso previo para definir el esquema de saneamiento definitivo del sector.
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