En la mañana del domingo 4 de octubre se registró un nuevo hostigamiento con drones cargados de explosivos y ráfagas de fusil contra una estación de la Policía Nacional de Colombia.
El ataque se registró en el municipio de El Peñol, departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia, lo que generó temor entre los habitantes del casco urbano y de sectores rurales próximos. La comunidad permaneció dentro de sus viviendas mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener la situación.
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La incursión armada incluyó ráfagas de fusil contra la infraestructura policial, así como el posible uso de artefactos explosivos no convencionales, según versiones preliminares de medios locales. Las autoridades investigan si esos dispositivos fueron lanzados desde aeronaves no tripuladas.
El hostigamiento armado contra la estación de Policía de El Peñol obligó el despliegue de tropas del Ejército Nacional y unidades especializadas para respaldar a los uniformados, asegurar los accesos al municipio y evitar que los atacantes se desplazaran hacia áreas residenciales.
La información disponible no confirma, por ahora, si hubo personas lesionadas entre los uniformados o la población civil. Las autoridades administrativas y los organismos de socorro avanzan en la revisión de los reportes recibidos desde el lugar.
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Los disparos se escucharon de forma continua en pleno casco urbano, según los informes iniciales de habitantes y fuentes locales. La intensidad de las detonaciones causó pánico entre las familias de la zona.
Las fuerzas de seguridad activaron protocolos de reacción y defensa perimetral ante la agresión. El objetivo fue repeler el ataque sin permitir que los responsables se replegaran hacia sectores habitados.
El ataque ocurre en medio de la situación de seguridad que atraviesa el departamento de Nariño, donde distintos grupos armados ilegales disputan el control territorial.
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En esa zona confluyen estructuras del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN y facciones de las disidencias de las Farc. Estas organizaciones buscan dominar corredores utilizados para la movilidad de economías ilícitas y el tráfico de estupefacientes.
La verificación también incluye posibles daños en construcciones e infraestructuras contiguas al punto donde ocurrieron las detonaciones. La comunidad continuaba bajo resguardo a la espera de que se normalizara el orden público.
Otro ataque a la fuerza pública en Catatumbo
Las autoridades de Norte de Santander activaron la máxima alerta tras un nuevo ataque con drones cargados de explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública en Tibú, en la madrugada del domingo 4 de octubre.
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El hecho ocurrió en la vereda Puerto Reyes, perteneciente al corregimiento de Campo Dos, una zona rural que enfrenta una escalada de acciones atribuidas a grupos armados ilegales.
El ataque estuvo dirigido contra los uniformados que operan en el sector y se ejecutó mediante el lanzamiento de aeronaves remotamente tripuladas con explosivos. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si las detonaciones dejaron integrantes de la institución lesionados.
La situación de orden público en el Catatumbo se agravó luego de que, en menos de 24 horas, se reportaran acciones violentas de características similares en al menos dos áreas rurales de Tibú. Los hechos ocurrieron bajo la misma modalidad aérea contra la Fuerza Pública.
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Las unidades militares y policiales se dirigieron a los principales accesos de la población para reforzar el perímetro urbano. También buscaron brindar apoyo táctico al personal que permanecía en la estación.
Los organismos de seguridad responsabilizan del hostigamiento al ELN, organización armada que mantiene presencia en el norte de Norte de Santander, la zona de frontera y el sur de la región.
Las autoridades también mantienen vigilancia sobre las disidencias de las Farc, que operan en este corredor estratégico del departamento.
ASí fueron las palabras de Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional del Conflicto Armado: “Continuamos rechazando los ataques con drones cargados con explosivos en contra de la población civil en la región del Catatumbo. Específicamente, el ataque presentado en el corregimiento de Versalles, jurisdicción del municipio de Tibú, donde cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas una menor de 14 años que está recibiendo atención médica en el hospital del municipio de Tibú. Con este hecho, de manera oficial, ya son 76 los ataques con drones cargados con explosivos en esta subregión del Catatumbo en lo que va corrido del año 2026″.
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El Presidente continuó diciendo: “Es un llamado contundente a los actores armados en confrontación en la región del Catatumbo a respetar los derechos humanos, a respetar el derecho internacional humanitario y, sobre todo, a dejar de un lado a la población civil. El llamado también al Gobierno nacional para que active de una vez por todas mecanismos que permitan recuperar la seguridad en la región del Catatumbo”.
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