El expresidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la revocación de la visa estadounidense de la senadora Martha Peralta y denunció una supuesta persecución política contra sectores progresistas en Colombia y América Latina.
El exmandatario afirmó que la decisión contra la congresista indígena responde a una conducta atribuida por él a la Casa Blanca y al Departamento de Estado.
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“Pues es una persecución. Eso está castigado en el Estatuto de Roma: es un crimen de lesa humanidad y se denomina así, persecución sistemática de un grupo poblacional civil con identidad política”, declaró Petro ante medios de comunicación. La cita aludió a la revocación de los visados de Peralta y del empresario Euclides Antonio Torres Romero, así como de sus familiares directos.
El exjefe de Estado afirmó que el progresismo de Colombia y de América Latina “está siendo perseguido sistemáticamente por la Casa Blanca y por el Departamento de Estado”. Añadió que ese asunto debería llegar a la Corte Penal Internacional, organismo cuya jurisdicción Estados Unidos no reconoce.
Petro vinculó su denuncia con situaciones en Gaza, Irán y diversos países latinoamericanos, y atribuyó esas acciones a “la codicia del petróleo”. También sostuvo que quienes toman esas decisiones no consideran “a la gente ni a la democracia”.
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Al referirse específicamente a Peralta, el expresidente rechazó que se la presente como una persona que atenta contra la democracia. Recordó que la senadora ingresó a la política después de la Constitución de 1991, que llegó al Congreso por voto popular y que representa a comunidades indígenas de La Guajira.
“¿Cómo puede atentar contra la democracia una mujer indígena que se ganó el derecho a participar en la vida política de Colombia con la Constitución de 1991, que ha sido elegida por voto popular y que, siendo mujer e indígena, fue elegida democráticamente?”, preguntó Petro.
Además, aseguró que solicitó una coalición entre organizaciones indígenas colombianas y estadounidenses. Según explicó, la iniciativa busca impulsar movilizaciones para responder a lo que definió como un “apartheid político” contra los latinoamericanos y quienes defienden la democracia, el progresismo y la justicia social.
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El Departamento de Estado confirmó la revocación de las visas
La decisión que motivó las declaraciones fue anunciada el lunes 28 de septiembre por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La entidad informó que revocó las visas vigentes de la senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), así como las de Torres Romero y los familiares directos de ambos.
El comunicado identificó a Euclides Antonio Torres Romero como empresario privado y a Peralta como integrante del Senado colombiano. De acuerdo con el Departamento, las restricciones se aplicaron bajo políticas estadounidenses dirigidas a impedir el ingreso de extranjeros relacionados con investigaciones por corrupción pública, falta de transparencia o irregularidades financieras.
La información difundida por la diplomacia estadounidense no detalló los argumentos particulares que llevaron a retirar las autorizaciones de viaje de Peralta y Torres Romero. Tampoco precisó si existían procesos específicos contra ellos ni los alcances de la referencia a la estrategia regional Escudo de las Américas.
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Peralta afirmó que conoció la revocación a través de publicaciones en medios de comunicación y redes sociales. En un video, señaló que acudirá a la Cancillería, la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de ese país para solicitar una explicación formal sobre las razones de la medida.
“He conocido por parte de los medios de comunicación y las redes sociales que mi visa ha sido revocada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada y ante el mismo gobierno de Estados Unidos, que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”, expresó la senadora.
La congresista vinculó el retiro del visado con una campaña de desprestigio que, según dijo, incluyó ataques mediáticos, judiciales y en redes sociales. Aseguró que mantendrá activo su trabajo político con las comunidades que representa.
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