El Ejército Nacional respondió a la denuncia de la Junta de Acción Comunal de Guaduales Nueva Esperanza, del municipio de La Macarena, departamento del Meta, en la que sostienen que militares dispararon y mataron a Luis Carlos Mojica Guzmán, reconocido líder comunitario de la zona.
En un comunicado a la opinión publica emitido el 29 de septiembre, la institución castrense se refirió al hecho registrado el 22 de septiembre, en el que la organización social sostuvo que el hombre estaba desarmado en una casa rural del municipio.
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Sin embargo, el Ejército Nacional negó haber operado en esa vereda y afirmó que el hombre era un integrante de las disidencias de las Farc abatido en un municipio y departamento distintos.
Inicialmente, la Junta de Acción Comunal de Guaduales Nueva Esperanza denunció el viernes 25 de septiembre que Mojica Guzmán recibió varios disparos en presencia de Luis Carlos Guerrero y de una de sus hijas, dentro de una vivienda rural familiar. El comunicado lo identificó además como miembro de la junta de acción comunal de Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare.
La organización también denunció presuntas agresiones contra Yuli Andrea Motta Tívar. Según recopiló Cambio, la mujer habría sido amarrada, golpeada y obligada a quitarse prendas durante un interrogatorio atribuido a integrantes del Ejército.
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La JAC denunció además que militares retiraron el cuerpo de Mojica Guzmán y que, al momento de difundir la denuncia, desconocían su paradero. Los pobladores pidieron una investigación inmediata, independiente, imparcial y efectiva sobre lo ocurrido.
Versión oficial
No obstante, desde el Ejército Nacional aseguraron que no registró operaciones en la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, en esa fecha. Según la institución, el procedimiento se desarrolló en la vereda Itilla, municipio de Calamar, departamento del Guaviare, y las actuaciones en el lugar estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
La fuerza informó que activó protocolos para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. También afirmó que no es procedente anticipar una calificación jurídica sobre señalamientos como retención o secuestro hasta que las autoridades determinen lo ocurrido.
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“(...) Acción en la que falleció Luis Carlos Mojica Guzmán, conocido dentro de la organización como alias Rafael, parte del anillo de seguridad de alias Rogelio Benavides señalado cabecilla de esta estructura”, señaló la institución en un comunicado.
El Ejército añadió que, según sus informes preliminares, la maniobra no incluyó tratos crueles, inhumanos o degradantes, y advirtió que no corresponde anticipar una calificación jurídica sobre las actuaciones denunciadas mientras las autoridades no establezcan las circunstancias concretas.
También existen contradicciones en la identidad del fallecido. Mientras la JAC presentó a Mojica Guzmán como civil y dirigente comunitario, el Ejército lo señaló como alias Rafael e integrante del anillo de seguridad de alias Rogelio Benavides, a quien identifica como cabecilla de la estructura armada. La operación estaba dirigida contra esa estructura, vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, según la institución.
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“Es de especial relevancia informar que las actuaciones en el sitio fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta a la fecha con material probatorio y evidencia física, que demostraría la función continua de combate del fallecido y de los procedimientos realizados respecto al cuerpo, los elementos hallados y entrevistas a la población”, indicó el Ejército.
Según la institución militar, la operación contó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y se originó tras información de inteligencia sobre movimientos de integrantes del frente John Linares. Esa versión no resuelve la diferencia con el relato comunitario sobre el lugar donde murió Mojica Guzmán.
El Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) informó a Cambio que durante la operación se incautaron 14 proveedores para fusil, más de 500 cartuchos, una granada de fragmentación IM26, cuatro equipos de campaña y cinco chalecos multipropósito.
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Investigaciones sobre las denuncias y el operativo
La Defensoría del Pueblo pidió al Ejército información completa sobre lo sucedido y solicitó a las autoridades esclarecer los hechos con diligencia y oportunidad. La comunidad reclamó que se determinen las responsabilidades por la muerte y las presuntas vulneraciones contra Motta Tívar.
Por su parte, el Ejército señaló que atenderá los requerimientos del Ministerio Público y de las autoridades judiciales. También informó que colaborará con las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación y de la Justicia Penal Militar, además de sus verificaciones internas.
“El Ejército Nacional reitera que el cumplimiento de la misión constitucional de cara al debilitamiento de los grupos armados al margen de la ley, se mantiene y mantendrá en absoluto apego a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)”, concluyeron.
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