El Mecanismo de Expertos Independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley afirmó que Colombia debe evaluar los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto en las comunidades afrocolombianas.
Los expertos presentaron sus conclusiones en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra, Suiza, sobre las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella contra los grupos armados y el narcotráfico. Pidieron que esas políticas incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y aseguren la participación de las comunidades afectadas.
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La fumigación aérea y el riesgo para comunidades marginadas
La eventual reanudación de las fumigaciones aéreas debería estar precedida por una evaluación adecuada de sus consecuencias sobre la salud, la seguridad alimentaria y el ambiente. La preocupación se concentra especialmente en las comunidades afrocolombianas y otros grupos marginados y racializados que viven en las zonas afectadas o sus cercanías.
Víctor Rodríguez, miembro experto del Mecanismo, afirmó que las medidas frente a la crisis no pueden repetir formas históricas de discriminación: “Las medidas adoptadas en respuesta a ello no deben reproducir patrones arraigados de exclusión racial y criminalización”, dijo durante su intervención.
Desde su conocimiento, “las políticas en materia de seguridad y drogas deben basarse en los derechos humanos y la salud pública, incorporar un enfoque étnico-racial y garantizar la participación significativa de las comunidades afectadas”, agregó Rodríguez.
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La conclusión surgió tras una visita a Bogotá, Quibdó, Cartagena y Cali, realizada entre el 4 y el 14 de mayo de 2026. El organismo observó que el racismo sistémico continúa arraigado en las instituciones policiales y de justicia penal colombianas.
Los estereotipos que vinculan a las personas de ascendencia africana, en particular a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad inciden en los contactos con la policía, las sanciones penales o disciplinarias, el acceso a la justicia y la obtención de reparaciones efectivas.
También generó inquietud la propuesta de crear bloques de defensa para la seguridad urbana. Sin garantías jurídicas precisas, supervisión independiente y mecanismos eficaces de rendición de cuentas, estas unidades podrían agravar el perfilamiento racial, la estigmatización y la violencia policial contra jóvenes afrodescendientes y otras poblaciones históricamente racializadas.
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Tracie Keesee, presidenta en funciones del Mecanismo, sostuvo que toda expansión de la vigilancia urbana debe tener límites estrictos: “Cualquier ampliación de las operaciones de seguridad o de la vigilancia policial urbana debe ir acompañada de estrictas garantías contra la discriminación racial y el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza”.
En ese mismo sentido, precisó que “una actuación policial eficaz requiere decisiones basadas en pruebas, una supervisión independiente y confianza. No puede basarse en estereotipos raciales, objetivos de cumplimiento informales o la percepción de comunidades enteras como amenazas para la seguridad”.
Multas, detenciones y hacinamiento en instalaciones transitorias
El Mecanismo recibió información sobre controles y requisas policiales reiterados e injustificados, empleo excesivo y en ocasiones letal de la fuerza, y aplicación discriminatoria de citaciones y multas conocidas como comparendos. Estas sanciones podrían estar asociadas con cuotas policiales informales.
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Las multas impagas afectan de manera desproporcionada a jóvenes afrocolombianos y a personas en desventaja socioeconómica, restringen su acceso al empleo y prolongan ciclos de exclusión y criminalización. Por ese motivo, los expertos recomendaron una moratoria sobre los comparendos y sus multas mientras se revisa su impacto sobre los derechos humanos, además de cancelar las deudas pendientes.
La visita también documentó condiciones extremadamente precarias en centros de detención transitoria: hacinamiento grave, falta de luz natural y ventilación, higiene deficiente, atención médica inadecuada y escasez de alimentos y suministros básicos.
Instalaciones previstas para retenciones de hasta 36 horas albergan a personas durante meses e incluso años, muchas de ellas afrodescendientes. Frente a los planes oficiales de intensificar detenciones y operativos, el Mecanismo alertó que una mayor cantidad de arrestos puede empeorar esas condiciones.
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Los especialistas instaron a las autoridades a no convertir las instalaciones transitorias en centros de prisión preventiva prolongada ni en cárceles, salvo que cumplan por completo las normas internacionales de derechos humanos.
El organismo valoró que Colombia haya reconocido la existencia de racismo sistémico y las medidas previas para promover el diálogo durante las manifestaciones, impulsar iniciativas contra la discriminación racial y fortalecer la memoria histórica y la justicia reparadora. Solicitó preservar y reforzar esos avances durante la transición gubernamental.
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