Inició oficialmente el cumplimiento de las sanciones propias que estableció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, que hicieron parte del último secretariado de las Farc-EP. La Jurisdicción informó que los comparecientes, condenados por los crímenes que cometieron en el conflicto armado, están adelantando acciones de reparación por más de 21.000 secuestros.
“Deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta 8 años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos”, precisó la JEP en un hilo publicado en su cuenta de X.
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De acuerdo con el reporte del tribunal de justicia transicional, los exguerilleros empezaron a cumplir con su condena el 21 de septiembre de 2026. Sus obligaciones inciales se centran en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, y en la construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.
El proceso de recuperación de los cuerpos en el camposanto se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre, bajo el liderazgo de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd). La Jurisdicción informó que, además de los exmiembros del antiguo secretariado de las Farc, hay otras personas que están trabajando en la intervención forense que se adelanta en el cementerio: integrantes de la fuerza pública que estuvieron involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas y exintegrantes del extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP.
“En el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito han sido recuperados 54 cuerpos de personas no identificadas con el trabajo de comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, y nueve víctimas han sido entregadas dignamente a sus familias”, precisó la Jurisdicción.
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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la JEP, 14 personas fueron secuestradas en Huila por el grupo armado y hasta el momento siguen desaparecidas. Sin embargo, el universo de secuestros y desapariciones en el departamento es mucho más amplio: se documentan al menos 254 hechos de secuestro y 262 víctimas acreditadas. De igual manera, en ese departamento fueron asesinadas 35 personas, que, además, fueron presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado (ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos); todavía están desaparecidas.
“El trabajo entre comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública en este cementerio se convierte también en un espacio de reconciliación. Quienes durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado, hoy trabajan de manera conjunta para contribuir a la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas y, con ello, a la restauración de las víctimas”, añadió.
Rodrigo Londoño se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que expresó su satisfacción por iniciar el cumplimiento de la sanción propia que le fue impuesta por la JEP. Su condena es de ocho años, tiempo en el que deberá desarrollar todo tipo de acciones reparativas por los crímenes que cometió siendo el último comandante de las extintas Farc y coordinador del Bloque Magdalena Medio.
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“Nos llena de satisfacción iniciar el cumplimiento de la sanción impuesta por la JEP. Martí decía: la mejor forma de decir, es hacer. Hoy, desde Pitalito, Huila, trabajamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cumpliéndole a Colombia y a las víctimas. La paz vencerá”, escribió en la red social.
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