Un juez ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de Sebastián Alejandro Mota Muete, procesado por el asesinato de su exsuegra y por el presunto intento de ataque contra su expareja en una vivienda de la localidad de Kennedy, en Bogotá.
La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio, cargos que el acusado no aceptó.
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El caso ocurrió se reportó la noche del martes 15 de septiembre de 2026, cuando, según la investigación que desarrolló el ente acusador, Mota Muete llegó a la casa de su expareja “de forma abusiva” a las 9:32 p. m., explicó el fiscal, e “ingresa, la encuentra a ella y sube al segundo piso”.
La Fiscalía sostiene que la mujer fue atacada por su expareja en medio de una discusión. Sus gritos alertaron a su madre, que intervino para protegerla.
En ese momento, de acuerdo con el ente acusador, la mujer recibió heridas con un arma cortopunzante que le ocasionaron su muerte.
La madre intervino tras escuchar los gritos de su hija
La investigación plantea que la agresión se produjo en medio de una serie de actos de violencia contra la expareja del procesado.
El fiscal indicó que la víctima pidió ayuda y su madre descendió para intervenir. “La aprieta del cuello y, al escuchar ella solicitar que la defendiera su señora madre, bajan y allí es donde, con un cuchillo, agrede a esta ciudadana”, sostuvo el representante del ente acusador.
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La mujer falleció a causa de las lesiones recibidas, según la hipótesis presentada por la Fiscalía, y el expediente judicial también contempla que ella había afrontado situaciones de violencia psicológica antes de su muerte, un elemento que será valorado durante el proceso.
Tras el ataque, Mota Muete habría escapado por los techos de inmuebles vecinos, pero gracias a la oportuna reacción por parte de los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, lo persiguieron y lograron capturarlo en flagrancia.
La Fiscalía investiga un presunto ciclo previo de violencia contra la expareja
Para el ente investigador, el hecho del 15 de septiembre no habría sido aislado. Durante las indagaciones fueron recopilados elementos que apuntarían a episodios anteriores de presunta violencia física, psicológica y de control contra la expareja de Sebastián Alejandro Mota Muete.
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La Fiscalía señaló que el investigado presuntamente seguía a la mujer y acudía a su lugar de trabajo para vigilarla. También habría tratado de controlar la forma en que vestía y las personas con las que se relacionaba.
“Iba a asediarla y a ubicarla para que mantuvieran a la fuerza una relación de tipo sentimental”, afirmó el fiscal, al referirse a los elementos que integran la investigación sobre la relación entre el procesado y la joven.
Entre los hechos que son materia de análisis figura una agresión anterior en la que el hombre presuntamente le habría provocado una fractura en la nariz a su expareja.
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Dicha circunstancias hicieron parte de los argumentos planteados por la Fiscalía para solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El ente acusador también indicó que la madre de la joven habría sufrido violencia psicológica. Según la investigación, la mujer era obligada a presenciar agresiones contra su hija, una situación que refuerza la hipótesis de un entorno de violencia previa dentro del núcleo familiar.
Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a Mota Muete por feminicidio agravado y tentativa de feminicidio.
El procesado no aceptó los cargos, por lo que el caso continuará bajo las etapas previstas en el sistema penal colombiano.
La decisión del juez de enviarlo a un establecimiento carcelario implica que permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Bogotá registró 11 feminicidios hasta julio, pero 809 mujeres fueron valoradas en riesgo extremo
Bogotá registró 11 feminicidios entre enero y julio de 2026, dos menos que en el mismo periodo de 2025, según el más reciente boletín del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género que se compartió por parte de la Secretaría de la Mujer a inicios de septiembre.
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La reducción de casos no disminuye la necesidad de prevención, debido a que durante los primeros seis meses del año 1.869 mujeres fueron valoradas por riesgo de feminicidio y 809 de ellas quedaron clasificadas en nivel extremo.
Los 11 feminicidios ocurrieron en cinco localidades. Bosa y Ciudad Bolívar concentraron tres casos cada una; Usaquén y San Cristóbal tuvieron dos, mientras que Chapinero registró uno.
Las cifras muestran que el feminicidio representa la expresión más grave de las violencias contra las mujeres, pero no es el único indicador que requiere atención institucional.
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Más de 1.800 mujeres fueron evaluadas por posible riesgo de feminicidio:
La valoración de riesgo permite identificar situaciones que pueden escalar y activar medidas de protección antes de que se produzcan nuevos hechos de violencia.
En este proceso interviene el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT), un mecanismo que busca coordinar la respuesta de las entidades frente a mujeres identificadas con riesgo de feminicidio.
Entre enero y junio de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses valoró a 1.869 mujeres por riesgo de feminicidio en Bogotá. De ese total, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo.
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La clasificación permite a las entidades conocer la gravedad de cada caso y definir las rutas de acompañamiento, protección y acceso a la justicia. El objetivo es evitar que situaciones de amenazas, agresiones físicas, violencia psicológica, control o persecución avancen hacia hechos que pongan en peligro la vida de las mujeres.
Secretaría de la Mujer realizó más de 252.000 atenciones
Entre enero y julio, la Secretaría Distrital de la Mujer registró 252.353 atenciones. El 64% estuvo relacionado con situaciones de violencia.
Kennedy fue la localidad con más registros, con 17.133 atenciones. Le siguieron Ciudad Bolívar y Bosa, zonas que también concentraron parte de la demanda de los servicios institucionales y, en el caso de Bosa y Ciudad Bolívar, los mayores números de feminicidios reportados durante el periodo.
Las atenciones incluyen orientación, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y activación de rutas para mujeres que enfrentan hechos de violencia. La alta demanda en algunas localidades permite identificar territorios donde se requieren mayores recursos institucionales y presencia de servicios especializados.
La Secretaría también registró 2.756 activaciones de rutas y servicios durante los primeros siete meses de 2026. Estos mecanismos buscan conectar a las mujeres con entidades que pueden intervenir según cada caso, desde medidas de protección hasta denuncias penales y atención en salud.
El acceso a la justicia fue otro de los componentes de la respuesta institucional. En las Casas de Justicia, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención de la Fiscalía, 10.141 mujeres recibieron atención sociojurídica entre enero y julio.
En esos mismos espacios, 4.970 mujeres accedieron a atención psicosocial. Además, comenzó la representación jurídica de 713 casos, de los cuales 565 correspondieron a trámites relacionados con medidas de protección.
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