Las familias de 14 municipios de Chocó que perdieron sus viviendas o no pueden habitarlas tras el terremoto del 10 de agosto comenzaron a recibir el primer mes de un apoyo económico temporal.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) destinó más de $3.324 millones para esta etapa inicial, que hace parte de una ayuda prevista durante tres meses. Los recursos se entregarán a los hogares inscritos y verificados en el Registro Único de Damnificados (RUD), cuya vivienda figure como destruida o no habitable por los efectos del sismo.
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El pago corresponde a una medida transitoria para cubrir necesidades de alojamiento mientras las autoridades definen las acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas.
Los jefes de hogar registrados podrán reclamar el dinero durante 15 días calendario en los puntos de SuperGiros habilitados en el departamento. El trámite es presencial y exige la presentación del documento de identidad original. La Ungrd precisó que el giro se efectuará únicamente a la persona que aparezca como responsable del hogar en el registro oficial.
El primer desembolso cubre a familias de Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.
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Los hogares recibirán montos distintos según la categoría de cada municipio
El valor mensual del subsidio se definió de acuerdo con la categoría territorial del municipio donde reside cada familia.
Los hogares ubicados en municipios de categorías uno y dos, además de los distritos especiales, recibirán $1.050.543 mensuales, una suma equivalente al 60% de un salario mínimo mensual legal vigente.
Para las familias de municipios en categorías tres y cuatro, el apoyo será de $875.452,50 al mes. En las localidades clasificadas en categorías cinco y seis, el monto será de $787.907,25 mensuales.
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La transferencia se contempla durante tres meses. De ese modo, un hogar en un municipio de las categorías uno o dos podría recibir hasta $3.151.629 durante todo el período, siempre que mantenga las condiciones que sustentaron su inclusión en el programa.
La ayuda se asigna por hogar y no por cada integrante de la familia. Las alcaldías deben certificar que los beneficiarios vivían en el municipio cuando ocurrió el terremoto y que la vivienda registrada como residencia sufrió daños que impiden su ocupación.
Tras recibir la documentación de los municipios, la Ungrd realiza cruces de datos para comprobar la identidad de las personas incluidas en el RUD y prevenir pagos duplicados. La entidad también indicó que los damnificados no deben presentar solicitudes individuales directamente ante la Unidad, ya que el proceso depende de la información certificada por las autoridades locales.
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La Ungrd informó que el pago iniciado en Chocó será el primero de una serie de desembolsos para las regiones golpeadas por el sismo. Los hogares beneficiarios de Cali, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío aún esperan la finalización de los procedimientos administrativos para definir las empresas postales que harán las entregas.
Las fechas de cobro en esos territorios serán comunicadas por los canales oficiales de la entidad. Hasta el momento, la Unidad no informó cuántos hogares recibirán los recursos en el conjunto de departamentos afectados ni el presupuesto total previsto para los tres meses de asistencia temporal.
La Ungrd pidió a los damnificados verificar cualquier información relacionada con los giros antes de entregar datos personales. Según la entidad, han circulado mensajes y correos fraudulentos que anuncian supuestos pagos y utilizan de forma indebida nombres, logotipos e imágenes vinculadas con entidades públicas y empresas de giros.
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Las autoridades recomendaron no ingresar a enlaces recibidos mediante mensajes no verificados, no efectuar pagos para acceder al apoyo y no compartir información personal con terceros. Los beneficiarios deben acudir a los puntos y mecanismos que sean anunciados por los canales institucionales.
El Gobierno anunció el Fondo Milagro para financiar la atención y la reconstrucción
El inicio de los pagos se conoce después de que la Presidencia comunicara la creación del Fondo Milagro, un patrimonio autónomo que buscará reunir los recursos destinados a la atención humanitaria, la recuperación y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
La medida quedó contemplada en el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026, expedido bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica. El mecanismo prevé concentrar aportes del Presupuesto General de la Nación, cooperación internacional, donaciones, créditos y recursos territoriales para financiar intervenciones en vivienda, salud, educación, agua potable, saneamiento, vías y reactivación económica.
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“La creación del Fondo Milagro busca acelerar la ejecución de las intervenciones prioritarias y fortalecer el seguimiento sobre cada peso”, indicó la Presidencia en la información divulgada sobre el decreto. El Gobierno señaló que los recursos permanecerán en la Cuenta Única Nacional y que los giros se realizarán de forma directa a los destinatarios finales, después de la certificación del cumplimiento contractual y de la entrega de bienes o servicios.
De acuerdo con la comunicación de Presidencia, el fondo tendrá un Consejo Directivo con delegados del presidente, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Ungrd. También se prevé control fiscal de la Contraloría General de la República y una auditoría externa a cargo de una firma internacional seleccionada mediante convocatoria pública.
El Decreto 1380 del 9 de septiembre incluyó recursos excepcionales para las empresas prestadoras de energía, con el objetivo de sostener el servicio y reparar las redes afectadas. La medida contempla la protección del suministro eléctrico en hospitales, acueductos, albergues y viviendas de las zonas damnificadas.
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El avance de los pagos en Chocó y la puesta en marcha de los instrumentos financieros anunciados por el Ejecutivo marcarán la siguiente etapa de la respuesta estatal ante los daños que dejó el sismo del 10 de agosto en el departamento y otras zonas del país.
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