Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, fue trasladada con esposas en sus manos y pies, además de cadenas, para comparecer ante diligencias judiciales en Ibagué.
Las imágenes del procedimiento se difundieron en redes sociales y mostraron el esquema de custodia que acompaña a la influencer durante sus salidas del centro penitenciario de Picaleña.
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En los videos y fotografías que circularon este 11 de septiembre se ve a Barrera Rojas escoltada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mientras avanza hacia los juzgados ubicados en el sector de Los Arrayanes, cerca de la avenida Ambalá y la calle 69 de la capital del Tolima.
La interna llevaba dispositivos de sujeción en las extremidades superiores e inferiores, junto con una cadena que restringía su movimiento. El operativo también incluyó la presencia de personal penitenciario en el ingreso y la salida de las instalaciones judiciales.
Las condiciones del traslado provocaron comentarios entre usuarios de redes sociales, que cuestionaron el alcance de las medidas aplicadas a la creadora de contenido. Otros remarcaron que Barrera Rojas está privada de la libertad y que las autoridades deben definir los protocolos de seguridad para cada desplazamiento fuera de la prisión.
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Los procedimientos parten desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña, donde Epa Colombia permanece recluida desde agosto. Desde ese establecimiento, el INPEC organiza sus movilizaciones para que pueda asistir a las actuaciones requeridas por la Justicia.
La influencer cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas. La sentencia se relaciona con los hechos de noviembre de 2019, cuando dañó instalaciones del sistema TransMilenio en Bogotá en medio de las protestas sociales de ese período.
El caso tomó notoriedad por los videos que la propia Barrera Rojas publicó en redes sociales durante esos hechos. Ese material fue incorporado al proceso que culminó con la condena, cuya ejecución se mantiene vigente.
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Antes de su reclusión en Ibagué, Barrera Rojas permanecía en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. El traslado hacia Tolima ocurrió el 7 de agosto, después de cuestionamientos sobre supuestos beneficios que habría recibido en el lugar de detención de la capital.
El cambio de establecimiento implicó que las salidas a los despachos judiciales se realicen bajo custodia desde la cárcel de Picaleña. Las imágenes conocidas en las últimas horas exhibieron parte de ese protocolo, que contempla la inmovilización de la condenada durante el trayecto y su ingreso a los juzgados.
La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas también ha vuelto a quedar en el centro de la discusión tras recientes declaraciones de su abogada, Wendy Herrera, quien aseguró que revisa las actuaciones previas de la defensa para corregir lo que considera errores en el manejo del expediente.
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La representante legal respondió en redes sociales a seguidores de la empresaria que preguntaban por una eventual modificación de su condición de reclusión. “Estamos trabajando”, expresó Herrera, antes de señalar que debió asumir el caso desde el inicio para subsanar aspectos que, según afirmó, se hicieron de forma incorrecta.
La abogada no especificó qué recursos judiciales están en trámite, qué decisiones anteriores busca cuestionar ni cuándo podría haber novedades ante los tribunales. Por ese motivo, sus declaraciones no permiten establecer si existe una posibilidad cercana de que Barrera recupere la libertad o si se modifican las condiciones de cumplimiento de su pena.
La defensa de Epa Colombia ha enfrentado restricciones vinculadas con la naturaleza de los delitos por los que fue condenada. Herrera mencionó que hubo acuerdos relacionados con figuras penales que limitan el acceso a determinados beneficios, aunque no detalló cuál será la estrategia jurídica que aplicará en esta nueva etapa.
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Barrera está privada de la libertad desde enero de 2025 por la condena derivada de los daños a estaciones de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019. Desde entonces, familiares, seguidores y figuras públicas han impulsado mensajes en redes sociales que reclaman una revisión de su situación.
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