Con la condena a tres años de prisión de Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, tras establecer un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se conocieron detalles de la manera en que Juliana Guerrero, cercana al expresidente de la República Gustavo Petro, obtuvo los dos títulos conferidos por este centro de educación superior, según las evidencias de manera fraudulenta.
El ente acusador reveló que los diplomas de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria a nombre de Guerrero fueron expedidos por la fundación universitaria pese a que no cumplía los requisitos académicos; en una operación de la que quedó trazabilidad en los sistemas informáticos de la universidad, y que desataron una fuerte controversia, al comprobarse la manera en que la mujer.
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Según indicó la Fiscalía, la operación se llevó a cabo en julio de 2025 en MiMatrix, la plataforma tecnológica de la Fundación de Educación Superior San José, en Bogotá. En esta plataforma, se identificó que Gutiérrez usó el perfil 3486 de la misma, el cual le daba acceso a las etapas de verificación y autorización de los procesos académicos; en un acceso que posteriormente aprovechó para convalidar los estudios de Guerrero.
Un perfil con permisos para validar los títulos
Como secretario general y profesional en ingeniería de sistemas, Gutiérrez, que además no podrá ejercer cargos públicos durante el mismo tiempo de la condena, tenía entre sus responsabilidades la validación de información y la certificación de los títulos emitidos por la institución. Ese acceso fue el que permitió avalar la expedición de los documentos a nombre de Guerrero, sin que hubiera asistido a clases.
Según la Fiscalía, el exfuncionario empleó “un perfil de administrador que le permitía realizar todo tipo de actuaciones” dentro de la plataforma. Desde allí autorizó dos diplomas y dos actas de grado, pese a que los controles externos no habían dado luz verde a la emisión de los títulos, que fueron fechados con el 1 de julio de 2025 y que como demostró cómo se habrían registrado una serie de irregularidades que salieron a la luz.
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Como reveló en su momento la hoy senadora Jennifer Pedraza, el ente investigador comprobó que Guerrero, que en su momento fue candidata al viceministerio de la Juventud, no cumplía las exigencias para obtener ninguno de los dos grados. No había registro de asistencia a clases, evaluaciones ni cumplimiento del plan de estudios, lo que dio origen a una serie de sospechas que terminaron develando el escándalo en la entidad.
En la audiencia en la que se dio validez al preacuerdo firmado por Gutiérrez, la fiscal del caso explicó ante el juez que los documentos certificaban, de manera irregular, que la joven había cumplido los requisitos académicos y reglamentarios. “Con fundamento en que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”, leyó la delegada de la Fiscalía.
La acusación indicó que esa certificación se emitió pese a que Guerrero no había presentado las pruebas Saber Pro, exigidas para el grado profesional, ni las pruebas requeridas previamente para recibir el título de tecnóloga. Frente a la controversia generada en el caso Guerrero, la institución educativa anuló los dos títulos el 7 de noviembre de 2025, al no hallar actividad académica, como asistencia a clases o evaluaciones.
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¿Qué dijo la Fiscalía sobre Luis Carlos Gutiérrez?
En lo que respecta al exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, la Fiscalía señaló que Gutiérrez conocía las facultades de su cargo y el alcance de los documentos que autorizó. Es válido señalar que se pudo comprobar que, en sus facultades, el exempleado del centro de educación validó los títulos pese a que los mecanismos de control externos habían advertido que no procedía su expedición.
“Autorizó mediante su perfil la expedición” de los cuatro documentos cuestionados, según señaló la fiscal del caso, en diplomas y actas que consignaban información contraria a la realidad académica de Guerrero: que, además, fue la representante del Gobierno Petro en la Universidad Popular del Cesar. Según el expediente, Gutiérrez tenía “plena capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento”, que lo llevó a la justicia.
En ese sentido, Gutiérrez aceptó responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público. En la diligencia, el exsecretario de la Fundación Universitaria San José ofreció disculpas por su actuación, al reconocer que violó el reglamento jurídico de este país y la normativa de educación superior, en la que su formación y experiencia le permitieron conocer los efectos de los documentos emitidos.
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