Mientras el Gobierno nacional sigue en su plan de completar las auditorías y el empalme en las instituciones del Estado, en la mañana del lunes 31 de agosto se conoció de la salida de otros funcionarios de la administración Petro, en medio de la depuración anunciada por Abelardo de la Espriella.
Según información conocida por El Colombiano, el nuevo presidente tomó la decisión de declarar insubsistentes a varios cargos que permanecían en sus puestos pese al cambio de mandato, una medida que busca responder a viejos problemas heredados de la gestión de Gustavo Petro y limpiar la estructura estatal de quienes se resistían a dejar sus funciones.
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La figura de la declaración de insubsistencia implica que el Estado da por terminado de forma unilateral el vínculo laboral de determinados empleados públicos, normalmente bajo la figura de libre nombramiento y remoción. En la práctica, esto significa que pierden de inmediato su lugar en la administración y deben abandonar el cargo, como sucedió con varios perfiles que se negaban a presentar su renuncia.
Entre los nombres que más resonaron está Milver Rojas, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), y quien ocupó el puesto como ficha del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Rojas fue apartado oficialmente el jueves 27 de agosto en medio de una serie de críticas y denuncias que pesaban sobre su gestión.
Durante su administración, Rojas no ejecutó 5.800 millones de pesos destinados al FNE en 2024, pese al déficit de 3.000 millones para la compra de medicamentos. Además, varias fuentes internas denunciaron al diario nacional que retenía pagos y asignaciones a contratistas que no eran cercanos a él.
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El paso de Rojas por el fondo también estuvo marcado por acusaciones sobre la presunta presentación de cifras erróneas al Colegio de Químicos Farmacéuticos respecto al desabastecimiento de medicamentos.
El caso Wilmar Mejía y la sospecha de infiltración
Dentro de los funcionarios declarados insubsistentes figura Wilmar Mejía, quien dirigió la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y tuvo un papel en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Mejía está bajo investigación por sus supuestos vínculos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.
Según documentos y testimonios revelados por varios medios de comunicación, la denuncia principal se centra en la posibilidad de que el grupo armado haya infiltrado la Dirección Nacional de Inteligencia mientras Mejía estaba al mando. Conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos sugerían que el exdirector mantuvo reuniones con miembros de las disidencias y les filtró información confidencial. Por este motivo, la Procuraduría lo suspendió tres meses y, tras su reincorporación, fue finalmente declarado insubsistente por el actual gobierno.
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Asimismo, el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad aceleró las salidas. Su liquidador, John Milton Rodríguez, ordenó la desvinculación de cuatro viceministros. Dos de ellos, Tamara Ospina (de Mujeres) y Pablo Zabala (de Juventudes), se negaron a renunciar y fueron declarados insubsistentes. Ospina, que había retomado su cargo en septiembre de 2025, arrastraba denuncias de acoso laboral, persecución política y violencia de género.
En el caso de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la renuncia de Amelia Pérez se produjo el 19 de agosto, poco después de la llegada del nuevo presidente. Aunque no fue declarada insubsistente, su salida estuvo rodeada de controversias por los 35.129 registros de animales incautados que desaparecieron durante su gestión y por las denuncias de acoso laboral en la entidad.
El recambio alcanzó también al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), donde fue removida Letty Leal, quien estaba a cargo del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Leal había asumido la dirección interina tras la salida de Angie Rodríguez, protagonista de denuncias contra la administración de Petro en el tramo final de su gobierno.
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