La decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de objetar el Proyecto de Ley 056 de 2024 Cámara – 345 de 2024 Senado, que establece disposiciones relacionadas con los requisitos mínimos para acceder a cargos directivos en el sector público y empresas mixtas, generó un nuevo debate entre el Ejecutivo y el Congreso.
La iniciativa, promovida por el senador Hernán Cadavid, busca establecer límites frente a la reducción de los requisitos exigidos para determinados cargos directivos y modificar las condiciones bajo las cuales pueden cambiarse los manuales de funciones de las entidades públicas.
El Gobierno objetó el proyecto por razones de constitucionalidad e inconveniencia. Según la posición oficial entregada por el Ejecutivo, la iniciativa invadiría competencias propias del Gobierno, introduciría trámites adicionales que podrían hacer más lenta la provisión de cargos directivos y establecería disposiciones que consideran innecesarias frente a normas que ya regulan estos requisitos.
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La decisión fue cuestionada por integrantes del Centro Democrático. En entrevista con El Tiempo, el representante a la Cámara Daniel Briceño defendió la facultad del Congreso para legislar sobre asuntos relacionados con la función pública y cuestionó los argumentos constitucionales utilizados por el Ejecutivo.
Daniel Briceño cuestionó las objeciones del Gobierno
Briceño explicó al diario que el proyecto tuvo un trámite complejo en el Congreso y que logró reunir el respaldo de diferentes bancadas antes de ser enviado al Ejecutivo.
“El proyecto costó mucho sacarlo. Tuvo mucha oposición en el Congreso pasado y, al final, se logró un acuerdo con diversas bancadas”, afirmó el representante.
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De acuerdo con su explicación, uno de los propósitos de la iniciativa es dificultar que los manuales de funciones puedan modificarse para reducir los requisitos establecidos para determinados cargos.
“Lo que hace literalmente es ajustar y hacer mucho más difícil que se puedan cambiar los manuales de funciones”, señaló Briceño durante la entrevista.
El congresista relacionó la discusión con modificaciones realizadas anteriormente en entidades estatales y mencionó el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). “Esto no puede seguir pasando, sobre todo en las entidades técnicas”, sostuvo.
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Briceño también cuestionó que el Gobierno haya decidido objetar la iniciativa después de que esta permaneciera pendiente de sanción presidencial. “Creo que es un muy mal mensaje del Presidente y del nuevo gobierno”, manifestó.
En ese punto, el representante planteó una interpretación sobre las razones de la decisión del Ejecutivo, al señalar que, a su juicio, la objeción podría estar relacionada con nombramientos y modificaciones de manuales de funciones. Sin embargo, se trata de una apreciación expresada por el congresista y no de una explicación oficial adicional del Gobierno frente a esos señalamientos.
La discusión por las competencias del Congreso
Uno de los principales puntos de desacuerdo entre Briceño y el Gobierno está relacionado con las objeciones de constitucionalidad.
El Ejecutivo considera que algunas disposiciones del proyecto invaden competencias propias de la administración y pueden afectar las facultades que tiene para organizar y gestionar el funcionamiento de las entidades públicas.
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Briceño, por su parte, no comparte esa interpretación. “Las objeciones tienen dos vías: unas de carácter constitucional y otras de conveniencia”, explicó.
Sobre los argumentos de conveniencia, consideró que estos se relacionan principalmente con las dificultades que podría generar la aplicación de la norma para la administración pública y el nombramiento de funcionarios.
Sin embargo, centró sus críticas en los reparos constitucionales.
“Las constitucionales son las que yo no comparto. Creo que el argumento es muy forzado: dicen que el Congreso no puede coadministrar”, afirmó.
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Para Briceño, el Congreso sí tiene competencia para establecer mediante leyes reglas relacionadas con la función pública.
“El Congreso de la República es quien decide las normas en materia de función pública”, sostuvo.
El representante argumentó que, si la tesis del Gobierno fuera aplicada de manera amplia, también quedarían cuestionadas otras normas mediante las cuales el Congreso ha regulado históricamente asuntos relacionados con el servicio público y la provisión de empleos estatales.
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“La Constitución Política le da al Congreso la facultad de regular este tipo de materias”, señaló.
¿Qué pasará con los manuales de funciones?
Mientras se resuelven las objeciones, el proyecto no ha entrado en vigencia. Por esta razón, las entidades públicas continúan sujetas al marco normativo actualmente aplicable.
Briceño explicó que, mientras no se resuelvan las objeciones y no se cumplan los procedimientos correspondientes, las disposiciones contenidas en la iniciativa no producen efectos.
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“La ley no está sancionada y, mientras no se solucionen las objeciones y no se surtan todos los pasos y procedimientos, la normativa no entra en vigencia”, indicó.
Por ahora, esto significa que los manuales de funciones pueden continuar siendo modificados conforme a las reglas vigentes. “La ley ahora no tiene efecto”, agregó el representante.
El Gobierno deberá buscar respaldo para defender sus objeciones
Otro de los asuntos que está sobre la mesa es el respaldo que pueda conseguir el Ejecutivo en el Congreso para defender las objeciones presentadas al proyecto.
Briceño señaló que todavía no conoce cuál será la estrategia del Gobierno frente a la discusión, aunque aseguró que ha identificado congresistas de otras bancadas que respaldan la iniciativa.
“No sé si el Gobierno se vaya a dar una pelea por mantener una norma de estas o por generar una guerra o un conflicto con el Centro Democrático con esta ley”, afirmó.
El representante también destacó que el escenario político puede resultar particular debido a que el Pacto Histórico fue uno de los sectores que, según su versión, se opuso al proyecto durante el periodo legislativo anterior.
“Lo más extraño, como yo lo veo, es que el Gobierno, para esta norma en específico, contaría con el apoyo del Pacto Histórico, que fue el gran opositor al proyecto durante los pasados cuatro años”, manifestó.
Briceño añadió que ha conversado con integrantes de otras bancadas que respaldan la idea de establecer límites frente a modificaciones de los manuales de funciones.
“Yo he hablado con congresistas de otras bancadas que dicen: ‘Sí, estamos de acuerdo, porque fue un proyecto que votamos’”, aseguró.
Briceño plantea volver a presentar la iniciativa
En caso de que las objeciones avancen y la controversia termine en la Corte Constitucional, Briceño señaló que el Centro Democrático estaría dispuesto a presentar nuevamente una iniciativa con un propósito similar. “Yo creo que lo haría la bancada completamente. Lo haríamos nuevamente”, afirmó.
El representante reconoció que un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional podría modificar el camino para una nueva propuesta y obligaría al Congreso a revisar el enfoque del proyecto.
“Cuando hay objeciones y va ante la Corte y demás, y la Corte se pronuncia sobre otros aspectos, ya se vuelve más difícil. Tocaría cambiar el enfoque y demás”, explicó.
Briceño manifestó además que espera que la Corte respalde la interpretación según la cual el Congreso puede establecer límites relacionados con la función pública.
“Yo espero que la Corte respalde nuestra posición, que es que nosotros sí podemos generar limitaciones en este tipo de cosas al Ejecutivo, así como nosotros regulamos toda la materia de función pública”, sostuvo.
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