La emergencia causada por el reciente terremoto en el Valle del Cauca dejó a cerca de 5.000 indígenas en situación de vulnerabilidad. Las comunidades afectadas, distribuidas en al menos 42 resguardos, aguardan la reconstrucción de sus hogares y la restitución de condiciones básicas de vida.
Los daños más severos se concentraron en zonas como Buenaventura y en varios municipios del norte del departamento, donde el impacto estructural sobre las viviendas obligó a muchas familias a buscar refugio en espacios comunitarios.
La Gobernación del Valle del Cauca desplegó equipos técnicos para evaluar los territorios indígenas, con el fin de determinar el alcance real de los daños y diseñar un plan de acción para la reconstrucción. Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos del Valle, informó que entre las comunidades más impactadas se encuentran los pueblos ubicados en el río San Juan, la comunidad Wounaan Nonam, Cocalito y Jooin Jeb, además de resguardos situados en municipios como El Dovio, El Águila y Ansermanuevo.
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Lenis detalló: “Desde el momento de la tragedia, hemos identificado alrededor de cuarenta y dos resguardos indígenas que han sido afectadas sus viviendas. Totalmente viviendas caídas. Tenemos comunidades y pueblos indígenas del río San Juan, en Buenaventura, la comunidad Waunan Nounan. También tenemos la comunidad de Cocalito. Hay una comunidad afectada de Llovyinuque y tenemos las comunidades del norte del Valle, de los municipios de El Cairo, El Águila, El Dovio, Ansermanuevo y una comunidad en Florida”.
Según el funcionario, la prioridad inmediata es entregar ayudas humanitarias mientras se completan los diagnósticos técnicos. Las autoridades han distribuido materiales como tejas y suministros básicos para cubrir las necesidades urgentes de las familias que perdieron sus casas. Lenis añadió: “Esta semana lo que sigue es cómo diagnosticamos de manera más precisa para poder avanzar en la reconstrucción, porque esa ha sido la instrucción de la gobernadora del Valle del Cauca, poder acompañarlos permanentemente y poder ir avanzando poco a poco para que ellos puedan tener su calidad de vida como la venían teniendo”.
El proceso de evaluación y atención cuenta con la colaboración de los gobernadores de los resguardos afectados y el respaldo de la Gestión de Riesgo Nacional. El propósito es que la asistencia y la reconstrucción se realicen con enfoque diferencial y pertinencia étnica, respetando las particularidades culturales de cada comunidad.
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La magnitud de la emergencia ha llevado a que algunas familias permanezcan aún en albergues improvisados dentro de sus resguardos, a la espera de soluciones definitivas. “Son más de cinco mil comunidades que hoy por hoy están damnificadas y que como gobernación hemos venido acompañando para poder solventar las necesidades que ellos han tenido”, puntualizó Lenis.
La Gobernación del Valle del Cauca indicó que mantendrá el acompañamiento constante a los pueblos indígenas afectados, priorizando la rehabilitación de las viviendas y la restauración de los espacios comunitarios. El registro detallado de los daños en el sistema EDAM y otras plataformas permitirá fortalecer la gestión ante organismos nacionales y canalizar recursos adicionales para la reconstrucción.
Mientras avanzan los trabajos de evaluación y entrega de ayudas, las familias indígenas siguen esperando soluciones estructurales que garanticen su seguridad y el restablecimiento de sus condiciones de vida. El desafío principal radica en atender a las comunidades más alejadas y asegurar que el proceso de reconstrucción sea inclusivo y respetuoso de sus tradiciones.
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El Gobierno inicia entrega de subsidios de arriendo para damnificados tras el terremoto
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció una serie de medidas para responder a la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto, centrando los esfuerzos en las ciudades y municipios más afectados, entre ellos varios del Valle del Cauca. El ministro Jaime Andrés Beltrán detalló que el plan de atención incluye la entrega de subsidios de arriendo, control de precios y un esquema de reconstrucción de viviendas.
Según explicó Beltrán, la primera fase consistió en la atención inmediata a las víctimas y ahora inicia la etapa de reconstrucción. “Hoy hemos llegado a la ciudad de Pereira con un ejército de profesionales que están caracterizando con profundidad el estado de las casas y esa caracterización nos permite arrancar de manera puntual lo que se llama subsidios de arriendo o unos beneficios económicos para estas familias puedan salir de los albergues y volver a un techo digno”, aseguró el funcionario.
El ministro advirtió que el aumento de los precios de alquiler en municipios como Pereira ha complicado la reubicación de los damnificados, por lo que se están implementando mecanismos legales para frenar la especulación. Además, la maquinaria de remoción de escombros y los equipos técnicos trabajan en paralelo para avanzar en la caracterización de los daños y la entrega de ayudas.
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El plan oficial contempla, además, la prórroga de licencias de construcción por 12 meses y la agilización de trámites para la reconstrucción, demolición y estructuración de viviendas. El ministro recalcó que la colaboración entre entidades públicas, aseguradoras, cajas de compensación y banca será fundamental para ofrecer tanto mejoramiento de viviendas como proyectos de vivienda nueva en los próximos meses.
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