El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que nueve personas privadas de la libertad murieron tras el incendio ocurrido en la madrugada del 10 de agosto en el Centro de Atención Transitorio Marte, en Buenaventura, mientras las autoridades avanzan con la identificación de los cuerpos y la investigación para establecer las causas de la conflagración.
El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, confirmó que los nueve cuerpos fueron trasladados desde Buenaventura hasta Tuluá debido a las limitaciones operativas de la sede local.
“Se confirmó el fallecimiento de nueve personas. Como nuestra sede en Buenaventura es pequeña y tiene limitaciones operativas en este momento, trasladamos estos cuerpos a Tuluá para hacer los abordajes correspondientes”, explicó.
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La atención del caso ocurre de manera simultánea con la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al occidente del país y generó daños en distintos sectores de Buenaventura.
Cortés señaló que, pese a las dificultades derivadas del sismo, la entidad debe continuar con la atención de otros hechos violentos y emergencias.
El incendio dejó además varios heridos y provocó graves daños en la infraestructura del centro transitorio.
De acuerdo con la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle, cerca del 90% de la estructura quedó afectada. Otros reportes señalan daños en más del 70% de las celdas y el colapso del techo.
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Ante las condiciones en las que quedó el establecimiento, el Gobierno nacional ordenó el traslado de los 376 internos que permanecían recluidos en el lugar. La decisión busca garantizar la seguridad de los detenidos y evitar nuevos incidentes o posibles fugas mientras se determina si el centro puede volver a ser utilizado.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la cartera coordinó la operación con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca.
El funcionario recordó que el Centro de Atención Transitorio Marte no está bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero aseguró que el Gobierno intervino para garantizar la seguridad durante la emergencia.
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“Estas acciones responden a dos prioridades: primero, garantizar la seguridad de la ciudadanía, evitando fugas, y preservar la dignidad de los reclusos; segundo, brindar la asistencia médica necesaria para proteger la salud de las personas privadas de la libertad”, afirmó Cancino.
El ministro agregó que, por razones de seguridad, las autoridades no entregaron detalles sobre el procedimiento utilizado para movilizar a los detenidos, aunque confirmó que los internos recibieron atención médica y que la situación estaba siendo controlada.
La reubicación comenzó de manera parcial. 160 sindicados fueron trasladados a centros de reclusión de otros municipios del Valle del Cauca, en un operativo en el que participaron autoridades departamentales, el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Policía y el Ejército.
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El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, explicó que entre las personas recluidas en Marte había integrantes de estructuras como Los Shottas, Los Espartanos y Los Chiquillos.
Según el funcionario, el perfil de algunos de los detenidos llevó a las autoridades a priorizar su traslado a establecimientos ubicados en otras ciudades y con mayores condiciones de seguridad.
Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el incendio se habría originado en medio de una riña entre grupos enfrentados dentro del centro. Sin embargo, también se investiga si el fuego estuvo relacionado con un posible intento de fuga masiva.
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La emergencia se produjo pocas horas después del terremoto que sacudió al occidente colombiano, situación que obligó a las autoridades a concentrar buena parte de sus capacidades en la atención de la población afectada.
Buenaventura fue uno de los municipios impactados por el movimiento telúrico, por lo que los organismos de seguridad y atención de emergencias debieron responder de manera simultánea a las dos situaciones.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, había informado inicialmente que cuatro internos habían muerto y dos habían resultado heridos. Sin embargo, el reporte posterior de Medicina Legal elevó a nueve la cifra de fallecidos.
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Ahora, la Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para determinar cómo comenzó el incendio, qué ocurrió durante el enfrentamiento y si hubo responsabilidades individuales o institucionales relacionadas con las muertes, los daños en la infraestructura y las circunstancias que permitieron que la conflagración se extendiera dentro del centro.