La controversia alrededor de las denuncias públicas contra el periodista Rafael Poveda volvió a tomar fuerza luego de que la abogada Ana Bejarano Ricaurte publicara una columna en la que cuestionó la versión entregada por el comunicador sobre el procedimiento que siguieron las periodistas del colectivo Yo te creo, colega antes de divulgar los testimonios en su contra.
Según la jurista, el periodista sí contó con la posibilidad de presentar su versión de los hechos, por lo que rechazó la narrativa de que nunca fue escuchado antes de la publicación.
La discusión surgió pocos días después de que Bejarano participara en la audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas como representante de una de las mujeres vinculadas al proceso penal que adelanta la Fiscalía por presunto acoso sexual. Aunque ambos casos no guardan relación judicial entre sí, el debate público terminó conectándolos debido a la participación de la abogada en ambos escenarios.
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En la columna, titulada “La estrategia Poveda”, Bejarano inició con una afirmación contundente al asegurar que el periodista “mintió” sobre las condiciones en las que fue contactado antes de que se hicieran públicos los testimonios que lo señalaban por presuntas conductas de acoso y abuso sexual.
De acuerdo con la abogada, el relato difundido por Poveda omitió información relevante sobre las comunicaciones sostenidas con las periodistas Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez.
“Poveda sí tuvo la oportunidad de presentar su versión de los hechos antes de la publicación”, afirmó Bejarano, al explicar que, tras un primer contacto telefónico, las periodistas decidieron enviarle un cuestionario con 22 preguntas relacionadas con los señalamientos en su contra.
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Según expuso la jurista, dicho documento fue remitido al mismo número de WhatsApp desde el cual previamente habían sostenido conversaciones con el comunicador. En ese mensaje, además de las preguntas, se le informaba que la identidad de las fuentes permanecería protegida y que sus respuestas serían recibidas antes de la fecha prevista para la publicación.
Para Bejarano, ese procedimiento cumplía con el deber periodístico de buscar la versión de la persona señalada.
“Tres días para contestar sobre los hechos de los que se le acusaba es suficiente tiempo para garantizar el equilibrio informativo”, escribió la abogada, quien sostuvo que el periodista decidió no responder el cuestionario y posteriormente construyó un relato público alrededor de que nunca le permitieron ejercer su derecho a réplica.
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La columnista también rechazó otra de las afirmaciones hechas por Poveda, relacionada con que esperaba recibir las preguntas por correo electrónico.
“Ello es categóricamente falso”, señaló Bejarano, asegurando que el cuestionario fue enviado el mismo día del primer contacto y mediante el canal de comunicación que ambas partes ya estaban utilizando.
En su análisis, la discusión dejó de centrarse únicamente en si existió o no un acercamiento previo y pasó a enfocarse en si ese cuestionario representaba una oportunidad real y suficiente para que el periodista respondiera antes de la publicación de los testimonios.
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La jurista afirmó que el comunicador utilizó la llamada inicial para sostener públicamente que nunca se le permitió defenderse, mientras que omitió mencionar el envío posterior del documento con las preguntas.
“Poveda empleó su característica voz, ampliamente conocida por las audiencias colombianas, y salió a vender el cuento de que no le habían ofrecido la posibilidad de dar su versión”, escribió Bejarano, quien calificó esa actuación como una estrategia que terminó afectando la percepción pública sobre las periodistas que divulgaron las denuncias.
Incluso reconoció que, inicialmente, ella misma cuestionó el procedimiento seguido por Yo te creo colega. Sin embargo, aseguró que cambió de opinión luego de revisar los mensajes y la cronología completa de las comunicaciones.
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“Nos equivocamos todos, porque ellas sí cumplieron con su deber”, expresó la abogada al señalar que muchas críticas surgieron sin conocer la totalidad del intercambio entre las partes.
Por su parte, Rafael Poveda ha reconocido públicamente que recibió el cuestionario con las 22 preguntas. No obstante, sostiene que dicho documento no representó una verdadera oportunidad para ejercer su derecho de defensa, pues, según su versión, la decisión de publicar los testimonios ya estaba tomada.
“No estaban buscando la verdad. Más bien querían justificar mi linchamiento en las redes sociales”, manifestó el periodista en un pronunciamiento, en el que también aseguró que responderá a las actuaciones de las autoridades acompañado por su equipo jurídico.
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Las periodistas de Yo te creo, colega admitieron que la primera llamada telefónica pudo resultar desafortunada, aunque defendieron que posteriormente enviaron el cuestionario y esperaron más de 48 horas antes de hacer pública la información.
En su columna, Bejarano también hizo referencia a las consecuencias que, según ella, tuvo la controversia para Sofía Vela, una de las mujeres que decidió revelar públicamente su identidad. La abogada aseguró que la denunciante recibió amenazas y cuestionó el tratamiento que parte de la opinión pública dio a las mujeres que relataron los hechos.
Asimismo, criticó que buena parte de la conversación se concentrara en juzgar las reacciones de las denunciantes en lugar de analizar las conductas denunciadas, insistiendo en que preguntas sobre por qué no reaccionaron de determinada manera trasladan el foco desde el presunto agresor hacia quien afirma haber sido víctima.
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Finalmente, Bejarano sostuvo que este debate podría desincentivar a otras mujeres a contar experiencias similares por temor a la exposición pública y al cuestionamiento social. Sin embargo, aclaró que sus planteamientos corresponden a un análisis personal contenido en su columna y no constituyen una decisión judicial.