El gobierno de Gustavo Petro expidió el nuevo marco tarifario de aseo para las empresas que prestan el servicio público en municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. La resolución quedó firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, en calidad de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc y presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
La Resolución CRA 1039 de 2026 adopta una nueva metodología tarifaria del servicio de aseo en Colombia para responder a la transición hacia una economía circular, el programa Basura Cero y la sostenibilidad ambiental. El cambio incorpora principios de justicia tarifaria, sostenibilidad, innovación y cierre de brechas, además de incentivos para la separación en la fuente, el aprovechamiento de residuos y la dignificación de las organizaciones de recicladores de oficio.
Dentro de la norma se plantea que la nueva metodología también se articule con el Plan Nacional de Desarrollo y con el programa Basura Cero. Uno de los cambios centrales, según la resolución, es que el sistema deje de concentrarse solo en la disposición final de residuos y avance hacia esquemas que incentiven el aprovechamiento.
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Argumentos del Gobierno sobre el nuevo esquema tarifario
El ministro Palma defendió la expedición de la medida como una modernización del servicio público de aseo. “Con esta decisión damos un paso histórico para modernizar el servicio público de aseo en Colombia”, afirmó el 4 de agosto de 2026 en rueda de prensa.
Añadió que “la regulación deja de concentrarse únicamente en la disposición final de los residuos y comienza a incentivar el aprovechamiento, la economía circular, la innovación y la dignificación de miles de recicladores de oficio”. También señaló que firmar la resolución como ministro de Vivienda ad hoc implica la responsabilidad de impulsar una política pública que pone en el centro a las personas, al ambiente y a la eficiencia del servicio.
Alertas sobre sostenibilidad y transparencia
Un día después del anuncio, el 5 de agosto de 2026, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) cuestionó la medida por su rigor técnico, por el proceso de expedición y por los posibles efectos sobre la sostenibilidad del servicio.
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La respuesta de del gremio se concentró en el alcance económico y operativo de la nueva metodología. Señaló que la decisión “carece del rigor técnico” que exige una regulación de esa magnitud. También advirtió que reduce el reconocimiento económico de actividades esenciales para la prestación del servicio y genera riesgos para su sostenibilidad.
Andesco agregó que la metodología podría afectar la calidad y la continuidad del servicio, el empleo, la inversión y la gestión integral de los residuos. Además, pidió al Gobierno, a la CRA y a los organismos de control revisar el marco tarifario, fortalecer la transparencia del proceso y garantizar una regulación técnica, verificable y con participación efectiva del sector.
Reparos al trámite de la resolución
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, amplió esos cuestionamientos por medio de un video. “Hoy queremos expresar nuestra profunda preocupación por la expedición del marco tarifario de aseo, adoptado mediante la resolución CRA 1040 del 2026”, dijo el también exministro de Vivienda.
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Criticó que la decisión “no cuenta con el rigor técnico que exige una regulación de esta importancia” y que además fue resultado de un proceso que, según dijo, no garantizó una discusión amplia y transparente con el sector. Apuntó contra el trámite seguido por la CRA en el marco del seguimiento a la sentencia T-724 del 2003.
Según explicó, la Corte Constitucional exhortó a la CRA a publicar el proyecto del marco tarifario en trámite, la información sobre la participación de la población recicladora y la matriz de respuestas a las observaciones formuladas por la participación ciudadana. Añadió que, cuando la CRA atendió ese exhorto, publicó un documento “sustancialmente diferente” del que se había sometido originalmente a participación ciudadana.
“No se trató de ajustes menores o de simples correcciones de forma”, dijo. Puntualizó que “en la práctica, se terminó adoptando una regulación distinta de aquella sobre la cual los interesados habían presentado sus observaciones”.
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Sánchez Ortega también cuestionó el papel de Edwin Palma Egea en la expedición del acto. Recordó que el Gobierno lo designó ministro de Vivienda ad hoc tras el impedimento de Ruth Marisa Quevedo, ministra encargada de Vivienda. Según el directivo, Palma participó en la aprobación y suscribió la decisión en menos de 24 horas desde su designación. El señalamiento lo vinculó con la complejidad técnica del expediente regulatorio.
“Estamos hablando de una resolución de más de 200 páginas, sustentada en un documento de trabajo de más de 600 páginas, además de modelos económicos, archivos de cálculo, matrices de observación y estudios técnicos sobre todas las actividades de este servicio”, afirmó. Luego planteó una de sus preguntas centrales: “¿Cómo pudo el ministro Palma comprender, contrastar, valorar respetuosamente y responsablemente toda esta información en menos de 24 horas?”.
Añadió que “una designación administrativa y una firma no sustituyen el conocimiento sectorial, la revisión rigurosa ni la deliberación técnica que exige una decisión de esta magnitud”. También dijo que quedó una pregunta sobre si existió una evaluación técnica autónoma del ministro ad hoc o si esa figura sirvió para avalar de manera acelerada una decisión ya tomada.
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Efectos para el servicio y los municipios
Camilo Sánchez Ortega afirmó que la metodología reduce el reconocimiento económico de actividades como barrido, limpieza urbana, recolección, transporte y disposición final de residuos. También dijo que usa rendimientos operativos que considera irreales y costos subutilizados o subestimados, lo que, según él, impide que las tarifas reflejen el costo real de prestar un servicio eficiente con personal calificado, equipos especializados y cumplimiento de las normas ambientales y laborales.
“Es una regulación que afecta durante varios años a millones de ciudadanos, trabajadores, municipios y empresas prestadoras no puede aprobarse a las carreras”, afirmó. Después insistió en que “cuando un servicio público deja de ser financieramente sostenible, se pone en riesgo su continuidad y su calidad”.
Agregó que el problema no se limita a las empresas. Advirtió que ese escenario puede traducirse en menor cobertura, menor inversión, afectación del empleo y mayores cargas para los municipios, responsables de garantizar la prestación del servicio a los ciudadanos.
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También expresó preocupación por las señales que enviaría el nuevo marco sobre la gestión integral de residuos. Para Andesco, una metodología sin sustento técnico suficiente puede afectar los objetivos de Basura Cero y la protección de la salud pública y del ambiente. Así las cosas, el gremio pidió revisar de manera urgente el marco tarifario, publicar los modelos técnicos que lo sustentarán y abrir un proceso de participación.