La representante a la Cámara Mafe Carrascal respondió a las declaraciones del también congresista Daniel Briceño sobre el descuento salarial a los congresistas que no asistan a la sesión de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 en Cali.
La controversia surgió luego de que Briceño, integrante del Centro Democrático, se atribuyera la decisión de la bancada del Pacto Histórico de no cobrar la remuneración correspondiente a esa jornada de trabajo, debido a su negativa con el traslado del Congreso para el acto ceremonial.
Frente a la publicación en la que Briceño agradeció a los legisladores de oposición por acoger su llamado, la congresista petrista desmintió que la postura del bloque político obedeciera a una propuesta formulada por el representante del Centro Democrático.
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La legisladora precisó que la suspensión del pago responde exclusivamente al cumplimiento del reglamento interno que rige a la corporación legislativa y no a iniciativas individuales: “No, Daniel, nosotros no aceptamos tu solicitud, aceptamos lo que diga la norma, la Ley 5ta que nos rige, eso lo tendrá que decidir la Secretaría de la Cámara y Acreditación, no tú. Deja el show para las redes. Mucha ignorancia en tu ‘propuesta’”.
El origen de la polémica por la posesión presidencial en Cali
El debate se originó durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes realizada el 28 de julio, en la que se discutió el traslado de la sede del Congreso hacia Cali, capital del Valle del Cauca, con el fin de llevar a cabo el acto constitucional de juramentación presidencial. En dicha jornada, Daniel Briceño exhortó públicamente a los congresistas que anunciaron su inasistencia al evento a renunciar al pago proporcional de su sueldo.
“Yo no tengo ningún problema con aquellos colegas que no quieren asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Pero desde aquí también les hago un llamado para que renuncien a su día de salario si no van a asistir a la sesión”, señaló el representante Daniel Briceño en el Salón Elíptico.
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Luego de la aprobación del traslado en la Cámara Baja, la bancada del Pacto Histórico confirmó que no percibirá los ingresos correspondientes a ese día por no acudir a la ceremonia de posesión fuera de la capital del país. La representación del sector de oposición aclaró que la medida se aplica de manera automática cuando un legislador no presenta una excusa justificada ante las instancias administrativas de la corporación.
“Es lo que dice la norma, porque quien no asiste, no tiene derecho a su día de salario y nosotros renunciamos a ese día”, sostuvo la representante Carrascal al ratificar que la bancada no estará presente en la sesión programada en la capital del Valle del Cauca frente a los medios de comunicación, aquel día.
Adicionalmente, Carrascal radicó una proposición formal dentro del Congreso de la República para que los legisladores que decidan viajar a Cali asuman con sus propios fondos los costos de transporte, hospedaje y logística de sus equipos de trabajo. La iniciativa busca evitar la destinación de presupuesto público para el traslado de los funcionarios de las distintas ramas del poder e invitados internacionales.
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La representante del Pacto Histórico fundamentó la propuesta al señalar que la Constitución no exige que el acto de juramento se realice fuera de Bogotá y que el cambio de locación obedece a una decisión política que no debe generar erogaciones adicionales al Tesoro Nacional.
“No es una obligación institucional que el presidente se posesione en Cali; es más bien un capricho suyo que le quieren cumplir los congresistas que quieren darle el gusto. Así que lo paguen con su bolsillo”, señaló Carrascal respecto a los gastos del desplazamiento institucional.
El cambio de sede para la sesión plenaria en la que se llevará a cabo la posesión del nuevo presidente ya fue avalado por la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que la decisión incrementó el descontento entre algunos sectores de la izquierda, cuyos congresistas optaron por no asistir al acto, y de acuerdo con la normativa vigente, los legisladores que se ausenten sin justificación no recibirán el pago correspondiente a esa jornada (no es un acto voluntario).
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