El representante a la Cámara Carlos Alberto Cuenca Chaux, del departamento de Guainía y militante del partido Cambio Radical, fue elegido el miércoles 29 de julio como nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026-2027.
La decisión se tomó por amplia mayoría legislativa tras el cumplimiento de los acuerdos políticos suscritos por las bancadas de la corporación. Y es que la elección de Cuenca se dio en el inicio del cuatrienio institucional del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, que iniciará el 7 de agosto.
La postulación del congresista enfrentó discrepancias internas dentro de su colectividad, donde un sector promovió inicialmente al representante Welfran Mendoza, su copartidario; sin embargo, la plenaria de la Cámara decidió mantener los compromisos pactados e integrar a Carlos Cuenca -aliado de los Char- dentro de la célula legislativa.
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La votación que definió el nuevo liderazgo de la célula legislativa
Durante la sesión del debate en el recinto, varios congresistas solicitaron respetar los acuerdos trazados para la conformación de las comisiones constitucionales, tal y como ocurrió con Miguel Ángel Pinto, del Centro Democrático, que lanzó una advertencia sobre posibles restricciones a derechos políticos.
“No es posible que nosotros patrocinemos cómo se cercenan los derechos políticos -que no deberíamos traer a este recinto, sino que deberían suscitarse en el recinto de cada partido-, pero quiero invitar a la plenaria a que no abramos una puerta demasiado peligrosa”, manifestó en la plenaria de la Cámara el representante por el Centro Democrático Miguel Ángel Pinto.
Tras la conformación definitiva de los 17 integrantes de la Comisión, la votación formal realizada en la tarde del miércoles ratificó la elección de Cuenca en la mesa directiva. Asimismo, Katherine Pulecio Gómez, con trayectoria en la Contraloría Municipal de Armenia y en la administración del Aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira (Valle del Cauca), asumió la Secretaría General por decisión unánime.
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Y es que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es el organismo constitucional facultado para recepcionar denuncias, adelantar procesos disciplinarios y determinar la apertura de juicios políticos contra altos dignatarios con fuero constitucional, entre ellos los presidentes de la República, magistrados y la fiscal general de la Nación.
El nombramiento de Carlos Cuenca genera expectativas en el panorama político debido a su desempeño parlamentario durante la administración de Gustavo Petro. En el periodo anterior, el representante adelantó acciones de indagación sobre el comportamiento y la agenda del jefe de Estado, lo cual derivó en diversos trámites institucionales dentro del Congreso.
Entre los expedientes impulsados por el legislador figura la solicitud formal de indagación disciplinaria tras la exposición pública realizada por el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán. En dicha comunicación de 33 páginas, el exfuncionario refirió anomalías en la agenda diplomática de la Presidencia durante un desplazamiento oficial a París, en junio de 2023.
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La reestructuración de la mesa directiva modifica la correlación de fuerzas en la célula de juzgamiento legislativo. Aunque el bloque del Pacto Histórico conserva cinco de las 17 curules del organismo, la conducción del orden del día y la asignación de expedientes quedan bajo la potestad del sector opositor encabezado por Cambio Radical.
Comisión de Acusación: el organismo que concentra las investigaciones contra el presidente Petro
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se convirtió en uno de los escenarios políticos y jurídicos más relevantes del país debido a su función frente al fuero constitucional del presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado.
Su importancia radica en que funciona como un mecanismo de control dentro del sistema de pesos y contrapesos. Mientras un presidente esté en ejercicio, ningún juez o fiscal ordinario puede adelantar procesos penales directamente en su contra; por esta razón, cualquier denuncia debe ser tramitada ante esta comisión parlamentaria, que puede determinar si hay mérito para llevar un caso ante el Senado mediante un juicio político.
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Durante el gobierno de Gustavo Petro, esta comisión recibió más de 200 denuncias contra el mandatario. Una de ellas fue presentada por Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, que acudió a esta instancia con el respaldo jurídico de Wilson Ruiz para señalar al presidente por presuntos delitos como peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.
La denuncia está relacionada con decisiones sobre recursos públicos, presuntas presiones administrativas y la publicación de información de su historia clínica.