El caso de violencia física que conmocionó a Bogotá ha puesto en el centro del debate la respuesta judicial frente a agresiones contra mujeres. La empresaria María Quevedo fue brutalmente atacada dentro de su pastelería en el norte de la ciudad por Jesús Acosta Lizardo, quien había comenzado a trabajar en el lugar pocas semanas antes.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue agredida repetidas veces y, a pesar de sus lesiones, logró salir del establecimiento y dejar encerrado al atacante. El diagnóstico médico confirmó una fractura de nariz, desprendimiento parcial de cuero cabelludo y cerca de ochenta lesiones distribuidas en todo el cuerpo.
Tras la detención inicial del agresor por parte de la Policía, la Fiscalía procesó el caso bajo los cargos de lesiones personales y daño en bien ajeno. Como tales delitos no contemplan reclusión preventiva, Jesús Acosta Lizardo recuperó la libertad poco después del hecho, lo que desencadenó un fuerte rechazo de autoridades y de la opinión pública.
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Sin embargo, en respuesta al impacto social y la gravedad de la agresión, la Fiscalía habría iniciado nuevas diligencias para evaluar un posible cambio en el delito imputado, según información revelada por El Tiempo.
Según se conoció, un grupo especial con enfoque de género apoya la investigación y revisa minuciosamente las valoraciones de Medicina Legal, así como testimonios de vecinos y personas cercanas. El objetivo es reunir elementos que permitan endurecer las medidas judiciales y solicitar la reclusión del investigado.
Actualmente, la Fiscalía estudia la posibilidad de reclasificar el hecho como tentativa de feminicidio. Si prospera esta modificación, el juez podría ordenar la detención intramural del agresor. Las autoridades también han proporcionado medidas de protección a la víctima, reforzando los mecanismos de seguridad a su alrededor.
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La agresión sufrida por María Quevedo, dueña de la pastelería Rü Patisserie en Usaquén, sigue generando conmoción en el norte de Bogotá. El ataque, ocurrido el jueves 23 de julio, dejó a la empresaria con lesiones severas, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.
Un testigo, cuya identidad permanece protegida, fue clave al aportar detalles sobre la violencia del episodio y el comportamiento del agresor durante y después del hecho. El testigo relató al canal CityTV que, tras la agresión, encontró a la empresaria con el rostro notablemente afectado.
“La vimos a ella inflamada, el ojo morado, la nariz como con una fractura, la nariz inflamada”, describió la fuente. Añadió que, según la propia víctima, la situación pudo haber sido peor si no hubiera protegido su rostro con las manos: “Ella todo el tiempo se cubrió la cara”.
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Durante el ataque, el presunto agresor no solo golpeó a la víctima, sino que la amenazó de muerte. El testigo aseguró que las cámaras de seguridad grabaron los gritos y amenazas explícitas: “Te voy a matar, maldita”, insistió el agresor en varias ocasiones, según pudo constatar la persona que presenció los hechos.
En el instante posterior a la agresión, quienes se encontraban cerca de la panadería actuaron para proteger a la víctima. El testigo explicó que resguardaron a la empresaria y mantuvieron al presunto agresor dentro del local, evitando así que escapara antes de la llegada de la Policía.
“Nosotros le dijimos que se quedara adentro y a ella la sacamos y cerramos el establecimiento, lo dejamos adentro y cerrado mientras que llegaba la Policía”, detalló al canal local.
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Reacciones de las autoridades
El alcalde Carlos Fernando Galán manifestó su inconformidad ante la decisión judicial. A través de sus redes sociales, calificó como inexplicable la liberación del agresor y exigió que se priorice la protección de la víctima.
Galán pidió explícitamente que el caso se reconfigure como tentativa de feminicidio, señalando que “el agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima”.
El mandatario local también solicitó que se revisen posibles antecedentes penales del agresor. No obstante, fuentes de la Fiscalía informaron que, según los registros internos, Jesús Acosta Lizardo no presenta anotaciones previas en el sistema.
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