El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que eliminará 229 cargos de la Presidencia a partir del 7 de agosto de 2026, una decisión con la que proyecta ahorrar $10.000 millones al año y desmontar dependencias cuyos puestos directivos superan los 18 millones de pesos mensuales.
Entre las estructuras alcanzadas por esa reconfiguración aparece la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cuyo costo total para 2023 fue de $28.539 millones por 149 empleos transitorios, de acuerdo con un derecho de petición respondido por la entidad y divulgado por la exsenadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Para 2024, con un aumento proyectado del 10,5%, ese costo subió a 30.369 millones de pesos.
De la Espriella presentó la medida el domingo 12 de julio y dijo que la Presidencia debe convertirse en un “centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”. El mandatario entrante no detalló cómo se repartirán los recortes entre las dependencias mencionadas.
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Según el documento divulgado por Valencia, en 2023 los salarios de los 149 empleos transitorios de la oficina sumaron $19.924 millones. A eso se agregaron $1.152 millones en prestaciones sociales, $584 millones en otras prestaciones no constitutivas de factor salarial y $6.878 millones en contribuciones de nómina como salud, pensión, cesantías y caja de compensación.
Para 2025, el monto habría llegado a $32.495 millones tras un incremento del 7% establecido en el Decreto 0611 de ese año, si se mantienen los valores reportados en las vigencias anteriores. El aumento más reciente quedó fijado en el Decreto 0311 del 25 de marzo de este año y llevaría el total a $34.769 millones.
La propia entidad explicó en mayo de 2025 que, por ser una dependencia de la Presidencia de la República, no tiene autonomía administrativa ni financiera y no dispone de recursos propios de funcionamiento e inversión. Esos recursos se apropian a través de Fondo Paz en una misma bolsa presupuestal que incluye la Consejería, el Fondo y los procesos de paz.
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El cargo mejor remunerado dentro de la oficina es el del consejero comisionado para la paz, ocupado por Otty Patiño. El artículo cinco del Decreto 0311 de 2026 establece que ese empleo recibe lo mismo que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
En el Decreto 0312 del mismo año, esa remuneración quedó fijada en $30.770.246 mensuales. La suma se compone de $8.418.751 de asignación básica, $14.966.638 en gastos de representación y $7.384.857 por prima de dirección, con lo que supera los 369 millones de pesos al año.
La ampliación de esa estructura se formalizó el 29 de diciembre de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que creó la planta transitoria y la sumó a los 13 cargos que la oficina tenía desde 2017.
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El acto justificó la expansión en “los retos que impone el esfuerzo por alcanzar la Paz Total” y dispuso que esos puestos serían de libre nombramiento y remoción.
Las consejerías que también saldrían tienen sueldos base de hasta $19.263.115 al mes por funcionario
La decisión anunciada por De la Espriella también alcanzaría a la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Sobre esas dependencias no se conoce la composición de sus plantas, pero sí la remuneración asignada a sus directivos.
Así mismo, el artículo siete del Decreto 0311 de 2026 establece que los consejeros presidenciales para la Reconciliación Nacional y para los Derechos Humanos reciben $19.263.115 mensuales. Esa base equivale a $231.157.380 al año para cada cargo.
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En el caso de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, encargada de ejecutar el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016 y adscrita a la oficina, el artículo ocho del mismo decreto fija una remuneración mensual de $18.372.728 para su jefe. Ese salario base representa $220.472.736 al año.