Una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos habrían ofrecido las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc para cometer un atentado en contra del mandatario electo, Abelardo de la Espriella.
La denuncia fue formulada por el propio equipo de seguridad del presidente electo tras recibir reportes de inteligencia técnica que señalan la existencia de un plan criminal diseñado para ejecutarse en medio de los recorridos regionales de empalme.
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De acuerdo con el equipo de prensa de De la Espriella, los informes entregados a las agencias del Estado señalan que las organizaciones armadas buscan afectar el desarrollo de las mesas de trabajo que se adelantan en diferentes zonas del país.
“La información de inteligencia también advierte sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta”, detalla el comunicado.
Ante estas advertencias, la fuerza pública inició la revisión y el ajuste de los protocolos de ingreso a los recintos cerrados y plazas donde se concentran las comunidades, según se informó desde el equipo del presidente electo.
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El pronunciamiento de la oficina del mandatario entrante agregó a su mensaje la ratificación de la independencia de los poderes del Estado frente a las presiones de los grupos al margen de la ley. Los voceros indicaron que el mandato popular obtenido en los comicios se respetará por encima de los propósitos de las organizaciones armadas.
“Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”, agregó el equipo del mandatario de la extrema derecha.
Mientras avanzan las investigaciones, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre este presunto plan, ya que la administración entrante insistió desde el inicio de la elección en que los grupos armados ilegales tendrán la opción de someterse a la justicia solo hasta el 7 de agosto; de lo contrario, afrontarán la acción de la fuerza pública.
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De la Espriella advirtió que seguirán las actividades de empalme, pese a estas amenazas
A pesar de las alertas sobre el riesgo contra su integridad física, los delegados de De la Espriella confirmaron que las reuniones con los alcaldes, gobernadores y movimientos sociales se mantendrán vigentes.
El presidente entrante tomó la decisión de no modificar el cronograma institucional fijado antes de su posesión del 7 de agosto. La campaña aclaró que los trámites de la transición presidencial no se paralizarán por presiones de los grupos delincuenciales.
El documento del equipo de gobierno señaló: “El presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.
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Para mitigar los riesgos detectados, la jefatura de protección anunció la adopción de controles extraordinarios en cada uno de los municipios incluidos en las visitas. Estas medidas adicionales tienen como finalidad resguardar la vida de los ciudadanos asistentes y de los funcionarios gubernamentales.
El equipo de Abelardo de la Espriella radicó una petición formal ante la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública para que se adelanten las pesquisas judiciales correspondientes; la solicitud insiste en la necesidad de identificar a los autores intelectuales del plan y desactivar cualquier operativo en las regiones.
El grupo de empalme pidió a las instituciones “adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil”.
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