El senador Iván Cepeda anunció que emprenderá una desobediencia civil pacífica contra el gobierno de Abelardo de la Espriella si, según sostiene, no se cumplen condiciones de “legalidad” sobre su posesión como presidente, una advertencia que abre un frente político antes del 7 de agosto y que, de concretarse, no tendría efectos directos sobre la investidura, pero sí sobre la gobernabilidad y el clima institucional del país.
La controversia llegó después de una decisión ya adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE): el 18 de junio desestimó una solicitud de revocatoria de la candidatura de De la Espriella basada en su doble nacionalidad, al concluir que la Constitución no contempla tener otra nacionalidad como causal de inhabilidad para un colombiano de nacimiento.
En el plano electoral, el presidente electo ya fue certificado como ganador y su llegada a la Casa de Nariño sigue prevista para el 7 de agosto.
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Cepeda planteó que desconocerá “pacíficamente” la autoridad del mandatario electo si este no renuncia a la nacionalidad estadounidense, no aclara presuntos vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos, no se somete a la soberanía colombiana, no cesa una presunta persecución política y judicial y no se compromete a no extraditar al presidente saliente Gustavo Petro. En ese llamado también invitó a sus más de 12 millones de electores a actuar del mismo modo.
“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición (...) emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, dijo el senador.
Luego añadió: “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución Política”.
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La desobediencia civil es una forma de protesta en la que un grupo de personas incumple una norma o una decisión de la autoridad para expresar desacuerdo y promover un cambio político, jurídico o social.
No equivale a un golpe de Estado ni a un llamado a derribar el orden constitucional, sino al desconocimiento de una medida concreta para hacer visible una inconformidad.
Según explicó a Infobae Colombia Luis Bernardo Mur, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, “se trata de una forma de protesta pública, consciente y no violenta que implica incumplir deliberadamente una ley o mandato estatal con el objetivo de denunciar una injusticia y provocar un cambio político o social, un instrumento que exige proporcionalidad, agotamiento de las vías institucionales, transparencia de objetivos y disposición a asumir las consecuencias legales", expresó el académico.
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“Justamente ahí se concentra buena parte del debate: constitucionalistas consultados por medios colombianos advirtieron que el alcance real del llamado de Cepeda solo podrá evaluarse cuando se materialice en hechos concretos”, agregó el decano.
Mur añadió que el eje del reclamo del senador es la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella, que, según documentó RPP, también es ciudadano de Italia y tiene triple nacionalidad.
Para Cepeda, esa situación es incompatible con la investidura presidencial porque considera que las obligaciones asumidas para obtener la ciudadanía de Estados Unidos chocan con las funciones del jefe de Estado colombiano.
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A ese cuestionamiento sumó dudas sobre los ingresos obtenidos por De la Espriella como defensor del empresario colombo-venezolano Alex Saab, luego de que un grupo de congresistas demócratas estadounidenses alertara sobre presuntas irregularidades en transacciones bancarias e inmobiliarias que podrían beneficiarlo. También pidió a Washington que aclare si el mandatario electo ha sido colaborador de la DEA o la CIA.
El punto más discutido, según el decano, es el carácter preventivo del anuncio. La desobediencia civil clásica responde a un abuso de poder ya consumado, no a uno hipotético, y en este caso el llamado se produce antes de que el nuevo gobierno haya tomado una sola decisión.
La respuesta del entorno del presidente electo fue inmediata. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo pidió respetar la democracia y señaló que De la Espriella fue reconocido como ganador por las instituciones del país.
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En la misma línea se pronunció el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien junto a Restrepo insistió en que el movimiento Defensores de la Patria ganó limpiamente las elecciones de 2026.
La transición, además, ya comenzó: De la Espriella inició el martes el empalme institucional y anunció como ministro de Hacienda a Miguel Gómez Martínez.
Para Mur, la convocatoria de Cepeda golpea la capacidad de gobernar desde el primer día. El principal riesgo es que profundice la polarización, complique la construcción de consensos en el Congreso y derive en protestas y bloqueos que generen desafíos de orden público para el gobierno entrante.
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“El gobierno entrante arranca su gestión con una oposición que, desde el día uno, plantea no reconocer su autoridad si no cede a condiciones políticas —no solo jurídicas—, lo que anticipa un Congreso más beligerante, un ambiente de movilización social latente y un desgaste comunicacional constante desde antes de la posesión", expresó Mur.
El académico también planteó una lectura política de fondo: la oposición no solo estaría reaccionando frente al nuevo gobierno, sino buscando blindar políticamente a la administración saliente de Gustavo Petro ante eventuales investigaciones judiciales anunciadas por De la Espriella. Bajo esa hipótesis, la exigencia de no extraditar a Petro sería el núcleo de la estrategia.
El efecto inmediato para Colombia, según el análisis recogido por el medio, es una mayor polarización tras una campaña reñida y una segunda vuelta decidida por menos de un punto porcentual.
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La tensión crece en un escenario en el que casi la mitad del electorado no respaldó al presidente electo y en el que la oposición podría intentar capitalizar ese descontento en la calle y en la opinión pública.
La reacción no fue unánime ni siquiera entre voces críticas de Petro. El excandidato presidencial Enrique Peñalosa cuestionó a Cepeda al recordar que el propio presidente saliente también tiene nacionalidad italiana y calificó de contradictorio objetar la doble nacionalidad en un caso y no en otro.
El expresidente del Senado Lidio García también rechazó públicamente el llamado. Entre los analistas y dirigentes que pidieron prudencia apareció además la preocupación por una posible erosión de la aceptación de los resultados electorales como principio democrático básico.
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En el terreno social, Mur advirtió que la convocatoria puede encontrar eco en sectores de la izquierda colombiana, incluidos sindicatos o gremios estudiantiles que ya proponían no reconocer plenamente la victoria de De la Espriella o no facilitarle la gobernabilidad. El desenlace, según el decano citado por la publicación, dependerá de si la advertencia queda en la retórica o se convierte en movilización y bloqueo legislativo durante los próximos cuatro años.
La tradición de la desobediencia civil suele asociarse con acciones públicas, pacíficas y colectivas, asumidas con conocimiento de sus consecuencias jurídicas. En esa línea se inscriben las referencias históricas a Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., vinculadas a formas de resistencia no violenta frente a leyes o políticas consideradas injustas.
Cepeda enmarcó su posición en esa lógica. “Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión”, afirmó a Infobae Colombia.